Los legisladores recibieron a la jueza federal rosarina Laura Cosidoy. Luego de la reunión, la titular de la Comisión de Narcotráfico, Sonia Escudero, afirmó que se necesita "avanzar en metodologías tendientes a facilitar la radicación de denuncias anónimas".
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación, que preside la salteña Sonia Escudero, recibieron a la jueza federal de Rosario, Laura Cosidoy, para interiorizarse acerca de las denuncias efectuadas por la magistrada sobre presunta connivencia policial con el narcotráfico en su provincia.
“El problema no es que se persiga a los perejiles, ni tampoco la legislación; el problema es la falta de decisión política, de ver cómo se encara el tema”, aseguró ante los legisladores la rosarina .
La presencia de la magistrado en la Cámara alta, se dio merced a una iniciativa presentada por el senador Carlos Rossi, integrante de la citada comisión, en la que además se solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional, que informe sobre las acciones llevadas a cabo en la lucha contra el narcotráfico.
En la reunión, la magistrada indicó que durante su larga trayectoria en la justicia federal “ha visto morir una generación entera víctima por sobredosis, peleas y la comisión de delitos”. Asimismo, agregó: “la realidad que vemos en las calles no se ve reflejada con lo que sucede en los tribunales. Estamos haciendo juicio por 10 porros, 20 o 4 ravioles, que si bien son casos menores son hechos de tráfico de estupefacientes”.
No obstante, Considoy aclaró “no creo que sean perejiles, ni que sea un problema de la legislación; es un problema de decisión política, de ver como se encara el tema”.
Entre otras irregularidades, denunció una gran disparidad en las investigaciones policiales, y la caída de algunas causas judiciales por procedimientos poco profundos, no rigurosos. “Aporté datos precisos sobre al menos 5 personas que manejan el 70% del narcotráfico en la Provincia de Santa Fé y nada pasó” –se quejó Cosidoy. Incluso se animó a pronosticar que de persistir esta situación “un día nos vamos a despertar como si estuviéramos en San Pablo o en Colombia”.
La titular de la comisión Sonia Escudero, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en metodologías tendientes a facilitar la radicación de denuncias anónimas, para contrarrestar el temor manifiesto en la sociedad a denunciar hechos de narcotráfico. También “debemos pensar en implementar procedimientos más ágiles, pues si un fiscal demora tres días en autorizar a las fuerzas de seguridad para que realicen un operativo, evidentemente llegaremos siempre tarde”, indicó la senadora.
Los senadores, en tanto, felicitaron a la magistrada “por su valentía y coraje en la denuncia de hechos de corrupción y narcotráfico”, a lo que Cosidoy respondió: “que mal estaremos para que a uno lo feliciten por hacer lo que correponde”.
Por su parte, la bonaerense Hilda “Chiche” Duhalde afirmó que no es un problema de Rosario sino de la Argentina, al tiempo que recalcó que la política debe intervenir en el asunto “y después bancarse lo que viene”.
Finalmente, Escudero resaltó la importancia de “trabajar fuertemente en el control y decomiso del producido del narcotráfico, y profundizar las acciones tendientes a restar rentabilidad al negocio, persiguiendo con énfasis el enriquecimiento injustificado, como una forma de luchar contra este delito”.
Las denuncias
Luego de las denuncias de la jueza Cosidoy y de un fiscal, el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, ordenó investigar el patrimonio de 30 altos jefes policiales, 25 de ellos de la ciudad de Rosario, para determinar si se enriquecieron por una presunta connivencia con actividades vinculadas al narcotráfico. Paralelamente, ordenó los cambios de jefes en cuatro unidades regionales y 15 comisarías rosarinas.
En su última denuncia, realizada en abril, la jueza Cosidoy involucró incluso a un ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas al que acusó de ir “personalmente a cobrar dinero en los boliches”. Por eso, el gobierno provincial pasó a disponibilidad al comisario Aldo Monzón. Y a los pocos días también se relevó a todo el personal (35 agentes) de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones en Rosario.
El año pasado, la magistrada hizo público el nombre de al menos dos boliches rosarinos que vendían estupefacientes ante la vista gorda de los uniformados.
