LEGISLACION DEL TRABAJO: EX TRABAJADORES DE FORJA ARGENTINA
Los integrantes de la Comisión aprobaron un proyecto que adopta medidas para resolver el pago del 20% del paquete accionario a los ex trabajadores de la ex empresa estatal FORJA, que se intentó privatizar en 1989, medida que no contó con los licitantes correspondientes, y generó así que el Estado adjudique el 80% a la empresa KOVATI S.A. y el 20% de las acciones a los trabajadores, quienes se organizaron en un Programa de Propiedad Participada para la distribución de las acciones. Seguido a estas acciones la empresa desvinculó a un grupo de trabajadores, a quienes no se le cubrió su parte del 20%. Por ello, la Comisión aprobó el proyecto que acompaña a los trabajadores perjudicados. Con respecto a esta medida el diputado Miguel Angel Giubergia (UCR-Jujuy) sostuvo que “es importante esta iniciativa porque no debemos abandonar a los trabajadores que sufrieron el desguase estatal que sufrió la Argentina durante los años 90”. Luego, se aprobó otro proyecto que crea la protección de testigos en juicios laborales, lo que implica que aquellos testigos que se encuentren prestando servicios para la empresa demandada, no podrán ser despedidos, suspendidos, ni modificársele las condiciones de trabajo.

SALUD Y ACCION SOCIAL: DICTAMEN SOBRE ABORTO NO PUNIBLE
La Comisión emitió dictamen sobre el proyecto de ley que habilita a una mujer a someterse a la práctica de un aborto en los casos considerados no punibles, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal. En ese contexto, el proyecto aprobado surge de la fusión de dos iniciativas presentadas en el mismo sentido por distintos legisladores, contempla “garantizar a las mujeres el derecho al aborto en los casos previstos en al artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal” y establece el procedimiento a llevar a cabo
“por los/las médicos/as de los establecimientos de salud del sistema público, de la seguridad social y del sistema privado en estos casos, a fin de que dichos abortos sean seguros y accesibles”. Se dispone que “el peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada, debe ser diagnosticado por el/la médico/a tratante o por los/as profesionales de la salud que correspondan acorde a la situación clínica de la mujer. El peligro para la salud de la mujer embarazada comprende la salud física y mental que incluye los casos de inviabilidad extrauterina del feto”. Asimismo se estipula que “si la mujer embarazada en las condiciones precedentes, decide el aborto, se deberá requerir el consentimiento informado de la mujer”. Para el caso en que el embarazo “proviene de una violación, el/la médico/a tratante deberá requerir el consentimiento informado de la mujer” así como la denuncia policial que acredita haber sido víctima de ello. También se establece que “cuando una “mujer idiota o demente” hubiere quedado embarazada y su representante legal solicitare el aborto, el/la médico/a tratante deberá requerir del representante legal esa denuncia en la que se deja constancia que “el embarazo es producto de una violación”. En caso de que uno sólo de los progenitores sea quien tenga a su exclusivo cuidado a la “mujer idiota o demente”, bastará el consentimiento de éste para que quede configurado el consentimiento requerido. El dictamen fue aprobado tras reiterarse el debate acerca de si la iniciativa implicaba la despenalización del aborto, lo que llevó a varios legisladores a sostener que el proyecto “avanzaba” sobre lo establecido en el Código Penal. En contrario, se pronunciaron otros que defendieron la iniciativa al sostener que con el proyecto se establece un procedimiento para los casos ya contemplados en el Código Penal y que son considerados no punibles. En ese sentido, la diputada Beatriz Leyba (UCR-Córdoba), quien puntualizó que se habían recogido algunas de las sugerencias de distintos diputados “y por lo tanto se introdujeron modificaciones que subsanan el peligro de avanzar sobre lo dispuesto en el Código Penal” y que, por lo tanto, acompañaba con su firma el dictamen. El diputado Juan Acuña Kunz (UCR-Santa Cruz), vicepresidente de la Comisión, sumó su firma al dictamen luego de salir al cruce de algunos argumentos de colegas de otras bancadas que se oponían a acompañar el dictamen. “La inviabilidad de los fetos alternan la salud de la mujer de manera física y también psíquica”, señaló en respuesta a las posturas de algunos diputados que pusieron en duda hasta qué punto la mujer resultaba afectada al someterse a un aborto. De todos modos, el diputado Acuña Kunz advirtió que cuando la iniciativa aprobada por la comisión de Salud y Acción Social –que ahora será girada a la comisión de Legislación Penal- llegue al recinto, impulsará otras modificaciones en su texto y, al respecto, puntualizó que “hay que buscar alguna mejor redacción al respecto porque cuando se habla de 'mujer idiota' se incurre en un acto de discriminación que no puede ser aceptado”.

SALUD: MAL DE ALZHEIMER
Luego, se emitió dictamen sobre un proyecto, que unifica varios, que establece la prohibición y venta a menores de 18 años de adhesivos y/o pegamentos, así como de sustancias elaboradas a base de tolueno, ciclohexano, isobutano o solvente. También, se emitió dictamen sobre un proyecto de resolución por el que se propicia declarar de interés de la Cámara baja, la Primera Jornada de capacitación en cáncer colorrectal hereditario no polipóidio; y el V Curso internacional de actualización en coloproctología, que declara de interés legislativo, el Primer Foro Argentino de Ética y Medicamentos en el Ámbito de la Seguridad Social, que se realizó el 5 de junio. La Comisión recibió al doctor Ignacio Brusco, presidente de la Asociación Argentina de Alzheimer, quien fue invitado dentro del marco conque la Comisión pretende encarar el análisis de varios proyectos que promueven la incorporación de las prestaciones correspondientes al tratamiento del Mal de Alzheimer en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El facultativo brindó un breve informe acerca de esa patología y sus características y manifestó que “resulta importante” que pueda establecerse un programa nacional sobre esta enfermedad. En su exposición, indicó que existen estadísticas “muy precisas” que revelan que 1 de cada 2 personas de alrededor de 80 años padecen la enfermedad, y 1 de cada 20 personas de más de 65 años, también sufren el mal. Agregó que en la Argentina, actualmente, 500 mil personas sufren esa enfermedad.

ECONOMÍA: REFORMAS A LA LEY DE SEGUROS
La Comisión, que preside el diputado Luis Borsani (UCR-Mendoza), emitió dictamen sobre un proyecto, que fusiona otros dos, que propone modificaciones a la ley 17.418 (de Seguros) a fin de que se establezca que “las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de dos años, computado desde que la correspondiente obligación es exigible”.
“Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro se computa a partir del vencimiento de la última cuota”, en tanto, se dispone que “en el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro”. Además, se aprobó un proyecto que establece un régimen por el cual se regirá el ejercicio de la profesión de Liquidadores de Siniestros y Averías, que dispone que “constituyen ejercicio de la profesión las actividades de investigación, determinación, evaluación y ajuste de los daños y pérdidas ocasionados por siniestros y averías ocurridos en el país o en el exterior que afecten a personas y/o bienes asegurados en entidades aseguradoras o re-aseguradoras, nacionales o extranjeras, autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, aún cuando la gestión de estas actividades y/o tareas queden circunscriptas a la realización de una de ellas”. Asimismo, se dispone que “el ejercicio de la profesión estará a cargo de quienes cumplan con los requisitos exigidos en los términos y condiciones” que se establecerán en la reglamentación de la ley que se propone a través del proyecto aprobado por la Comisión. Finalmente, se aprobó un proyecto que modifica la ley 22415 (Código Aduanero), y que propone que el régimen de circulación en tránsito de los contenedores de importación hacia sus aduanas de destino se hará, exclusivamente, bajo el cumplimiento de determinados requisitos incluidos en la iniciativa. Se establece que “los transportistas deberán cumplir con las condiciones establecidas incluyendo la constitución de garantías” y que dichas condiciones serán incorporadas al sistema informático María para la admisión de la Autorización de Salida de Zona Primaria Aduanera, entre otros requerimientos.

PENAL Y DEFENSA: VISITA DE GARRE Y ZAFFARONI
Las comisiones de Legislación Penal y de Defensa recibieron a la ministra Nilda Garré y al juez Eugenio Zaffaroni, quienes se refirieron al proyecto de ley por el cual se reforma el régimen de justicia militar, lo cual implica derogar el Código de Justicia Militar. También fueron oradores, el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Alberto Binder, y el coronel auditor Manuel Lozano. Garré dijo que la concreción del proyecto “es una deuda pendiente” y negó que se trate de una iniciativa “antimilitar”, sino que, por el contrario, tiene como objetivo, básicamente, “que todos tengan los mismos derechos y garantías”.
Ya había proyectos de reforma del Código de Justicia Militar, pero ninguno había cuestionado la jurisdicción militar en sí misma -puntualizó-. Este elimina el fuero especial como privilegio, pero también la discriminación. Garré afirmó que la propuesta deroga la pena de muerte y modifica el régimen de sanciones disciplinarias, que es arcaico, y respeta las garantías constitucionales, una de las ideas centrales de la iniciativa. También destacó que el proyecto fue consultado con los auditores de las fuerzas armadas, los que manifestaron su posición “garantista”. Por su parte, Zaffaroni afirmó que la normativa del régimen de justicia militar es virtualmente del siglo XVIII, se remonta a las ordenanzas de esa época, que establece delitos que hoy son “ridículos”. Sostuvo que la reforma realizada a mediados del siglo XX estableció dos sistemas contradictorios: el antiguo, que incluye una tabulación de agravantes y atenuantes, y el moderno, del Código Penal vigente, en el que rige la individualización de la pena. Señaló que, además de abolir la pena de muerte, elimina la Ley Marcial, que ha sido usada de pretexto para cometer todo tipo de abusos. La reforma -prosiguió- incorpora a la legislación penal unas pocas calificantes para los militares, algunos tipos penales agravados para integrantes de las fuerzas armadas, los cuales “deberían interpretarse que comprenden a toda la cadena de mandos, incluido el presidente de la Nación en cuanto comandante en jefe”. Zaffaroni destacó que, contrariamente al régimen del proyecto, el soldado no tenía derecho a ser defendido por un abogado de confianza ni contar con un juez independiente.

LEGISLACIÓN PENAL: INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA
Los diputados recibieron al Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Federico Ramos; y al Director Nacional de Infraestructura Penitenciaria Néstor Magariños, quienes informaron respecto del progreso del Plan de Infraestructura Penitenciara, detallando las obras carcelarias realizadas, aquellas que se encuentran en obra y las proyectadas. Magariños explicó: “Estamos con una licitación en proceso en
Chaco. Hay dos licitaciones en marcha, una en Güemes, Salta; y otra en Coronda, Santa Fe. Estas obras se construyen con transferencia de fondos a provincias”. También afirmó que se ampliarán dos unidades de mujeres en Ezeiza, “donde hay problemas por exceso de población”, dijo. Y agregó que, junto a otras obras, ayudará a resolver el problema de superpoblación de Ezeiza”. También admitió Magariños que la unidad que se iba a hacer en Candelaria, Misiones, deberá ser repensada porque el terreno donde se iba a construir ya no está disponible. “Con respecto al plan de obras, en este momento hay 1184 plazas ya habilitadas, 742 en obra, 884 en licitación y 588 en proyecto”, expuso. Igualmente, reconoció que “Los procesos licitatorios nos están llevando más tiempo de lo previsto”. Además, informó que se lanzará un concurso de proyectos para la construcción del Complejo Federal de Condenados en Mercedes, provincia de Buenos Aires. El mes que viene ya estará en publicidad para la presentación de proyectos. Tendrá 71.000 m2 para 1.600 plazas, a un costo de 220 millones de pesos. Por otra parte, Magariños, remarcó que “hay una nueva concepción para que los internos no estén alejados de su familia”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA: FERTILIZANTES
Los diputados recibieron la visita de representantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), quienes explicaron su posición con respecto al proyecto en revisión del Senado, que establece un Régimen Federal de Productos Fitosanitarios. El director ejecutivo de la entidad, Guillermo Cal, expresó que están “conformes con lo propuesto en la iniciativa” y agregó que es un punto elogiable de la norma que se “reúnan las distintas disposiciones que rigen en la actualidad”. “Creo que va a apuntalar el actual orden y no va a producir innovaciones que perjudiquen al sector”, dijo Guillermo Cal. CASAFE representa al 70% del mercado, tiene 29 empresas asociadas entre nacionales y multinacionales. En relación a las carencias del proyecto, Cal indicó que “debería hacerse hincapié en la protección del derecho de propiedad intelectual”. El diputado Pedro Morini (UCR Santa Fe) manifestó que el talón de Aquiles de la contaminación es el derrame de los restos de los envases de fertilizantes. “Me hubiese gustado que se imponga como obligatoriedad el uso de neutralizantes ya que por más que se hagan enjuagues las napas se contaminan. Si no se hace algo seguiremos corriendo riesgo en el campo”, explicó el legislador. Los integrantes de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) resaltaron que la “producción granaria se va a incrementar con la llegada de los combustibles alternativos y por eso la importancia de este proyecto”. El titular de CIAFA, Miguel Ángel González, señaló que la “posición de la Cámara en relación con el proyecto no difiere de la del SENASA donde se fomenta la competencia de las empresas para que el productor tengas costos óptimos”.

COMERCIO: JUGUETES CON FTALATO
Los diputados de la comisión aprobaron un proyecto de Ley por el cual se prohíbe la fabricación, importación, exportación, comercialización o entrega gratuita de juguetes que contengan ftalato. Los legisladores argumentaron que: “Se pide la prohibición, obviamente, porque estudios técnicos avalan que esta sustancia es especialmente peligrosa en el caso de los juguetes que introducen en su boca los lactantes y los niños de corta edad, debido a que la absorción de ftalatos puede sobrepasar la dosis diaria tolerable y tener efectos en la salud a largo plazo. En Argentina aún no existe una legislación sobre los juguetes, en cuanto a sus características físicas, mecánicas, químicas y aspectos de seguridad”, explicaron la diputada Beatriz Leyba (UCR-Córdoba) y otros legisladores. Además, se aprobó un proyecto de la diputada Silvia Lemos (UCR-Mendoza) que solicita al PEN evite el desabastecimiento de leche en el territorio nacional. Por otra parte, aprobaron tres pedidos al Poder Ejecutivo: el primero solicita informes sobre la evolución de las relaciones comerciales bilaterales con la República Popular de China; el segundo, sobre el manejo de los certificados que extiende el Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario, sobre el registro de operaciones de Exportaciones para la Carne; el último, para que informe sobre las especies comerciales protegidas por la suspensión de las exportaciones.

EDUCACIÓN: FORMACIÓN DOCENTE
La directora de Instituto Nacional de Formación Docente, María Inés Vollmer, visitó la Comisión y expuso sobre la forma de trabajo del Instituto en el marco del cumplimiento de las disposiciones de la ley de Educación Nacional. La funcionaria dijo que pretenden un buen plan para lograr políticas que diseñen la formación docente, un plan estratégico que tiene varios puntos destacados, entre los mas sobresalientes que llevaron adelante para diseñar el trabajo en el Instituto, se destacan el esquema de un mapa nacional para evaluar los principales problemas de la formación docente, un relevamiento de la formación docente actual y una encuesta a los institutos de formación docente para conocer las problemáticas mas comunes. Con esta información armaron una estrategia de trabajo en el marco de un modelo de Instituto desconcentrado, con una dirección ejecutiva y con tres áreas de organización interna. Entre las principales estrategias a seguir para mejorar la formación de maestros y profesores se encuentran la modificación de lo que ella denominó “la historia de la formación docente”, es decir, la reforma de las Instituciones que conservan formatos de formación parecidos a la escolaridad y no al nivel superior. Otro punto al que hizo mención fue la puesta en marcha de procesos educativos planificados con proyección estratégica, para no correr el riesgo de que el plan de estudios se termine por intereses políticos o cambios de gobiernos. Destacó, además, que la gestión de políticas tiene que estar regida por los mandatos de la Ley y las cuestiones provinciales. Expresó que trabajan en cómo lograr el fortalecimiento en las instituciones, y dijo que los alumnos de formación docente van a ser acompañados y escuchados y citó como ejemplo una estrategia que llevarán adelante: una beca estímulo que financiará la carrera docente. Los diseños de curriculums se modificarán con este nuevo plan: no se entregarán títulos de docente a institutos que propongan planes de estudios menores de cuatro años. Por último, expresó que “las políticas del Instituto están destinadas a fortalecer a nuestros formadores, los equipos docentes, rectores y directores de institutos públicos y privados, y conocer sus déficit y beneficios en el proceso de formación actual”. Al finalizar la exposición, los miembros de la comisión aprobaron un proyecto de los diputados Hugo Storero y Alberto Beccani, ambos (UCR-Santa Fe) en el que expresan beneplácito por el centenario de la fundación del colegio Juan Bautista de La Salle, de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Además, declararon de interés de la Cámara, el VII Congreso Argentino y 2º latinoamericano de educación física y ciencias a realizarse en La Plata, provincia de Buenos Aires. También, una iniciativa que declara de interés legislativo el III Congreso Provincial Educación e Identidad entre lo global y lo local, que se llevará a cabo en agosto en General Alvear, provincia de Buenos Aires.

SEGURIDAD INTERIOR: INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
Los legisladores aprobaron un proyecto de Ley por el que se crean los Institutos Universitarios de Seguridad Marítima y de Gendarmería Nacional (IUSM), como unidad funcional dependiente de dicha Fuerza, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ámbito de actuación nacional. Los institutos continuarán con la adecuación de su funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de Educación Superior, asegurando el acceso a las propuestas académicas sin discriminación de naturaleza alguna. Los gastos que demande el funcionamiento del IUSM, se imputarán a los créditos asignados a la Prefectura Naval Argentina en la ley de Presupuesto Nacional.

EDUCACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL TRABAJO: LEY DE PASANTÍAS
Los legisladores de ambas Comisiones aprobaron un proyecto de Ley por el que se crea el Sistema de Pasantías Educativas, en el marco del sistema educativo nacional, para los alumnos de la Educación Superior y la Educación de Adultos, a cumplirse en empresas y organizaciones públicas o privadas con personería jurídica. Los diputados expresaron en sus fundamentos que “se entiende como 'Pasantía Educativa' al conjunto de actividades formativas que realicen los alumnos en empresas u organizaciones públicas o privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de la carrera cursada en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio”. Los objetivos del sistema de pasantías educativas son: lograr que los pasantes profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria; realicen prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de la carrera que cursan e incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo; entre otras. Para implementar este sistema, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos deben promover el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional, como marco para celebrar convenios con las empresas y organizaciones en las que se aplicará dicho sistema. Por último, los legisladores firmaron el dictamen de una iniciativa de Ley por el cual se crean los Institutos Universitarios de Seguridad Marítima y de Gendarmería Nacional (IUSM), como unidad funcional dependiente de dicha Fuerza, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ámbito de actuación nacional.

LEGISLACIÓN PENAL: TIPIFICACIÒN DEL DELITO DE TERRORISMO
Se aprobó el proyecto de ley que sancionó el Senado Nacional que tipifica el delito de terrorismo e incorpora al Código Penal la figura del financiamiento de ese tipo de actividades ilícitas, con penas de prisión que van desde los cinco años hasta la reclusión perpetua. La iniciativa tiene como objeto cumplir con las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que reclama la adecuación de la legislación nacional a normas globales sobre represión del lavado de dinero. Para encuadrar jurídicamente este delito, la asociación ilícita implica tener un plan de acción destinado a propagar el odio étnico, político o religioso; estar organizada en redes operativas internacionales; y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas.

LEGISLACIÓN GENERAL: TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
La Comisión aprobó, una serie de proyectos pendientes. No obstante los acuerdos previos -realizados por los asesores- para la firma de los dictámenes, un proyecto de los diputados Alejandro Nieva y Miguel Giubergia, ambos (UCR-Jujuy) encontró una inesperada resistencia por parte de un diputado del ARI. El proyecto de ley en cuestión transfería a título gratuito un inmueble propiedad del Estado Nacional a la provincia de Jujuy para construir a la Ciudad Judicial u otro destino. El representante del ARI se manifestó en desacuerdo con que los proyectos vinculados a las transferencias de inmuebles se realicen sin especificar el cargo. La totalidad de los bloques rechazaron el argumento del rechazo, debido a que en general las transferencias son restituciones, los estudios previos permiten cierta laxitud en la redacción, y es una forma de reconocimiento de las autonomías provinciales. Finalmente el proyecto fue aprobado.
Posteriormente, se aprobaron los siguientes proyectos: declarar de interés parlamentario el IX Congreso Internacional de Derecho de Daños, bajo el lema Derecho Tecnológico, a realizarse del 10 al 12 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se declaró de interés legislativo las Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil a realizarse el 30 y 31 de agosto en Azul, provincia de Buenos Aires; se declaró el Día de la restauración de la democracia todos los 10 de diciembre de cada año; se declaró Día de las heroínas y mártires de la independencia de América el 12 de julio en conmemoración del nacimiento de la teniente Juana Azurduy de Padilla.
Finalmente, y con la presencia del director de la Agencia de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, Armando Parado, se transfirió a dicha provincia, a título gratuito, el Parque Pereyra Iraola y demás terrenos adyacentes, a través de un convenio entre la Nación y la Armada Argentina.

FAMILIA: EN FAVOR DE LAS MUJERES
El plenario de la Comisión, aprobó un proyecto que modifica la ley de Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Nación en cuanto a los deberes de los jueces cuando se debatan cuestiones alimentarias. Posteriormente, y después de un arduo debate y en favor de la mujer, se aprobó la incorporación del artículo 178 bis, sobre conocimiento del embarazo al momento del despido; declararon de interés legislativo el XXII encuentro nacional de mujeres, a realizarse del 13 al 15 de octubre en Córdoba Capital. Continúa en estudio la ley que permitiría crear y otorgar certificados 'libres de mano de obra infantil' para productos, servicios y /o empresas, la ley de Régimen básico para la Protección al niño/niña internado en centros de asistencia pública y sanitaria y, de la diputada Beatriz Leyba (UCR Córdoba) declarar 'Día Internacional de la Familia', el 15 de mayo de cada año.