En momentos en que el actual prelado presentó su renuncia ante la Santa Sede, un proyecto de ley promueve la eliminación lisa y llana del cargo.
Desde 1957 existe en la Argentina el Obispado Castrense, institución sugrida a partir de un Concordato firmado entre el Gobierno y El Vaticano. Ahora, luego del controvertido enfrentamiento que mantuvo esta administración con el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, una senadora sugiere directamente eliminar el cargo.
La impulsora de la medida es la formoseña oficialista Adriana Bortolozzi de Bogado, quien en realidad presentó esa iniciativa antes de que Baseotto presentara su renuncia. La iniciativa hoy es analizada en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
El proyecto alude en sus cinco artículos el acuerdo con la Santa Sede y decretos posteriores sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las fuerzas armadas y de seguridad.
Bortolozzi de Bogado sugiere que cesen en sus funciones el obispo castrense, el obispo auxiliar castrense, los capellanes mayores, los sacerdotes militares de cada una de las fuerzas armadas y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad.
La iniciativa garantiza que todos los miembros del ámbito castrense y de las fuerzas de seguridad gozarán de “la libertad de elegir, practicar y profesar su culto religioso”, y que “ninguno de ellos podrá ser obligado a declarar sus creencias religiosas ni a participar de la celebración de ceremonias litúrgicas en actos oficiales”.
En los fundamentos del proyecto se señala que pese a que “la asociación de la Iglesia Católica con los cuerpos castrenses a los fines de su asistencia religiosa, ha sido invariable en los más diversos lugares y épocas”, recién en 1951, bajo el papado de Pio XII, “se emitió una instrucción que mandaba la constitución de Vicariatos castrense en diversas regiones”.
“Lejos estamos de esas épocas en que el ámbito castrense exigía a sus numerarios y a sus respectivas familias, el abocamiento permanente de aquellos a sus tareas y casi su no retiro de los cuarteles, regimientos o buques”, agrega el proyecto, que indica que “hoy la realidad fáctica nos demuestra que amen que los medios de transporte y de comunicación facilitan la celeridad y los desempeños de las diversas actividades laborales, el militar es un ciudadano más”.
