En una reunión conjunta de las comisiones de la Cámara baja estuvieron presente organismos y asociaciones de Defensa del Consumidor y representantes de las empresas de telefonía móvil.
Empresarios de telefonía móvil expresaron en un encuentro de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, su rechazo al proyecto presentado por la legisladora Blanca Osuna, que propone la creación de un marco regulatorio de la relación contractual entre el prestador del Servicio de Comunicaciones Móviles y el usuario.
Asistieron a la reunión representantes de las empresas CTI Móvil, Movistar, Nextel y Personal SA, la Cámara Argentina de Informática y Comunicación de la Rca. Argentina (CICOMRA), y representantes de las Asociaciones de Defensa del Consumidor.
Marcelo Govi, representante de Movistar, destacó que “no le han faltado normas a las organizaciones para sancionarnos y regular los contratos con nuestros clientes”. Además, “tenemos cada vez menos denuncias a comparación con el crecimiento de la cantidad de clientes nuevos”.
Govi reclamó a los diputados que “midan las innovaciones de las normas con respecto a la característica de la empresa, ya que somos un sector sin subsidios que nos manejamos con la regulación del mercado en competencia”. En el mismo sentido, se mostró en contra de la instalación de oficinas de atención personalizada.
Por su parte, Jorge Ferraroti, de Telecom, también recalcó que “se debe atender que somos un factor de crecimiento de la economia del país y debemos ser tratado como tal”. Con respecto al usuario, dijo que “ellos deben comprender de que se trata la comunicacion en telefonía móvil”.
En representación de la Defensoria de los Consumidores de Buenos Aires, Marcelo Cóppola fue quien con mayor dureza destacó los problemas habituales de los usuarios. Entre ellos destacó la imposibilidad de cambiarse de compañía y mantener el número y la anulación de los contratos. “Hace veinte años que están en el mercado y cada vez más hay complicaciones que no se resuelven por lo que necesitamos una mayor regulación”, aseguró Coppola.
Los diputados presentes escucharon antentamente a ambas partes, pero luego tomaron partido por sus propios problemas y dispararon contra los empresarios que siempre mantuveron su postura contraria a la sanción de este marco regulatorio.
El diputado Luis Galvalisi le respondió a Govi asegurando que “la gente no se queja porque está cansada”.
Según explicó la diputada Osuna, autora de la iniciativa, la misma “propone establecer una normativa que proteja al consumidor de telefonía celular, garantizándole precisión sobre las condiciones contractuales y calidad en el servicio”. De prosperar esto, las empresas prestadoras no podrán establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato, ni tampoco practicar el redondeo de segundos a minutos exactos para el cobro de las llamadas, entre otros puntos.
Osuna indicó que “este proyecto viene a atender a la preocupación por las fallas en el sistema y el creciente número de quejas y reclamos de los usuarios, convirtiéndose en líder en el ranking de reclamos de los organismos de Defensa del Consumidor”.
Cabe destacar que en un informe de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sobre los reclamos registrados en el mes de mayo y conocido días atrás, los referidos a la telefonía celular encabezaron la lista. Este rubro concentró el 35 por ciento de las quejas, mientras que el 25 por ciento de los usuarios se quejó por débito incorrecto o cobro indebido, el 19 por ciento por incumplimiento del servicio.
La diputada sostuvo que “este proyecto se propone incorporar la atención en la calidad del servicio de los usuarios en general y considerando a su vez a aquellos que requieren el uso de este servicio por residir en zonas donde la telefonía fija no desarrolló radio de servicios y en consecuencia la móvil se constituye en la única alternativa de comunicación directa”.
Tras dar cuenta que el proyecto está enmarcado en las disposiciones de la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, la legisladora entrerriana señaló que en la iniciativa se establecen “las condiciones particulares de la relación prestador-usuario de los servicios de comunicaciones móviles”, al tiempo que se definen “los requisitos que debe contener el contrato que une a las partes, que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación de la ley”.
Los diputados presentes fueron Blanca Osuna, Jorge Mongeló, Daniel Kronemberger, Adrián Menem, Patricia Vaca Narvaja, Luis Galvalisi, María del Carmen Rico y Arturo Heredia.
