En la Legislatura capitalina se presentó una iniciciativa de autoría de la diputada del bloque Columna Social Mirta Onega, que tiene el rango de Adjunto del Defensor del Pueblo de la Ciudad.
El objetivo central del proyecto reside en la importancia fundamental e irrenunciable de profundizar la integración de las personas con capacidades diferentes en el ámbito porteño.
Al presentar este proyecto, la legisladora Onega reconoció que en los últimos tiempos hubo un cambio netamente positivo al respecto, pero también expresó el propósito de erradicar las deficiencias que aún quedan por resolver en esta materia, y que muchas veces terminan marginando el accionar de cientos de mujeres y hombres “que no solo tienen sus derechos contemplados en nuestra Constitución (tanto Nacional como la de nuestra ciudad), sí no que también tienen mucho para darle a nuestra Sociedad”.
En cuanto a la designación del Defensor, cabe destacar que la misma será atribución de la Legislatura de la Ciudad Aútónoma de Buenos Aires, con el mismo procedimiento, oportunidad e igual período que el Defensor del Pueblo.
La Diputada de extracción independiente consignó entre otros fundamentos, que el futuro Defensor del Pueblo debe ser “constituido como una figura dotada de una verdadera y significativa relevancia institucional, que le permita adquirir un rol activo y responsable ante las problemáticas que surjan por parte de dichos ciudadanos, haciendo de los ejes principales de su función la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses”.
Otro de los puntos básicos que resaltó la diputada, es que dicho funcionario “deberá hacer hincapié en la coordinación, el asesoramiento y la cooperación en el proceso legislativo, en lo concerniente a la elaboración de políticas tendientes a generar una eficaz atención sanitaria, de rehabilitación, educación, deporte, recreación, y otras que mejoren y fortalezcan la calidad de vida de los ciudadanos con necesidades especiales, y la consecuente equiparación de oportunidades en la sociedad”.
Finalmente, Onega remarcó como un aspecto irrenunciable en la función del Defensor Adjunto para las Personas con Capacidades Especiales, el de bregar ante situaciones en la que los ciudadanos no perciban una respuesta a sus reclamos, ante situaciones de mala prestación, atención o trato, entre otras. De este modo, el cargo, tendrá carácter de “mediador” ante el sector administrativo.
