AGRICULTURA Y GANADERIA: CONTROVERSIA POR EL PRECIO DE LA CARNE

El tratamiento de los proyectos para modificar la Ley Federal de Carnes -uno de los cuales es del diputado Pedro Morini (UCR Santa Fe)-, provocó una evidente diferencia entre los representantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), y la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne (CICCRA). Mario Ravettino, titular de los primeros, destacó que las empresas que integran el consorcio y que representan al 85% de las exportaciones cárnicas, operan con un margen restringido. “Este año llevamos exportados 93 mil toneladas de carne contra 150 mil del año pasado en igual período. Trabajamos limitados por el control de inflación que impuso el Gobierno”, señaló el presidente de ABC. Según Ravettino, el sector “está muy por debajo de su potencial” y tiene “cuarenta años de estancamiento, gracias al déficit del marco regulatorio, que es determinante para el proceso de desarrollo”. El titular del Consorcio de Exportadores remarcó la importancia que el sector modernice la cadena de comercialización y para eso sugirió la venta de la carne en cortes desde los frigoríficos o en cuartos, en vez de medias res. Pero, para Mario Ravettino esta adecuación debería hacerse con tiempo ya que de otra forma “incidiría en los costos de los productos que llegan al consumidor”. Para el representante CICCRA, Miguel Schiariti, el problema principal a resolver es “la inequidad gravísima que existe entre las provincias que provoca que la carne que compran el 40% de los consumidores tenga un estándar de salubridad que da miedo”. Por eso, para Schiaritti, antes de fijar normas de comercialización “hay que igualar los estándares de las provincias y la preocupación de los legisladores debería ser de Mejorar los controles sanitarios”. El titular de CICCRA no dudó en resaltar que de producirse cambios en la forma de comercialización, “los precios tendrían que aumentar”. El diputado Morini dijo que “el tema de la comercialización no es menor”, a la vez que resaltó sentirse “convencido” de que hay que actuar con celeridad porque “está aumentando el consumo, la producción cae y en las provincias proliferan mataderos donde la salubridad va en detrimento del consumidor”. Morini afirmó que “no debe atentar contra el precio de la carne las posibles modificaciones en los procesos de comercialización”, y por eso resulta imperiosa una nueva Ley Federal de Carnes. Luego, los diputados recibieron al presidente del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA), Lennart Bage, quien explicó los alcances del organismo que tiene mandato para trabajar en el desarrollo rural en América Latina. “Financiamos proyectos y programas en el Noroeste; Noreste Argentino y la Patagonia para que las familias rurales más pobres puedan mejorar su forma de trabajo. En Tucumán destinamos 17,5 millones de dólares y a la Patagonia le otorgamos 20”, señaló Bage. Para FIDA -órgano de las Naciones Unidas-, es clave que las familias rurales, “tengan acceso al mercado de manera poco costosa y que puedan vender en muchas más bocas de expendio”. “La pregunta que nos planteamos es qué podemos hacer para darle a la gente más humilde, dignidad, esperanza y desarrollo y para respondernos, escuchamos la problemática de mujeres, indígenas y productores”, concluyó Lennart Bage.

DEPORTES: INSPECCIÓN EN LOS CENTROS DE ESQUÍ

Se aprobó un proyecto de los diputados de la UCR, Olinda Montenegro y Luciano Fabris, ambos de (Chaco), Lucía Garín de Tula (Catamarca), Hugo Storero (Santa Fe) y Patricia Panzoni (Buenos Aires), por el que solicitan al Poder Ejecutivo para que proceda a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a la inspección integral y ejecución de ensayos de la totalidad de medios de elevación de los centros de esquí instalados en el territorio nacional. Tales comprobaciones deberán incluir los cables metálicos, teleféricos, y aerosillas, y deberán ser cumplimentadas, con anterioridad al comienzo de la temporada invernal del corriente año. “En temporadas anteriores han ocurrido lamentables accidentes en los centros de esquí de nuestro país, siniestros que han evidenciado negligencias tanto en el mantenimiento de las instalaciones de medios de elevación, como en el control de parte de las autoridades municipales y provinciales. Dichos controles deben ser realizados en forma periódica y sistemática, con anterioridad al comienzo de la temporada invernal, período del año en que los medios de elevación son utilizados con mayor intensidad por gran número de usuarios tanto argentinos como extranjeros. Corresponde aplicar el máximo celo en la prevención de accidentes que pueden generar graves costos en daños a las personas como a la industria turística nacional. El INTI es el organismo gubernamental capacitado para proceder al cumplimiento de tal tarea, con uniformidad de criterios, garantizando un control homogéneo en las distintas jurisdicciones en que se encuentran ubicadas las instalaciones a evaluar”, concluyó la diputada Montenegro. También se aprobó un proyecto por el que se expresa beneplácito por el homenaje brindado a los deportistas desaparecidos durante la última dictadura militar.

ASUNTOS COOPERATIVOS: EXPOSICIÓN EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA

La comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s, aprobó un proyecto del diputado Julio Martínez ( UCR-La Rioja) por el cual se declara de interés de la Cámara baja la Primera Exposición de Cooperativismo de la República Argentina y Latino Americana (Expocoop), a realizarse del 24 al 26 de Junio de 2007, en la Ciudad de Buenos Aires. “Expocoop 2007, reunirá a todos los representantes del sector en un espacio considerado ideal para concretar negocios, y está organizada por Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), entidad que reúne las Cooperativas Agropecuarias de todo el país y la Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda. (COOPERAR)”, señaló el diputado Martínez. También se aprobó el proyecto por el cual se expresa beneplácito por la actividad de la Asociación Civil Educación Para Todos. Otra de las iniciativas aprobadas, es la declaración de interés de la Cámara de Diputados de las actividades de la Asociación Civil SEMBRAR, que se dedica a la reproducción de plantas nativas y educación ambiental.

INTERESES MARÍTIMOS: DRAGADO Y VERDÍN

Los integrantes de la Comisión aprobaron el proyecto del diputado de la UCR Buenos Aires, Pedro Azcoiti, Ricardo Jano y Vilma Baragiola, que solicita al Poder Ejecutivo impulsar la puesta en marcha de un convenio con la provincia de Buenos Aires, para la cesión de la maquina de dragado a succión, 258 C de nombre Santa Fe, para efectuar tareas en el canal de acceso e interior del puerto de Quequén, además de otros. Asimismo, los legisladores aprobaron el proyecto presentado por los diputados Carlos Cecco, Sergio Varisco, (ambos (UCR Entre Ríos); Alberto Beccani (UCR Santa Fe) y Hugo Cuevas (UCR Río Negro) que expresa beneplácito por la actividad desarrollada en la conferencia Floraciones de Cianobacterias (Verdín) en sistemas de agua dulce del río Uruguay, celebrada el 29 y 30 de marzo de 2007, organizada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay.

PRESUPUESTO: CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

La comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó un proyecto de ley por el cual se aprueba el protocolo modificatorio del convenio suscripto entre los gobiernos de la Argentina y de Francia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio. También fue aprobado un proyecto de ley por el cual se incorpora el artículo 11 bis a la ley 23.898, que establece que, a los fines de la ejecución fiscal, el domicilio fiscal será el domicilio procesal constituido en el expediente judicial. Se aprobó, también, un proyecto de ley por el cual se declara a diciembre de 2007 el mes conmemorativo del centenario del descubrimiento del petróleo en la Argentina.

DERECHOS HUMANOS: INSTITUTO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La presidenta del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Maria José Libertino, asistió a la Comisión por el tratamiento del proyecto que crea el Instituto como entidad descentralizada en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El INADI funcionará en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá Delegaciones en todas las ciudades capitales de provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. El debate se centralizó en si los delegados debían ser electos por el presidente del instituto, siendo esto, para algunos legisladores, una forma de centralizar nuevamente este instituto. Maria José Lubertino declaró que “el consejo federal, es la federalización. El sistema con que el presidente elige los delegados provinciales, es clave para el funcionamiento del INADI, muchas veces en las provincias, en nombre del federalismo, se violan los derechos humanos básicos”. Por ultimo, se aprobó el proyecto proveniente de la comisión de Legislación Penal, que modificaba la figura de crimen de lesa humanidad, dentro del Código Penal.

CULTURA: INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO

Se aprobó un proyecto que Crea el Instituto Nacional del Libro como ente público no estatal, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad editorial argentina y de todas aquellas actividades relacionadas con la producción y comercialización del libro argentino. Durante la reunión estuvieron presente el presidente y vicepresidente de la Cámara de Libreros. Además, los diputados aprobaron varios proyectos de declaración, entre ellos, uno presentado por el diputado Hugo Storero (UCR Santa Fe) que declara de interés parlamentario el Encuentro Musical de Cumbia, a realizarse el 10 y 11 de noviembre de 2007 en la provincia de Santa Fe.

ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA: MALA PRAXIS MÉDICA

La comisión de Salud y Acción Social, junto a los integrantes de la comisión de Legislación General, recibieron a los representantes de la Comisión Legal de la Asociación Argentina de Cirugía, Antonio Marmo y Claudio Iribarren; y a Fernando Díaz, titular de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos; Juan Manuel Voltarel, miembro de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos y Nora Iraola, por la Asociación Médica Argentina, con quienes se analizó la situación planteada en torno a -según coincidieron tanto facultativos como diputados- los crecientes casos de mala praxis médica y la necesidad de legislar en esta materia ante la generación de lo que los representantes de las citadas asociaciones médicas calificaron como “la industria del juicio” a partir de casos de mala praxis médica. En ese sentido, Iribarren planteó que en la actualidad “los médicos sufren la situación de quedar involucrados en juicios de supuesta mala praxis” que se originan a partir de “abogados e incluso pacientes inescrupulosos” por lo que “deben continuar con su labor médica sometidos a una situación personal insoportable”. Los representantes de las asociaciones médicas plantearon, entre otros puntos, la necesidad de modificar la legislación vigente respecto del lapso de prescripción de las causas que se tramitan en la Justicia por supuesta mala praxis médica. Al respecto, recordaron que dicho plazo se encuentra establecido en 10 años “lo cual es una exageración, planteó Iraola, quien indicó que “nosotros creemos que debe existir una pericia previa” que establezca si corresponde que prospere el inicio de una demanda judicial por parte de un paciente contra un facultativo que, presuntamente, haya incurrido en alguna falta al ejercer su labor. El diputado Juan Acuña Kunz (UCR-Santa Cruz), vicepresidente de la Comisión, advirtió que “la mayoría de los casos de la incorrecta llamada mala praxis médica no sólo alcanza a especialidades como la cirugía” y remarcó que alrededor de esta cuestión “efectivamente se ha generado una industria del juicio” y alentó encontrar un “equilibrio” en esta materia porque “hay que proteger al médico” porque cuando recibe una demanda “significa el certificado de defunción de su actividad profesional”, aunque al mismo tiempo puntualizó la necesidad de que “estas cuestiones sean analizadas en profundidad, tanto en protección del profesional como también respecto de los derechos de un paciente a accionar cuando, efectivamente, se comprueba que ha existido un hecho que puede ser considerado mala praxis”. La diputada Beatriz Leyba (UCR-Córdoba) abogó por avanzar en una respuesta desde el plano legislativo pero “buscando un equilibrio para no perjudicar al profesional pero también para que el profesional no incurra en mala praxis” porque “hay que contemplar la situación del médico pero también la del paciente”, advirtió.

ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA: CONGRESO ARGENTINO DEL DOLOR

Luego de recibir la visita de representantes de distintas asociaciones médicas con quienes analizaron la problemática de la denominada mala praxis médica, los integrantes de la Comisión trabajaron sobre diversos proyectos que tenían pendientes de tratamiento y, en ese marco, emitieron dictamen sobre uno del diputado Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) que propone declarar de Interés de la Cámara baja el XVIII Congreso Argentino de Dolor, a realizarse del 6 a 8 de Septiembre del 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Asociación Argentina para el estudio del Dolor, y que contará con la participación de aproximadamente 1.000 profesionales de diferentes áreas vinculadas al tratamiento del dolor (Anestesiología, Clínica, Gerontología, Psiquiatría, Traumatología, Neurología, entre otras) y más de 30 referentes mundiales en este campo de la medicina. Además, se aprobó una iniciativa que declara de Interés de la Cámara baja la campaña “Parto Humanizado” que llevan a cabo la Asociación Civil Mujeres, de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, en el marco de lo prescripto por la ley Nacional 25.929. Asimismo, la Comisión adoptó idéntico temperamento respecto de un proyecto que declara de interés parlamentario el simposio internacional “niños desatentos e hiperactivos, que se desarrollará el 8 y 9 de junio de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, se aprobó un proyecto que solicita al PEN que evalúe los eventuales perjuicios que causarían en la salud de la población las antenas de telefonía celular instaladas en distintos puntos de la República Argentina, así como los equipos receptores de uso personal; y otro que solicita informes al PEN sobre el restablecimiento de la información oficial y pública recabada por el Sistema de Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales -SIEMPRO- en su correspondiente sitio de Internet oficial. Por último, se emitió dictamen sobre un proyecto que propone modificaciones a la ley de transplantes de órganos respecto a canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad para la donación de órganos.

ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA: ABORTO NO PUNIBLE

La Comisión debatirá en su próxima reunión los proyectos referidos a establecer el régimen de procedimientos para que, en determinados casos contemplados en el Código Penal, una mujer pueda someterse a la práctica de un aborto que, en tales circunstancias, se considerará no punible. La decisión fue adoptada luego de encarar el tema y que surgieran diferencias entre los integrantes de la Comisión respecto del contenido de dos proyectos, presentados por legisladores de distintas bancadas, que establecen mecanismos para establecer un régimen de procedimientos y cuyos textos se unificaron. En tal sentido, los diputados exhibieron posiciones encontradas ya que, mientras algunos diputados defendieron ambas iniciativas al considerar que se trata de una reglamentación de procedimientos respecto de una cuestión contemplada en el Código Penal, otros plantearon que los mismos abrían el camino a la legalización del aborto y que ello se encuentra tipificado en el Código Penal como un delito. El vicepresidente de la Comisión, diputado nacional Juan Acuña Kunz (UCR-Santa Cruz), en ese marco, recordó que él ha presentado un proyecto de liberalización del aborto, aunque respecto de los proyectos en debate solicitó que se introdujeran algunas modificaciones. Al respecto, Acuña Kunz advirtió que en la redacción de esa iniciativas se establecía habilitar la práctica de un aborto en una “idiota o demente” ante lo cual expresó que se trataba de “términos casi discriminatorios”, a la vez que planteó que también se tuviera en cuenta que los proyectos refieren la posibilidad de que una mujer sea sometida a un aborto no punible cuando ha sido víctima de una violación. El legislador radical solicitó que se modificara esa redacción y se estableciera que dicha práctica podrá ser no punible para el caso de que se trate de “un hecho delictivo” porque “en un futuro, tal vez, otros procedimientos de los cuales pueden gestarse el embarazo podrían considerarse una violación”. Durante la reunión estuvo presente la titular del INADI, María José Lubertino, quien expuso el criterio del organismo a su cargo respecto de esta temática.

MINERIA: PRODUCTORES DE ARENA Y PIEDRA

La Comisión recibió a representantes de la Cámara Argentina de Arena y Piedra, encabezados por el titular de la entidad, José Luis Pubul Martí, quienes expusieron la situación del sector ante los legisladores. Los empresarios llevaron su inquietud respecto de la necesidad de analizar la posibilidad de introducir modificaciones a la legislación para el sector ya que, según dijeron, en la década del ’90 se dictó una ley de promoción para la minería de la que “quedamos excluidos”, dijo Pubul Martí, después de brindar un informe ante la Comisión sobre la actividad de la Cámara. En ese sentido, Pubul Martí precisó que los productores de la cámara que preside realizan la extracción de arena, desde barcos que navegan en aguas del río Paraná, con destino a abastecer al mercado del Gran Buenos Aires. “Nosotros somos productores mineros de una categoría particular”, añadió el titular de la Cámara de Arena y Piedra. Destacó que la actividad que desarrollan los productores a los que representa la entidad no tiene subsidio alguno del Estado y no fue incluida hasta el presente en ningún régimen de promoción. Al momento de la ronda de preguntas por parte de los legisladores, la diputada Beatriz Leyba (UCR-Córdoba) quien subrayó que “quienes integramos la comisión de Minería somos fervientes defensores de la minería, pero también fervientes defensores del medio ambiente”, por lo que planteó que “la extracción de arena que se realiza indiscriminadamente en algunos ríos, como en mi provincia, terminan provocando desastres en el medio ambiente ya que producen cambios en los cauces de esos ríos que terminan desbordando con consecuencias tremendas para, por ejemplo, los campos sembrados”. En esa dirección, la diputada Leyba planteó la necesidad de “hacer lo necesario para que haya una legislación que contemple las necesidades del sector minero pero que también proteja los efectos de la extracción indiscriminada de arena que suele traer las consecuencias que mencioné y también el medio ambiente”. “Hay que fomentar la minería, pero cuidar el medio ambiente”, remarcó la diputada radical.

LEGISLACIÓN GENERAL: PAGO DERECHO DE AUTOR PARA DISCAPACIDADES
Los diputados aprobaron un proyecto de Ley en revisión por el cual se modifica el artículo 36, sobre propiedad intelectual, que exime del pago del derecho de autor a la reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Participó de la reunión y expuso su posición como autor del proyecto el senador Rodolfo Terragno, quien manifestó que es “importante que haya consenso y no capitalización política, si no se aprueba este proyecto el autor no tiene lector y el editor no tiene cliente”. Además, expresó que “para que el tráfico del material digitalizado no tenga un uso indebido, la legislación tiene que estar regulada”. “La idea de la Ley es que el ciego pueda tener acceso a cualquier obra en cualquier momento”, finalizó el senador. El proyecto quedó modificado en el artículo 36, redactado de la siguiente manera: se exime del pago de derechos de autor la reproducción y distribución de obras científicas, literarias o artísticas que entidades autorizadas editen en sistemas especiales, cuyas destinatarias sean personas con discapacidades que impiden leer la letra impresa. La exención regirá para las obras editadas en soporte físico o distribuidas por vía electrónica en formatos que impidan el acceso a personas no autorizadas. A los fines de esta exención se considera que: entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a personas con discapacidades que impiden leer la letra impresa. Sistemas especiales significa: Braille, textos digitales y grabaciones de audio, siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el párrafo anterior. Discapacidades que impiden leer la letra impresa significa: ceguera, dislexia o todo otro impedimento, físico o neurológico, que afecte la visión o comprensión de textos impresos en forma convencional. Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico o textos digitales; por ejemplo, cassettes, diskettes, discos compactos, discos digitales versátiles o memorias USB. Formatos que impidan el acceso significa: encriptado o cualquier otro método que requiera el uso de claves o procedimientos especiales, administrados por entidades autorizadas. Personas no autorizadas significa: las que puedan leer la letra impresa. Las obras editadas en formatos especiales deberán consignar: los datos de la entidad autorizada, la fecha de la publicación original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión conforme el artículo 172 del Código Penal. Además, los legisladores aprobaron un proyecto de los diputados Lucía Garín de Tula (UCR-Catamarca), Olinda Montenegro (UCR-Chaco) y Hugo Storero (UCR-Santa Fe) que establece día de la gratuidad en la enseñanza universitaria, el 22 de noviembre. Por otra parte continúan en estudio los proyectos de Ley sobre la acción de impugnación de la paternidad del marido. Sobre el tema existen tres iniciativas y el debate en la Comisión se centró en el argumento de que la mujer es la única que puede saber quien es el padre de su hijo, es uno de los motivos por el cual ella puede impugnar la paternidad, argumentaron los autores de los proyectos. Por último se aprobó un proyecto de los diputados Oscar Aguad (UCR-Córdoba), Cinthya Hernández (UCR-Río Negro) y Pedro Morini (UCR-Santa Fe) que solicita la modificación del Código Civil sobre prejudicialidad de la sentencia penal sobre la civil en los casos de hechos delictivos. En la iniciativa los legisladores solicitan que se sustituya el artículo 1101 del Código Civil por el siguiente: si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal, con excepción de los casos siguientes: Si median causas de extinción de la acción penal; Si se ha dispuesto la suspensión del proceso penal por imperio de normas procesal penales, o si el imputado no ha sido individualizado en sede penal al momento de dictar la sentencia civil; Si la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración del derecho ejercido mediante la acción civil; esta situación se presume en caso de vencimiento del término de prescripción de la acción penal establecido en abstracto para el delito de que se trata; Si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad; Si lo dispone la ley. Si la sentencia penal fuere dictada con posterioridad y resuelve en sentido contrario a la sentencia civil cuestiones sobre las cuales debió haber producido efectos de cosa juzgada, esta será revisable. La acción de revisión de la sentencia civil fundada en esta causa deberá interponerse dentro del plazo de un año contado a partir del dictado de la sentencia penal que hubiere motivado la revisión El pago efectuado con causa en la sentencia civil revisada es repetible, sin que se pueda oponer en juicio la prescripción operada antes de la revisión”. Por último los diputados pidieron sustituir, el artículo 1106 del Código Civil por el siguiente: “Cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la acción criminal, la sentencia anterior dada en el juicio civil pasada en cosa juzgada, conservará todos sus efectos, salvo lo dispuesto en el artículo 1101 in fine”.

DISCAPACIDAD: INCLUSIÓN LABORAL

Los legisladores aprobaron por unanimidad y sin modificaciones dos proyectos de Resolución. En el primero se declara de Interés de la Cámara el Primer Concurso Nacional Literario en Lengua de Señas “Argentina Cuentos Infantiles”. La segunda iniciativa declara de interés legislativo la Cumbre Nacional de Personas Sordas “Lengua, Herencia y Cultura” Patrimonio Lingüístico: Un tesoro a preservar, a desarrollarse el 9 y 10 de junio de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, aprobaron un proyecto en el cual se declara de interés de la Cámara de diputados la “IV Edición del Abierto Internacional de la República Argentina de Tenis en Silla de Ruedas”, realizado del 25 al 29 de abril de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último los legisladores aprobaron otros dos proyectos, el primero declara de interés de la Cámara el “Seminario Internacional de Terapias Auditivas”, que se realizó el 27 y 28 de abril de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El segundo solicita al Poder Ejecutivo disponga la concreción de Encuentros de Sensibilización Empresaria, con el fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO: HOSPITAL FRANCÉS

Los legisladores aprobaron un proyecto por el que solicitan que en productos, empresas y servicios, un certificado se identifique con la consigna ‘libre de mano de obra infantil’. Además, los integrantes recibieron a delegados del Hospital Francés quienes expusieron sobre la actual situación del nosocomio. Uno de los delegados, David Garuti, manifestó que “vemos como una salida que el hospital esté bajo la órbita del PAMI, pero entendemos que este organismo debe hacerse cargo de todos los empleados del hospital Francés, para garantizar nuestra fuente de trabajo”. Garuti dijo que les interesa resolver algunos temas antes del traspaso. “El primero, saldar la deuda salarial porque Graciela Ocaña -titular del PAMI- nos recortó un 45 % nuestros sueldos; por otro lado, que se nos acrediten los aportes jubilatorios que desde hace 10 años nos adeudan porque no depositan dichas cargas. Por último, el delegado pidió la interpelación en el ámbito del Congreso de la Nación, del interventor del hospital, Carlos Castrillón, y de la responsable del PAMI, Graciela Ocaña.

LEGISLACIÓN GENERAL Y TURISMO: TIEMPO COMPARTIDO

Los diputados trabajaron sobre un proyecto que regula los sistemas turísticos de tiempo compartido y, para lograr consenso sobre el tema, decidieron que, previamente, los asesores continúen estudiando la iniciativa. La ley regula la constitución, comercialización, administración e intercambio de sistemas turísticos de tiempo compartido. Los legisladores debatieron sobre la posibilidad de modificar el artículo 1 del proyecto, redactado de la siguiente forma: “alcanza al conjunto de uno o más inmuebles o muebles registrables y sus servicios y las cosas y lugares comunes de carácter turístico y las prestaciones complementarias que lo integran y hacen a su naturaleza funcional; constituido y organizado para el disfrute por parte de los usuarios durante períodos determinados, sucesivos o alternados, por medio de contrato oneroso y de adhesión”. Algunos de los legisladores planteaban que, este sistema turístico debe incluir a muebles registrables y no a los inmuebles, argumentando que los bienes inmuebles no pertenecen al sistema de tiempo compartido. Las definiciones mas destacadas donde tuvieron coincidencia fueron: que el propietario es el titular dominial de un inmueble o mueble registrable que lo afecta al Sistema Turístico de Tiempo Compartido; que el usuario es el adquirente de períodos de disfrute de un Sistema Turístico de Tiempo Compartido para uso y goce por sí o por terceros designados.

NORMAS TRIBUTARIAS: LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS PREVISIONALES

La gerente previsional de ANSES, Gladys Rocher, concurrió a la comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias, para informar en relación al cumplimiento de la ley 26.153, de liquidación de sentencias previsionales, que fuera sancionada por el Congreso en octubre de 2006 y que impone un plazo máximo para el pago, de 120 días hábiles a partir de que el expediente ingresa en la ANSES. Aseguró que en 3 años se resolvieron el triple de casos que en los 10 anteriores. Además que, actualmente, están liquidando sentencias de 2005 y 2006 y que ya debieron pedir tres autorizaciones de ampliación de presupuesto para poder seguir liquidando sentencias. También recordó que hay más de 23.000 casos para liquidar en estos momentos. “El volumen de sentencias es muy grande y excede la capacidad operativa que tiene ANSES”, aseguró la funcionaria.

JUSTICIA: EJECUCIÓN FISCAL

La Comisión aprobó por unanimidad, con modificaciones, y giró a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la incorporación del artículo 11 bis, sobre domicilio constituido a los fines de la ejecución fiscal, en el marco de la ley 23.898. El texto definitivo que permite ejecución fiscal de sumas adeudadas, notificaciones y diligencias luego de las modificación quedó de la siguiente forma ”el domicilio fiscal registrado por el responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de domicilio constituido en el juicio de ejecución fiscal de las sumas adeudadas, siendo válidas y eficaces todas las notificaciones y diligencias que allí se practiquen. En el caso de deudores sin domicilio fiscal registrado ante dicho organismo, tendrán igual carácter, el domicilio procesal constituido en el expediente judicial en que se generó la tasa y -a falta de éste- el domicilio real denunciado en dicho expediente”. Posteriormente, aprobaron por unanimidad la incorporación del artículo 134 bis, sobre validez de la notificación bajo responsabilidad de parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Finalmente aprobaron -con modificaciones- y dentro del derecho de defensa en juicio, las reglas interpretativas.

PETICIONES PODERES Y REGLAMENTO: INCORPORACIÓN DE ANAUATE

Todos los bloques parlamentarios rechazaron la impugnación del ciudadano, electo diputado de la Nación, Carlos Alfredo Anauate. Si bien luego de las últimas elecciones legislativas sectores políticos del Frente de la Victoria impugnaron su diploma, ante la falta de condena desistieron de su postura. El diputado Pedro Azcoiti (UCR-Buenos Aires) afirmó que el Bloque de la Unión Cívica Radical, “ante la inexistencia de condena procede a rechazar la impugnación”. El legislador detalló que “el artículo 123 del Pacto de San José de Costa Rica es claro en cuanto a que el impedimento para incorporación se refiere a la condena del impugnado”. Aclaró que “en caso de que el juez de la causa realice un pedido de desafuero, no vamos a permitir ninguna situación de impunidad, y acompañaremos la solicitud del magistrado”.

MERCOSUR: CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO

El presidente de la Comisión, diputado Ricardo Jano (UCR-Buenos Aires) informó sobre la reunión que se llevó a cabo el 7 de mayo en Uruguay entre los países que pertenecen al MERCOSUR: Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. En el encuentro los representantes resolvieron constituir el parlamento del MERCOSUR, independiente y autónomo, como órgano de representación de sus pueblos. El parlamento estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada Estado parte, será un órgano unicameral y sus principios, competencias e integración se regirán según lo dispuesto en el protocolo de constitución del mismo. El diputado Jano dijo que los representantes acordaron los propósitos del parlamento, que serán representar a los pueblos, respetando su pluralidad ideológica y política, asumir la promoción y defensa permanente de la democracia, la libertad y la paz, y asumir el desarrollo sustentable de la región con justicia social y respeto a la diversidad cultural de sus poblaciones, entre otras consideraciones. Por último, el diputado Jano dijo que los miembros del parlamento, entre quienes se encuentran él y el presidente del Bloque UCR, diputado Fernando Chironi (Río Negro) coincidieron en que los principios del parlamento son el pluralismo y tolerancia como garantías de la diversidad de expresiones políticas y culturales de los pueblos de la región y el repudio a todas las formas de discriminación, especialmente las relativas a género, color, etnia, religión, edad, y condición socioeconómica.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN

Los integrantes de la Comisión aprobaron el proyecto presentado por los diputados de la UCR, Pedro Azcoiti (Buenos Aires), Olinda Montenegro (Chaco), Hugo Storero (Santa Fe), y Daniel Kroneberger (La Pampa) que establece el 9 de marzo como el Día Nacional de la Libertad de Expresión. El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a incorporar a sus calendarios escolares el día mencionado como jornada de reflexión. Por otra parte, los legisladores aprobaron el proyecto de los diputados nacionales Alicia Tate, y Pedro Morini, ambos (UCR Santa Fe) que modifica el artículo 101 sobre funciones y competencia de la comisión de Libertad de Expresión, que quedará redactado de la siguiente manera: “Compete a la comisión de Libertad de Expresión asesorar y dictaminar en toda legislación o norma jurídica de cualquier orden que sea atinente a la libertad de expresión, de las ideas y creencias que garantiza la Constitución Nacional, tendiendo al respeto y la seguridad de quienes se manifiesten por cualquier medio, con arreglo a las disposiciones vigentes, tanto las resultantes de la Carta Magna, cuanto las contenidas en los tratados internacionales suscriptos por la República; expresadas en declaraciones y compromisos con organizaciones de derecho internacional o con países en particular, a las cuales adhiera la Nación. Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión deberá recopilar las informaciones referidas a su competencia y presentar un informe anual parlamentario con todas las denuncias recepcionadas durante el período legislativo ordinario, así como también de los pedidos de informe elevados al Poder Ejecutivo y sus correspondientes respuestas”.

PYMES Y ECONOMÍAS REGIONALES: MODIFICACIONES A LA LEY

Después de arduos debates internos, los legisladores de ambas Comisiones aprobaron el proyecto de ley que propone modificaciones a la ley 24.467, de Pequeña y Mediana Empresa. Los legisladores destacaron las bondades de esta ley, y la necesidad de articular políticas para las PyMEs, y delinear objetivos comunes en el marco del Poder Ejecutivo Nacional. En los considerandos del proyecto se destaca que: La subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional será la autoridad encargada de proponer anualmente un plan de acción que articule todos los programas implementados por los organismos del Estado Nacional que formulen o ejecuten políticas de promoción dirigidas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Dicha subsecretaría elevará anualmente una información detallada del impacto económico y social de todas las políticas que afecten a las MiPymes, así como un informe que permita determinar la eficacia de las mismas, y propondrá recomendaciones a fin de su mejora o adecuación. Para el cumplimento de estos objetivos la Subsecretaría creará un sistema de información y documentación que tendrá por finalidad la recolección y difusión de información comercial, técnica y legal de las empresas del segmento y de las políticas de apoyo existentes en todos los niveles de gobierno. Este sistema de información y conocimiento estará conformado por: una base nacional de datos de las políticas públicas dirigidas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que permita un registro de las mismas, de la medición de su impacto económico social, de los recursos utilizados y de su estado de desarrollo; relevamientos anuales que permitan la recopilación de información sobre las características y desempeño de las empresas del segmento en las distintas regiones del país; asistencia de un Consejo Consultivo de Políticas Públicas de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la formulación y ejecución del plan de acción enunciado en el artículo 12º y este Consejo estará integrado por representantes de todos los organismos que desarrollen programas que impacten sobre el sector o cuya actividad regulatoria afecte su desenvolvimiento.

Informe elaborado por la Secretaría de Prensa – Bloque de Diputados Nacionales de la UCR