Parecía que a fines de 2006 se sancionaba la ley de juicio por jurados, por impulso de la primera dama. Pero asesores del Gobierno recomendaron frenarla y todos se sumieron en el mayor de los silencios. En cambio se creó una comisión que analiza una reforma integral.
Por Pablo Winokur
La curiosidad humana no tiene fin. Y Parlamentario se puso pesado, denso, curioso, ansioso. “No molestes, pibe”. Nadie quiere responder, porque a nadie le gustan las preguntas incómodas; aunque algunos se regodean con ellas. ¿Qué pasó al final con el juicio por jurados? Y una única respuesta más o menos atinada: “Pregúntenle a Cristina”.
Mientras a fines de 2006 su sanción parecía inminente, y sólo habría sido suspendida por una ausencia casual de Cristina Fernández de Kirchner -promotora del tema- hoy parece absolutamente diluido: el oficialismo -y particularmente el matrimonio K- no quiere nada que empañe la probable postulación de la señora. Para eso se hace necesario aplacar cualquier tipo de polémica.
El proyecto oficial
El juicio por jurados es una herramienta judicial que vienen impulsando distintos sectores sociales, especialmente los vinculados a la centroderecha, con Juan Carlos Blumberg a la cabeza. Esta, prometen, será la gran reforma que la Justicia necesita, dado que agilizaría los procedimientos, dicen. La postura no es del todo compartida por los especialistas.
El proyecto prevé que sean juzgados por este método aquellos que estén siendo imputados por un crimen que penalice -de comprobarse culpabilidad- con ocho o más años de prisión. El juez sería el encargado de determinar la pena, y el jurado daría el veredicto sobre si el acusado es culpable o inocente. Para ello el proyecto -que ya cuenta con dictamen unificado de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal del Senado- establece una serie de mecanismos para aislar a los jurados durante el tiempo que dure el proceso y también para brindar una compensación económica a quienes se presenten ante esta carga pública.
El tema lo había relanzado Cristina -vale aclarar que la Constitución Nacional de 1853 ya hablaba de este mecanismo- a fines del año pasado como una forma de “amigarse” con la opinión pública, que pareciera reclamar el sistema de juicio por jurados. A fin de año, cuando se iba a sancionar, Cristina tuvo que viajar, y como el proyecto estaba diseñado a medida de su candidatura se pospuso hasta marzo. Sin embargo, sondeos de último momento decidieron congelarlo por un rato. En el cálculo costo-beneficio las cuentas no cerraban del todo.
Una comisión
¿Por qué se frenó a último momento? ¿Se retomará el tema antes de fin de año?
Parlamentario intentó obtener esta respuesta, pero sólo obtuvo silencios, y la pregunta que titula esta nota. Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, la respuesta fue contundente: “El proyecto tiene orden del día. Nosotros garantizamos que se diera despacho, y ahora el tema tiene que llegar al recinto. ¿Por qué no llega? Nosotros no manejamos esa información”, agregaron.
El paso siguiente fue tratar de consultarle a Cristina Fernández de Kirchner, quien fiel a su estilo decidió ignorar los requerimientos de este medio. Entonces, Parlamentario se dirigió a algunos legisladores oficialistas, que tampoco quisieron contestar la pregunta.
La respuesta finalmente llegó desde la oposición, que también había firmado el dictamen mayoritario. Parece que cuando estaban por sancionar la ley, muchos prestigiosos juristas salieron a cruzarlos por lo bajo. “Es una locura. Se le van a vender espejitos de colores a la sociedad y esto no va a servir para nada”, habrían dicho abogados cercanos al Gobierno. La hipótesis aquí es que el problema de la Justicia argentina “no sería de juzgamiento sino de instrucción”; es decir de todo el proceso que lleva al juzgamiento.
Por eso, rápidamente el gobierno habría decidido desandar sus pasos y encarar otro tipo de reforma. El ministro de Justicia, Alberto Iribarne decidió convocar por el decreto 115/07 (en febrero) una comisión que realice una reforma integral del Código Procesal Penal, integrada por legisladores del oficialismo, la oposición y especialistas. (ver recuadro). Si quieres que algo se congele, creá una comisión, dice el dicho popular.
Aunque se dice que esta vez no es una manera de diluir. La idea sería que el Gobierno pudiera ostentar antes de fin de año la proeza de la sanción de una reforma penal consensuada, sin poner en el tapete la discusión de los juicios por jurados que, si bien todos coinciden en su fin loable, también se presume que su implementación puede traer más dolores de cabeza que soluciones.
Pero si se está trabajando en el tema, ¿Por qué callarlo y no decir expresamente que el proyecto de juicio por jurados se frenó? Aquí sí contestó una legisladora oficialista que pidió estricto off the record: “Sería reconocer que la dama se equivocó. Fijate que ella ni siquiera integra la comisión. Mejor que siga viajando por el mundo”.
Justicia perseguirás
Hay un reclamo social que se intentó canalizar para el molino propio, tal vez sin un análisis concienzudo del tema: el juicio por jurados suena bien y está en la Constitución.
“La Constitución no es de Blumberg, ni de Fernández de Kirchner. Estamos cumpliendo con un mandato constitucional. Nunca pienso de dónde viene tal o cual proyecto”, había destacado entonces Cristina.
Pero las críticas de los especialistas obligaron a bajar el perfil y tratar de hacer una reforma más profunda. Esperemos que ésta se concrete y en forma eficiente, lejos de las especulaciones electorales. Nuestra Justicia la necesita.
