So pena de sanciones, el Gobierno argentino tiene premura en convertir en ley la norma que pena el financiamiento de las actividades terroristas. Por ello es que el Senado la última semana aprobó el proyecto de ley, y esta semana se ocupará de sancionarlo también la Cámara baja.

Para ello, los diputados dieron dictamen el último jueves al proyecto, cuestión de dejarlo habilitado para su tratamiento esta semana.

Tras su aprobación en el recinto, la Argentina habrá evitado ser declarada como miembro del grupo de los países “no confiables” por carecer de una legislación acorde. Ese es un reclamo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que pide la adecuación de la legislación nacional a normas globales sobre represión del lavado de dinero.

La norma será respaldada por el oficialismo y sus aliados del Peronismo Federal, en tanto que la oposición planteará sus diferencias en el recinto el mismo miércoles. Incluye algunas modificaciones del Código Penal como la definición del acto de terrorismo, al que tipifica como “la comisión de delitos” para “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

Para ser considerado un acto terrorista, se deben reunir las siguientes características: tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; estar organizada en redes operativas internacionales; y disponer de armas de guerra, explosivos y agentes químicos o bacteriológicos.

Al ser tratado en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sufrió varias modificaciones, como el agravamiento de las sanciones previstas para aquellas entidades que financien organizaciones terroristas, que en la iniciativa se equiparaban con las del lavado de dinero.

A través de esta iniciativa, se penará con reclusión o prisión de cinco a veinte años al que forme parte de una organización terrorista, mientras que para los organizadores de la asociación, el mínimo será de diez años.

Además, se establecen penas de prisión de entre cinco y quince años y multas de “entre cinco y veinte veces el valor de los bienes” a quiénes financien actos terroristas.