El ex presidente será nuevamente indagado en la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado.
Fernando de la Rúa será nuevamente indagado en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos para aprobar la Ley de Reforma Laboral en el Senado, según confirmaron fuentes allegadas a la investigación, las cuales indicaron que el juez federal Daniel Rafecas convocará al ex jefe de Estado antes del comienzo de la feria invernal de julio.
Esto es así porque previamente el juez tiene previsto interrogar como testigo al ex vicepresidente de la Nación Carlos “Chacho” Alvarez y al ex jefe de Gabinete Rodofo Terragno. Esas testimoniales habían sido solicitadas por la defensa de De la Rúa, que propuso al juez interrogar a todos los ex miembros del gabinete de la Alianza -que gobernaba en aquel momento- antes de resolver la situación procesal del ex jefe de Estado.
Esas audiencias son las últimas de una serie de medidas solicitadas por el ex jefe del Estado y que incluyeron la declaración de todo su gabinete -sólo resta que lo haga Juan Llach- acerca de lo “sorprendido” que se mostró cuando escuchó hablar, por primera vez, del tema de las coimas.
El ex mandatario negó sistemáticamente que se hayan pagado sobornos para aprobar aquella ley, luego derogada.
La nueva indagatoria de De la Rua será la cuarta que ordena el juez ya que los abogados del ex presidente periódicamente ofrecen nuevas pruebas (entre ellas pedir que se lo vuelva a escuchar) a las que el magistrado debe acceder para garantizar el “derecho de defensa” de todo imputado en causa penal.
El juez Rafecas ya envió a juicio oral y público al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y al “arrepentido” Mario Pontaquarto.
En idéntica situación, a la espera del juicio oral, están los ex senadores justicialistas Augusto Alasino (Entre Ríos), Emilio Cantarero (Salta), Remo Costanzo (Río Negro), Alberto Tell (Jujuy) y Ricardo Branda (Formosa); acusados de “cohecho pasivo” (cobro de los sobornos) mientras que los funcionarios de la Alianza lo están por “cohecho activo”, pago de las coimas.
En una de sus últimas indagatorias, el 18 de diciembre último, De la Rúa “descalificó genéricamente los distintos elementos que, en su momento, se valoraron para procesar al resto de los imputados”, dijeron sus abogados Miguel Almeira y Virgilio Loiácono, quien luego renunció a la defensa para declarar como testigo.
