El Senado discutirá este miércoles un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que penaliza los actos terroristas y su financiación, con la intención de que la Argentina no sea declarada miembro del grupo de países "no confiables" por carecer de una legislación acorde.
La Cámara alta dará media sanción a un proyecto de ley que introduce cambios en el Código Penal, para penalizar las asociaciones ilícitas con fines de terrorismo, y otro que declara sujeto a expropiación al Hospital Francés, que será administrado por el PAMI.
Al retomar la actividad legislativa, el Senado tratará un proyecto de resolución dirigido a la Cancillería, para que disponga un estudio sobre las implicancias jurídico-políticas de dos leyes británicas que reconocen como ciudadanos de ese país a los habitantes de las Islas Malvinas.
El autor de la iniciativa es el senador radical independiente Rodolfo Terragno, quien sostiene que esas normas contradicen el argumento británico de que los malvinenses constituyen un pueblo, requisito indispensable para reclamar el derecho a la autodeterminación.
Pero el tema principal de esta jornada será la creación de la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y el delito de financiamiento del terrorismo, a cuya aprobación antes de fin de mes se comprometió la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este es el organismo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mundo, que Argentina integra desde 2000.
El proyecto original sufrió algunas modificaciones durante su análisis en Comisión, ya que se decidió agravar las sanciones previstas para aquellas entidades que financien organizaciones terroristas, que en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se equiparaban con las del lavado de dinero.
Por tratarse de un delito de mayor gravedad, a quienes financien actos terroristas se les aplicará una multa de entre “cinco a veinte veces el valor de los bienes”.
La sanción de esta norma es reclamada so pena de sanciones contra el país, una de las cuales podría ser una “declaración pública” por el cual el GAFI les informa a los países miembros que observen con especial atención a todas aquellas operaciones financieras que provengan o tengan por destino a la Argentina, y la otra -más grave- es la expulsión. Para los miembros de tales asociaciones se prevén penas de reclusión o prisión de cinco a veinte años, mientras que los jefes tendrán un mínimo de diez años de reclusión o prisión.
Además, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, “el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados (…) para financiar una asociación ilícita terrorista”.
El Senado tratará también un proyecto del PEN que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la obra social del Hospital Francés, los cuales pasarán a depender del PAMI. El dictamen de mayoría determina la transferencia al Estado Nacional, tras el pago correspondiente, de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la antigua Sociedad Francesa Filantrópica y de Beneficencia, sin pronunciarse sobre la situación de los trabajadores del hospital.
El dictamen de minoría establece además que la Nación deberá hacerse cargo de la deuda salarial.
