En un plenario realizado en el Senado, se decidió emitir dictamen en el proyecto oficial que penaliza los actos terroristas y su financiación, e impulsar su tratamiento en la próxima sesión.

Se incorporarán modificaciones propuestas por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la salteña Sonia Escudero (PJ-FpV). En representación del Ejecutivo, estuvieron el delegado nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero-, y un representante de la Procuración de la Nación. También, concurrió la directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“La nueva legislación tiende a cumplir con obligaciones internacionales asumidas por la Argentina: la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo –ratificada por nuestro país en 2005-, así como también las recomendaciones emanadas del GAFI”, indicó Escudero. “A través de ellos nos comprometimos a tipificar la financiación del terrorismo como delito autónomo; a colaborar con los países miembros; y a establecer requisitos para las instituciones financieras para la detección del financiamiento de actos terroristas”, agregó.

Reiteró que el proyecto -en línea con la visión occidental- “castiga el estadio anterior a la comisión delito, es decir apunta a la prevención del acto terrorista”. Concretamente, crea la figura penal de “la asociación ilícita terrorista” y amplía las funciones de la Unidad de Información Financiera que además de investigar las operaciones de lavado de dinero, ahora deberá vigilar también aquellas sospechosas de financiar organizaciones terroristas.

“Los riesgos de no avanzar con esta ley es que se declare a la Argentina país poco confiable, a través de una notificación del GAFI a los demás miembros para que observen con especial atención las operaciones comerciales provenientes de nuestro país (o que lo tengan por destino), lo que afectaría negativamente las empresas e instituciones financieras nacionales y la economía general de la Argentina, demorando el normal flujo de fondos” –advirtió la senadora.

El organismo prevé que en los países donde no se controla –o no se controla lo suficientemente bien- la financiación del terrorismo, las relaciones comerciales y operaciones que no tengan una causa lícita o económica aparente, deberán examinarse “en su trasfondo y finalidad con especial atención”. El paso siguiente, más grave aún, es la expulsión o suspensión de la membrecía.

Las opiniones

La directora adjunta del CELS, Andrea Pochak, fue la única voz disidente que se escuchó en la reunión. Criticó la iniciativa por cuanto entiende que la tipificación de los actos terroristas propuesta “no respeta los estándares del derecho internacional y que no se refuerza la obligación del Estado de respeto por los derechos humanos”. Señaló, por último, que la “figura de asociación ilícita terrorista deja abierta la posibilidad de penalizar un sinnúmero de conductas”.

En cambio, ambos funcionarios del Gobierno Nacional, el delegado ante el GAFI Juan Félix Marteau, y el representante de la Procuración Fernando Córdoba, defendieron la definición a la consideraron “cerrada y libre de ambigüedades”. Reivindicaron, asímismo la figura de la asociación ilícita –criticada severamente desde algunas corrientes del derecho- ya que nunca fue declarada inconstitucional”; en tanto que sostuvieron que no sólo está incorporada en nuestro Código Penal, sino también en el Francés, el Alemán y el Italiano.

Las modificaciones

El proyecto original sufrirá algunas modificaciones –propuestas por la senadora Escudero. Propuso la legisladora agravar las sanciones previstas para aquellas entidades que financien organizaciones terroristas, que en la iniciativa se equiparaban con las del lavado de dinero. Sin embargo, por tratarse de un delito de mayor gravedad, a quienes financien actos terroristas se les aplicará una multa “de cinco a veinte veces el valor de los bienes”. Además, se elimina el límite que se había establecido para que una operación financiera sea considerada delito, que en el caso del lavado es de 50 mil pesos. Para el caso de la financiación del terrorismo, no existe razón para fijar tal limitación”, argumentó la legisladora.

También, se habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF) a requerir a la justicia la suspensión preventiva de cualquier operación financiera sospechosa de financiar una organización terrorista. Hasta el momento, esta posibilidad estaba limitada a la investigación de casos de lavado de dinero.