Greenpeace insiste en cuestionar la morosidad legislativa para aprobar la ley de Bosques. Y lo hizo con otra curiosa demostración.
Greenpeace reclamó ante el Senado de la Nación el urgente tratamiento de la ley bosques y volvió a denunciar la poca voluntad política que los senadores nacionales tienen para detener la deforestación.
Cincuenta activistas de Greenpeace representaron frente al Congreso Nacional a los senadores sonámbulos deambulando en los alrededores del Parlamento y desplegaron un cartel en el que se leía: “Despiertensé. Ley de Bosques Ya”.
“Mientras la ley de bosques duerme en un cajón, los desmontes y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas no paran. La tasa de deforestación promedio en nuestro país supera tres veces la media mundial. Por eso necesitamos el urgente compromiso de todos los senadores para frenar este verdadero desastre ambiental”, afirmó Hernán Giardini, coordinador, de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
En Argentina se desmontan más de 250.000 hectáreas de bosque nativo por año, lo que equivale a 1 hectárea cada dos minutos. La mayor parte de la deforestación se produce en el norte de nuestro país por el avance de la agricultura y la ganadería.
“Claramente hay poca voluntad política para tratar este tema. Mientras se entregan cada vez más permisos para desmontar, la mayoría de los senadores mira para otro lado. Necesitamos de manera urgente realizar un ordenamiento territorial de nuestros últimos bosques nativos para hacer un uso racional de los mismos”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace Argentina.
La campaña que impulsa Greenpeace para despertar senadores culminará el próximo 5 de junio, Día del Medio Ambiente, con un “Relojazo” frente al Congreso Nacional en el que se invitará a la gente a participar llevando un reloj despertador con el fin de lograr que los senadores “se despierten” y aprueben la ley.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos ya cuenta con media sanción y es impulsada por organizaciones de todo el país, entre ellas Greenpeace, el Taller Ecologista de Rosario, la Fundación Proteger de Santa Fe, la Fundación M-Biguá de Entre Ríos, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina (ONPIA), la Federación Agraria Argentina, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la Fundación ProYungas, Fundapaz, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La norma establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos que garantice el uso sustentable de los mismos, y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.
