A través de la presentación de un proyecto legislativo, el diputado Pedro Azcoiti (UCR) planteó al Ministerio del Interior una serie de interrogantes referidos al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, previsto en la ley 26.216.

Vale recordar que esta ley sancionada en diciembre pasado declara la emergencia nacional en materia de armamentos, a la vez que crea el citado programa tendiente a lograr una disminución del uso y proliferación de armas de fuego.

Las preguntas efectuadas por el legislador solicitan el estado de elaboración del programa, los procedimientos establecidos, los lugares determinados para la recepción de las armas, la metodología establecida para inutilizarlas, las partidas presupuestarias afectadas al programa, la escala de valores establecida para el pago del incentivo establecido, entre otras cuestiones relacionadas, como también la fecha prevista para su puesta en marcha.

En los fundamentos de su iniciativa, Azcoiti sostiene que la ley 26.216 “no hizo otra cosa que reconocer un por demás preocupante estado de cosas y intentar aportar a la solución del problema desde el plano legislativo” , ya que “lamentablemente no es necesario abundar en detalles sobre la creciente tendencia existente en la sociedad a armarse, en procura de brindarse una -en la mayoría de los casos- ilusoria seguridad frente a una realidad que deja mucho que desear en lo referido a la seguridad de personas y bienes”.

Sostiene el diputado radical que frente al presente panorama, “resulta preocupante que a cinco meses de sancionada la ley, todavía no se haya implementado el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que por la misma se creara”.

Finalmente, Azcoiti –quien está a favor de una pronta puesta en marcha del programa de recuperación de armas y critica la demora oficial en su concreción- afirmó que “la crisis de seguridad que sufre el país, obedece a una complejidad de causas que no habrán de desaparecer súbitamente, tampoco, la resolverá la reducción del número de armas circulantes. Pero la pronta implementación de la ley 26.216 puede contribuir en parte a dar un primer paso, en la búsqueda de medidas que permitan garantizar la seguridad ciudadana”.