El objetivo principal de la Cámara baja para esta sesión fue aprobar la ley antiterrorismo reclamada desde el exterior, la cual ya tenía media sanción del Senado. Con esta norma, el país evitó ser considerado "no confiable" en materia legislativa contra el terrorismo.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la norma que pena el financiamiento del terrorismo, cumpliendo con el pedido del Gobierno nacional, que tenía premura en aprobar dicha norma para evitar ser considerado “no confiables”.
La norma fue apoyada 101 votos contra 35, con el apoyo del kirchnerismo, sus aliados del Peronismo Federal y el bloque de la Unión Cívica Radical, pero rechazada -por razones inversas- por las bancadas de centroizquierda y de derecha.
Los socialistas y el ARI juzgaron que el texto es lo suficientemente “ambiguo” como para permitir penalizar la protesta social, en tanto la diputada de Recrear Nora Guinzburg dijo en cambio que “la ley no servirá para combatir ningún tipo de terrorismo”.
Desde la centroizquierda se votó en contra por entender que la norma es una demanda de los Estados Unidos, en tanto la legisladora derechista del Pro de Mauricio Macri juzgó que el texto “no cumple con los estándares internacionales”.
La diputada Rosario Romero explicó en uno de sus puntos que “la ley prevé una asociación ilícita agravada por actos terrorista en una forma cerrada, lo que creará la figura del terrorista en el Código Penal, por lo que tiene que cumplir varios requisitos”.
Por lo tanto, “no será terrorista quien participa en una marcha social y con este proyecto no estamos protegiendo al Gobierno ni damos más autoridad a la Policía”.
Romero recordó los ataques de la embajada de Israel y de la AMIA, “lo que hace a la Argentina un país en riesgo, por lo que el orden jurídico debe armonizarse internacionalmente”.
En su discurso, la legisladora exhortó a las organizaciones de derechos humanos a leer el proyecto de ley porque “nadie de buena fe puede decir que esta ley es para reprimir a la protesta social, ya que hay que leerla sin prejuicios”.
Los legisladores de centroizquierda temen que la nueva ley amplíe las facultades represivas de la policía, en tanto la diputada del PRO Nora Guinzburg rechazó los pruritos de los bloques de centroizquierda. “¡Qué me van a venir a hablar los comunistas de derechos humanos!”, disparó en el recinto.
Una vez más el tiempo fue tirano para el Gobierno, por lo que el Senado aprobó la última semana el proyecto de ley, y una semana después, Diputados tuvo que sancionar la ley de apuro.
En el recinto, los diputados tuvieron un arduo debate. Tras su aprobación en el recinto, la Argentina evitó ser declarada como miembro del grupo de los países “no confiables” por carecer de una legislación acorde. Ese es un reclamo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que pide la adecuación de la legislación nacional a normas globales sobre represión del lavado de dinero.
Por su lado, el kirchnerista Miguel Bonasso se opuso por considerar innecesaria a la nueva ley, porque juzgó que existen normas capaces de tipificar al terrorismo y advirtió en cambio que debía legislarse para condenar el terrorismo de Estado.
Bonasso advirtió que se votaron modificaciones “apresuradas” al Código Penal con la presencia en el recinto de Blumberg. “Espero que ahora no esté en el palco el GAFI”, dijo.
Cabe destacar que la iniciativa incluye algunas modificaciones del Código Penal como la definición del acto de terrorismo, al que tipifica como “la comisión de delitos” para “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
Para ser considerado un acto terrorista, se deben reunir las siguientes características: tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; estar organizada en redes operativas internacionales; y disponer de armas de guerra, explosivos y agentes químicos o bacteriológicos.
Al ser tratado en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sufrió varias modificaciones, como el agravamiento de las sanciones previstas para aquellas entidades que financien organizaciones terroristas, que en la iniciativa se equiparaban con las del lavado de dinero.
A través de esta iniciativa, se penará con reclusión o prisión de cinco a veinte años al que forme parte de una organización terrorista, mientras que para los organizadores de la asociación, el mínimo será de diez años.
Además, se establecen penas de prisión de entre cinco y quince años y multas de “entre cinco y veinte veces el valor de los bienes” a quiénes financien actos terroristas.
