Si bien el texto ya había sido aprobado en Diputados, volverá a la Cámara baja, donde los legisladores deberán decidir si aceptan las importantes modificaciones que se introdujeron en la iniciativa. El proyecto original había sido enviado por el Ejecutivo, como consecuencia del creciente número de incidentes registrados a la salida de los locales bailables.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Sonia Escudero (Salta-PJ), explicó que luego de un pormenorizado estudio del proyecto en comisión, junto a representantes de todos los sectores involucrados, se decidió “cambiar el perfil del proyecto puesto que la iniciativa abordaba la problemática como una cuestión de seguridad –que es competencia provincial no delegada al gobierno nacional”.

“Si lo dejábamos tal cómo vino de Diputados, estaríamos sancionando una ley modelo, sin aplicación práctica hasta tanto no adhieran las provincias que son las que tienen el poder de policía. Nos pareció más importante, avanzar en una reglamentación de la actividad de los patovicas, de carácter obligatorio en todas las jurisdicciones provinciales”, justificó Escudero.

Asimismo, “se eliminaron del proyecto algunos aspectos relativos a sanciones y habilitaciones de los locales que son competencia municipal y no materia a ser regulada por este Congreso”, precisó Escudero.

Por otra parte, en el proyecto ya no se habla de “derecho de admisión” sino de control de ingreso y/o permanencia. Al respecto la senadora Escudero recordó que tanto la titular del INADI, María José Lubertino, como el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos adviertieron sobre los riesgos de reglamentarlo (el derecho de admisión) ya que ello mismo supone, al mismo tiempo, limitarlo”.

“En definitiva -señaló Escudero- el proyecto tendrá un ámbito de aplicación bien claro para garantizar la protección de los jóvenes que asisten a espectáculos de entretenimiento y locales bailables. Se convierte en una reglamentación de la actividad de los encargados de seguridad denominados “patovicas”, donde se especifican las obligaciones del empleador y del trabajador, quienes deberán desarrollar sus tareas sin armas de ningún tipo”.

El trabajador deberá contar con la habilitación correspondiente, otorgada luego de realizar un curso de capacitación y haberse inscripto en el registro nacional que funcionará en la órbita del Ministerio del Interior. La capacitación, será exigida a partir de los dos años de implementados los cursos.

No deberá haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos; no podrá pertenecer a las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia; ni registrar condenas por delito doloso (hasta transcurridos diez años del cumplimiento de la pena); y deberá acreditar un estado de aptitud psíquica acorde con la función.

Ya sean empleados de los organizadores del evento, del lugar de entretenimiento o de una agencia de seguridad, deberán estar bajo relación de dependencia. Se busca combatir los altos índices de empleo en negro que registra la actividad. En tanto que, también, se incorporó la doble indemnización para los trabajadores en caso que éstos fueren despedidos por incumplir una orden que implique adoptar una actitud discriminatoria.

Se incorporó al proyecto un importante artículo que establece la responsabilidad solidaria objetiva. Cuando el controlador sea dependiente de una agencia de seguridad, ésta y el organizador del evento o espectáculo deberán hacerse responsables por los daños que causaren los “patovicas” a los concurrentes (aunque prueben que les ha sido imposible impedir el daño).

En el Registro deberán constar todas las personas habilitadas para realizar la función, así como también si les fueron aplicadas sanciones y por qué motivo. Deberá mantener informadas a las autoridades locales sobre las variaciones en dicho registro.

Formación específica

Los requisitos de formación no profesional y los contenidos curriculares mínimos para ejercer la tarea de controlador serán establecidos, una vez sancionada la ley, por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con las provincias en el seno del Consejo Federal Educación.

Por último, se incorporó una sugerencia de la senadora Hilda Duhalde, para que se incluyan en los contenidos curriculares de los institutos secundarios y de enseñanza media, los derechos y obligaciones contemplados en esta ley, su forma de ejercerlos y los mecanismos para realizar una denuncia, de modo de que ayuden en la prevención de prácticas abusivas, violentas o discriminatorias contra los jóvenes.