La Cámara alta se puso a trabajar sobre el financiamiento del terrorismo, luego que se llevara a cabo se reunieron las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, que preside la salteña Sonia Escudero, de Justicia y Asuntos Penales, y de Economía Nacional e Inversión del Senado de la Nación para tratar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para penalizar el financiamiento del terrorismo.

Estuvo presente en el encuentro, el coordinador nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo internacional que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mundo-, Juan Félix Marteau.

Los senadores volverán a reunirse el próximo martes 22 de mayo para escuchar a juristas y expertos en la materia y luego avanzarán con el dictamen. La intención es llevarlo al recinto a la brevedad.

La iniciativa, presentada el 21 de diciembre de 2006, propone incorporar en el Código Penal la figura de “Asociación Ilícita Terrorista” y el delito de financiamiento del terrorismo. El proyecto obedece a un compromiso internacional asumido por nuestro país en el seno del GAFI, organismo que la Argentina integra desde el año 2000.

“El GAFI le dio plazo hasta junio a nuestro país para aprobar un proyecto de ley que tipifique en el Código Penal argentino el financiamiento del Terrorismo como delito autónomo” –recordó la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Sonia Escudero. “De lo contrario, la Argentina podría sufrir sanciones”, agregó.

Estas pueden ser dos tipos: una “declaración pública” (o “public statement” en su traducción al inglés) por el cual el GAFI le informa a los países miembros que observen con especial atención a todas aquellas operaciones financieras que provengan o tengan por destino a la Argentina. La otra es la expulsión.

Más detalles del proyecto

En relación con la iniciativa oficial, la senadora Escudero explicó que “propone la creación de una nueva figura penal “la asociación ilícita terrorista”, a la que define como aquella asociación ilícita que tenga por objetivo aterrorizar a la población para lograr que las autoridades tomen una determinada decisión, y que a su vez esté organizada en redes terroristas internacionales”. Asimismo, “debe tener por propósito promover el odio religioso, racial o político, y tener armas de guerra, explosivos o químicas”.

“Con el componente internacional se deja en claro que no quedan alcanzadas las organizaciones violentas que actúen en el ámbito interno” –indicó la legisladora. “El proyecto está en línea con la visión occidental –especialmente con los Estados Unidos-pues se castiga el estadio anterior a la comisión delito, es decir apunta a la prevención del acto terrorista”, puntualizó Escudero.

La iniciativa prevé penas de reclusión o prisión de cinco a veinte años para los miembros de una asociacidn ilicita terrorista. Los jefes, en cambio, tendrán un mínimo de diez años de reclusión o prisión.

En tanto que, “será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados (…) para financiar una asociación ilícita terrorista”.

Los primeros cuestionamientos

La senadora Escudero sugirió la necesidad de modificar el artículo 7º del mencionado proyecto, por el cual se incluyen en la ley de lavado de dinero (Nº 25.246) a aquellas personas que financien actos terroristas, a quienes fija una multa “de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito”. La legisladora explicó que “no puede darse igual pena a quien lava dinero proveniente de un ilícito y a aquel que financia un acto terrorista, por cuanto este último es un hecho de mayor gravedad”.

Asimismo, la legisladora planteó que se modifique el límite establecido para ser considerado un delito, que en la ley de lavado debe ser como mínimo de 50 mil pesos. “Cuando hablamos de financiamiento de terrorismo, no importa si la suma es de tres mil o diez mil, debe ser siempre considerado un delito”, argumentó.