En nuestro país, no tenemos datos actuales en relación al acoso sexual. Según el informe que la OIT realizara en 36 países en el año 1996, la Argentina -junto a Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania- es uno de los países con más alta tasa de acoso sexual en el mundo.

“Esta falta de datos no supone que en Argentina no hay casos de acoso. El acoso sexual es una manifestación de violencia, y debemos considerarlo no sólo un problema personal de la víctima sino un problema social que limita la participación de las mujeres y los hombres dentro de la comunidad, porque socava la confianza de la persona, crea desequilibrio, tensión emocional y temor, disminuye la autoestima y el rendimiento”, sostuvo la diputada radical rionegrina Cinthya Hernández.

Precisamente en su provincia, esta diputada destaca que “ya se han conocido al menos tres denuncias judiciales por acoso laboral. El proyecto presentado no solo contempla el acoso sexual en ese ámbito, sino que incorpora el acoso sexual en el ámbito educativo y de la salud. Tan preocupante es este tema que aplaudo la apertura de la Oficina de Mediación Interna que funciona en los Tribunales de Viedma para atender problemas psicológicos que atraviesan los empleados judiciales, porque de esta manera se comienza a visualizar esta forma de violencia que constituye un drama cotidiano para quien la padece”.

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, define acoso sexual como la persecución o el hostigamiento físico o psíquico que ejerza una persona sobre otra, con el fin de inducirla a acceder a sus requerimientos sexuales, sin consentimiento de la persona contra la que es ejercido, aprovechándose de una situación de poder, dirección o jerarquía, que puede derivar en crear un entorno hostil, ofensivo, intimidatorio y humillante, trato discriminatorio, pérdida de beneficios y/o provocación de perjuicios, hasta la pérdida del empleo o de las chances de desarrollo personal en el ámbito laboral, académico o del sistema de salud.

En caso de acoso sexual en el ámbito laboral se realiza una distinción según el agresor: si el ofensor es el empleador se deja la posibilidad a la víctima de optar por mantener su fuente de trabajo, sin perjuicio de percibir las indemnizaciones que habrían de corresponderle o considerarse despedida/o sin justa causa pudiendo reclamar la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, consistente en un mes de sueldo por cada año de servicio.

Si el ofensor es otro dependiente, éste será el responsable de la indemnización a la víctima y será responsable solidario el empleador si tuvo conocimiento de la agresión y no tomó las medidas necesarias para hacer cesar la conducta.

En el caso de acoso sexual en el ámbito académico, se prevé una indemnización a cargo del ofensor, ya sea compañero, docente o superior jerárquico de la víctima y la solidaridad de la institución educativa cuando no se tomaron las medidas necesarias para hacer cesar la conducta.
Y finalmente, en el caso del acoso sexual en el ámbito de las relaciones que surgen del sistema de salud, se prevé una indemnización a cargo del responsable, ya sea profesional o empleado/a de la institución, y la solidaridad de la institución cuando no se tomaron las medidas necesarias para hacer cesar la conducta.

“Es esencial hacer hincapié en que el acoso sexual se vincula a las conductas no deseadas, desagradables para el receptor, no correspondidas e impuestas. Es una vulneración lisa y llana de la integridad humana y ello redunda en la urgente necesidad de contar con una legislación específica sobre el tema”, aclaró Hernández.