La reforma constitucional de 1994 le otorgó a la ciudad de Buenos Aires un régimen de Gobierno autónomo, con facultades propias en materia de legislación y jurisdicción, dando nacimiento a un nuevo sujeto de derecho público similar aunque no idéntico a las provincias y diferente a los municipios. La propia Constitución estableció también que mientras Buenos Aires sea Capital de la Nación, una ley garantizaría los intereses del Estado Nacional en la ciudad.

Con base en esta última disposición, se sancionó la ley 24.588 en el año 1995 que, en lo que interesa, mantuvo la competencia del Gobierno federal en materia de “seguridad y protección de las personas y bienes”, disponiendo que la Policía Federal continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad en la ciudad bajo la dependencia del Poder Ejecutivo Nacional (artículo 7º). La inconstitucionalidad de esta norma parece evidente, pues las restricciones a la autonomía deben responder estrictamente a intereses concretos del Estado nacional que se desee proteger y no se advierte qué interés federal existe en la protección a los porteños y a sus propiedades.

Durante todos estos años, la Nación ha cumplido muy mal la tarea que se reservó para sí, pues la ciudad de Buenos Aires es el lugar mas inseguro de la Argentina, pues posee la tasa delictiva más alta cada cien mil habitantes de toda la República. Los gobiernos que se han sucedido en el ámbito nacional como local no han demostrado tampoco ninguna voluntad en transferir, total o parcialmente, el ejercicio de la policía de seguridad a las autoridades locales, para que éstas diseñaran las políticas necesarias para dar mayor seguridad a la población y que fueran los vecinos, en definitiva, los que premiaran o condenaran, a través del voto, el acierto o desacierto de dichas políticas.

Conviene tener presente que no es cierto que sin la derogación de la llamada “ley Cafiero” no es posible que la ciudad tenga policía propia, como repiten insistentemente los candidatos al Gobierno de la Ciudad y otros funcionarios políticos. En efecto, la misma “ley Cafiero” brinda una salida a sus mismas prohibiciones, al disponer que las autoridades nacionales y locales pueden celebrar convenios para transferir organismos, funciones, competencias, servicios y bienes (artículo 6). Los convenios proporcionan de esa manera un marco adecuado para ensayar una gran cantidad de variantes y alternativas, que permitan a la ciudad contar con la policía de seguridad que requiera. El financiamiento de ese servicio puede ser objeto también de diferentes e ingeniosas maneras de asegurarlo.

Al no contar hasta el presente con fuerza policial alguna, el Gobierno de la Ciudad depende del auxilio del Poder Ejecutivo Nacional para poder ejecutar sus propias decisiones, al igual que para hacer cumplir las decisiones de los tribunales locales, lo que supone una violación manifiesta a la autonomía que consagra la Constitución Nacional.

No obstante, resulta claro que la ciudad podría crear una fuerza policial local dentro del ámbito de competencia que le dejó la ley 24.588, esto es, la vinculada a cuestiones contravencionales y de faltas. Esta iniciativa tendría la inocultable ventaja de comenzar el camino en procura de la policía propia, robustecería la autonomía institucional de Buenos Aires, permitiría bosquejar algunas políticas en materia de seguridad pública y ayudaría sin dudas a la prevención del delito en la medida que incorporaría más agentes en la calle y espacios públicos. Sin embargo, los vecinos podrían considerar que esta medida es prematura, que es conveniente avanzar con permiso de la Nación, que pueden suscitarse conflictos de jurisdicción con las fuerzas federales, etc…

Para despejar este interrogante, el actual jefe de Gobierno de la Ciudad llamó a escuchar la opinión de los vecinos por medio de una consulta popular no vinculante, autorizada por la Constitución de la ciudad. No es una cuestión menor decidir si se sigue como hasta ahora, es decir con el auxilio de la Nación para todo el servicio de policía, o se comienza a transitar el desafío de una autonomía más plena, dando el primer paso hacia una policía porteña.

* Gil Lavedra. Ex ministro de Justicia de la Nación, convocado por Telerman para integrar el grupo de juristas que participaron en el diseño legal de la consulta.