El socialista Di Pollina pidió el esclarecimiento de una situación que involucra a un magistrado que recibió doce intimidaciones telefónicas.
El diputado socialista Eduardo Di Pollina presentó un proyecto de declaración en la Cámara baja para que se esclarezcan los incidentes que presentó como “claramente intimidatorios”, que se producen cuando, tras la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, “los responsables de crímenes de lesa humanidad vuelven a ser convocados por la justicia”.
El legislador del Partido Socialista de Santa Fe informó que hubo doce amenazas telefónicas contra el presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Dr. Carlos Rozanski, registradas el domingo 6 del corriente, y expresó su preocupación “por la seguridad de los magistrados y testigos que participan en los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad”.
Advirtió el legislador socialista que “estos episodios con finalidad claramente intimidatoria se producen cuando, tras la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los responsables de crímenes de lesa humanidad vuelven a ser convocados por la justicia”.
Precisamente, uno de los procesados por delitos de este tipo es el sacerdote y ex capellán de la policía bonaerense Cristian Von Wernich. Su presunta participación en siete casos de homicidio y 41 casos de privación ilegal de la libertad y tormento que se perpetraron durante el gobierno militar lo ubican hoy en la antesala de un juicio oral que se sustanciará ante el tribunal presidido por Rozanski.
En ese sentido, destacó Di Pollina que “es evidente que amenazas como las efectuadas el domingo último tienen por objeto doblegar la moral del magistrado y la de sus colegas”. Y consideró que, ante ello, la Cámara de Diputados, en la que precisamente se originó la ley 25.779 que declara insanablemente nulas a las leyes 23.492 y 23.521 tiene “la obligación de respaldar a los jueces encargados de aplicar la norma mencionado en primer término cuyo espíritu no es otro que el de verdad y justicia”.
Para ratificar la vinculación de unos y otros hechos, el vicepresidente de bloque socialista expuso que el propio Rozanski dijo que “nada es igual después de López”, aludiendo al desaparecido albańil Julio López, cuyo testimonio ante el tribunal encabezado por Rozanski fue decisivo para condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por su responsabilidad en “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.
Di Pollina concluyó diciendo que “tiene razón el magistrado que ya había recibido amenazas similares durante el juicio a Etchecolatz, aunque las del domingo 6 pasado adquieren nuevo significado a la luz de la desaparición de López, del confuso episodio del que habría sido víctima Luis Gerez y del casi ignorado caso de Carlos Leiva, un joven militante del Frente Darío Santillán, secuestrado durante siete horas en marzo último y sometido a un simulacro de fusilamiento mientras sus captores le requerían información sobre la organización que integra; hechos estos que alertan sobre el resurgir de prácticas supuestamente erradicadas por la democracia”.
