La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza no trató sobre tablas una ley vetada por el gobierno provincial días atrás que disponía la suspensión de la actividad minera en Mendoza hasta tanto se elaborara un mapa de yacimientos y un plan integral para preservar el medio ambiente circundante.
El veto gubernamental a la denominada “Ley Difonso” (así llamada en referencia al senador del Partido Demócrata que la impulsó) se basó en que las disposiciones sobre la actividad minera emanan de la Nación y que cualquier resolución provincial caería en constituir una norma inconstitucional.
La ley volvió a tratamiento del Senado, que la ratificó, y ahora la Cámara de Diputados resolvió enviarla a comisión argumentando que “el clima para su tratamiento estaba enrarecido y se necesita más tiempo para analizarla”.
Es que fuera de la Legislatura se desarrollaron dos ruidosas manifestaciones callejeras frente a la Legislatura mendocina, a favor y en contra de la explotación minera.
Los grupos estuvieron conformados por empresarios y gremialistas mineros que defiendan la libre actividad y las fuentes de trabajo, por un lado, y por ambientalistas, vecinos de comunidades agrícolas y un sector de oposición política por el otro.
El influyente Consejo Empresario Mendocino (CEM) se expresó sobre el tema proponiendo “instrumentar una auditoría internacional para determinar el impacto ambiental, la tecnología a utilizar y, posteriormente auditar y controlar el estricto cumplimiento de las normas de calidad y seguridad establecidas”.
