La Comisión de Legislación General del Senado avanzó con el tratamiento de la modificación de la ley de Defensa de los usuarios y consumidores, donde la principal variante se refiere a las prestaciones de servicios públicos domiciliarias, que hasta el momento se rigen por el principio de “pague y después quéjese”, explicó la senadora Alicia Mastandrea.

“Ahora cuando el consumo resulte notoriamente superior al promedio de lo facturado en períodos anteriores por la empresa prestadora, el usuario pagará lo que estime justo y será la empresa la que deberá demostrar que efectivamente consumió lo facturado, revertiéndose la carga de la prueba”, detalló la senadora.

El referido proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone una modificación integral de la ley 24.240 sancionada en el año 1993, anterior a la reforma constitucional de 1994 que otorgó rango constitucional a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores argentinos.

“Sin duda el tiempo transcurrido y las modificaciones que se produjeron en las modalidades de comercialización, los efectos de la globalización del comercio y las privatizaciones de los servicios públicos, entre otras causas hacen imprescindible que el Congreso actualice la norma en vigencia a fin de mejorar la posición de la parte más débil de las relaciones de consumo, que somos todos los ciudadanos, en nuestra calidad de usuarios o consumidores de un bien o producto”, planteo Mastandrea.

La legisladora aseveró que “con relación al texto sancionado en Diputados existe consenso en el Senado de excluir de los alcances de la ley a los profesionales universitarios matriculados, por entenderse que su incorporación implicaría un avasallamiento de las atribuciones legales que tienen los Colegios Profesionales sobre el control de la matrícula de sus asociados y las potestades disciplinarias y de control del ejercicio profesional”.

La senadora indicó que “una importante modificación que resultará de la aprobación de la ley está referida a las prestaciones de servicios públicos domiciliarias, que hasta el momento se rigen por el principio de “pague y después quéjese”. Ahora cuando el consumo resulte notoriamente superior al promedio de lo facturado en períodos anteriores por la empresa prestadora, el usuario pagará lo que estime justo y será la empresa la que deberá demostrar que efectivamente consumió lo facturado, revertiéndose la carga de la prueba”.

“Otra importante modificación está referida a las modalidades de contratación de servicios por teléfono o por internet. Todos sabemos que hasta ahora resulta muy fácil contratar, pero que al momento de dar de baja o rescindir la contratación surgen muchas dificultades y se deben realizar numerosas gestiones. Con la reforma se propone que se equiparen los requisitos tanto para contratar el servicio como para darle de baja”, explicó Mastandrea.

Por otra parte se legitima a las asociaciones colectivas registradas de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores para que puedan actuar tanto frente a la autoridad de aplicación, como en instancias judiciales”, concluyó.

Sin embargo, el trabajo de la Comisión deberá continuar en los próximos días debido a que varios senadores expresaron inquietudes respecto a la falta de precisión en lo que se denominada “daño directo”, y en aspectos procesales sobre los que avanza el proyecto y que son atribuciones exclusivas de las provincias.