El diputado porteño Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, se preguntó hoy “¿por qué tanto afán del Gobierno Nacional en impedir el control de los subterráneos por parte de su legítimo propietario, la ciudad de Buenos Aires?”.

“A menos que haya otros intereses que deban explicar el ministro (Julio) De Vido y el Secretario de Transportes (Ricardo Jaime), resulta inconcebible que la ciudad no pueda controlar su transporte subterráneo”, agregó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña.

Di Filippo dijo que “el kirchnerismo y sus candidatos se llenan la boca con palabras altisonantes sobre la autonomía de la ciudad” pero “a la falta de voluntad política de tratar en el Congreso Nacional la derogación de la ley Cafiero se le suma la cuestión de la transferencia de los subterráneos donde esa ley no puede ser utilizada como excusa”.

Al respecto, recordó que el decreto nacional 393 de 1999 establecía que “en 90 días el PEN debía transferir el control sobre el contrato de concesión de los subterráneos. A esto hay que agregarle la ley 373 de la ciudad de Buenos Aires que adhiere a ese decreto. Es decir, no falta ningún acto jurídico para la devolución del control y fiscalización sobre los subterráneos por parte de la ciudad de Buenos Aires”.

El diputado sostuvo que “al festival de millonarios subsidios estatales que reciben las empresas concesionarias de los transportes públicos, sobre los cuales el Gobierno de Kirchner no brinda demasiadas explicaciones, es necesario garantizar que el servicio de transporte se brinde sin riesgo para la vida e integridad física de los usuarios y trabajadores”.

Di Filippo presentó el pasado 22 de marzo una acción de amparo -radicada en el Juzgado Nº 3 del fuero Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la doctora Claudia Rodríguez Vidal- para que la Justicia obligue al Gobierno Nacional a cumplir tanto la normativa que garantice la seguridad de los pasajeros y trabajadores de las líneas de subterráneos como la transferencia del control y fiscalización de ese medio de transporte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa acción de amparo tiene como antecedente la denuncia penal que el legislador presentó el 5 de febrero último sobre las graves irregularidades de mantenimiento de los subterráneos -se tramita ante el juzgado federal a cargo del doctor Daniel Rafecas- y que incrimina al secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, y a Pedro Ochoa Romero, interventor de la CNRT, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a los miembros del directorio de Metrovías S.A., por la posible comisión de delitos contra la seguridad en el transporte.

Como fundamento de ambas acciones judiciales, además de la evidente ausencia de control por parte del Gobierno Nacional sobre los subterráneos, se mencionaba como principales fallas lo siguiente: se dejaron de realizar las revisiones generales e integrales que surgen del contrato de concesión; 303 coches excedidos en kilometraje; una gran cantidad de formaciones con ruedas con ´planeaduras´ (por bloqueo de ruedas por frenadas excesivas); deformaciones en las vías (en la línea D en el tramo comprendido
entre las estaciones Pueyrredón y Catedral); vagones con vidrios que no son de seguridad, además de presentar deterioros en acopladores, boguies, deformaciones en las carrocerías, ejes averiados y oxido en el sistema neumático de frenos; puntas de eje que no fueron reemplazadas por nuevas sino recicladas; durmientes rotos y con deformaciones; se detectó la presencia de amianto en las placas de guía de las
carrocerías, sustancia prohibida por su toxicidad; vagones que rozan los andenes; fisuras en algunas de las zapatas de freno y excesivo desgaste en algunos discos de freno; y tramos del tercer riel (electrificado) sin la correspondiente protección de madera.