La población argentina está dividida en dos: porteños y pueblerinos. Los porteños son piolas, cosmopolitas, gustan del teatro, el cine, la cultura, el pluralismo, el subte, las cientos de líneas de colectivos, los avances de la tecnología… la civilización; los pueblerinos (que incluyen a ciudadanos de Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Paraná, Mendoza y Salta, entre otras) son un poco lentos, gustan de la siesta y se comunican a través de señales de humo.

Si un candidato opositor gana la gobernación de una provincia, se está ante la emergencia de un candidato local que surge ante problemáticas locales; si un opositor gana la ciudad de Buenos Aires es el nuevo líder de la oposición.

Hartos de que la vida nacional se refleje a través de Buenos Aires -más precisamente la ciudad de Buenos Aires- hoy los pueblerinos planean su revancha y aseguran: “Si la ciudad quiere su policía, que la pague como todos nosotros”.

Toda la ironía planteada en los párrafos previos sirve para plantear una discusión que entonces no tiene mucho futuro, atento que “el Interior” -incluyendo gran parte de la provincia de Buenos Aires que también plantea sus objeciones- cuenta con 232 diputados (sobre 257) y 69 senadores (sobre 72).

La venganza de los “pueblerinos”

La discusión es en torno de la discutida ley Cafiero. Todos los dirigentes porteños piden su derogación. Pero recientemente el propio autor de la norma -Antonio Cafiero- salió a defenderla en las páginas de Parlamentario. “El Estado Nacional no puede desprenderse completamente de la Policía Federal, ni los porteños pretender que el conjunto de las provincias solventen su presupuesto”, dijo en la última edición de Parlamentario.

En una de las últimas sesiones del Senado, el cordobés Carlos Rossi salió a quejarse porque los porteños les echan la culpa al Congreso por la falta de sanción de la derogación de la ley Cafiero. “No vemos la hora en que la ciudad de Buenos Aires pueda tener su policía propia”, se defendió el legislador juecista. Pero… “pagada con su presupuesto, de la misma manera que lo hacen todas las provincias de la Argentina. Así lo hacen inclusive las más pobres, que tienen que pagar su policía, sus bomberos y su Justicia”.

“Que realmente la ciudad de Buenos Aires tenga la Policía pagada con el esfuerzo de los porteños, y no con el que están haciendo todos los argentinos”, concluyó.

Los senadores porteños Rodolfo Terragno y Vilma Ibarra salieron al cruce de estas declaraciones. “El reclamo legítimo que hace (y deberá seguir efectuando la ciudad), hasta que logre el objetivo, está marcado en la Constitución Nacional; no es para que le paguen la Policía, sino para asumir plenamente sus responsabilidades y tener los ingresos correspondientes”, dijo el radical. “Es mucho el dinero que se discute -dijo por su parte Vilma- y por eso hubo una alta resistencia de los distintos sectores provinciales, porque se debaten puntos de Coparticipación”. Según sus cuentas, el debate no pasa por autonomía sí o no, sino por dos mil millones de pesos, que hay que ver cómo se reparten. “La verdad es que el tema en discusión es básicamente el referido al dinero”, aseguró.

En Diputados, el debate también está frenado, a pesar de que el ex candidato a jefe de Gobierno por el oficialismo se paseó varias veces por el Congreso asegurando que ya estaba consensuado un predictamen.

Una de las impulsoras de ese predictamen, la diputada Juliana Marino aseguró a Parlamentario que se debería llegar a un acuerdo, porque se tomaron las medidas que exigían muchos legisladores del interior. Claro que esto se refiere a que se mantengan las competencias federales de la Policía Federal. Pero en lo que aún no hay acuerdo es en el tema del dinero. “Ya el conjunto del país está pagando esta Policía”, dijo Marino, quien insistió que la transferencia tiene que darse con recursos que ella estima en alrededor de mil millones.

Sin embargo no todos acuerdan con esta postura. Carlos Snopek, jujeño y titular nada menos que de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, aseguró que “no hay que transferir nada”. “La ciudad de Buenos Aires tiene que crear su Policía propia y la Federal tiene que dejar de controlar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires”. Y agregó: “Nosotros no estamos dispuestos a transferir nada, cada uno que se pague su propia Policía”.

– Legisladores del interior dicen que no están dispuestos a pagarle la Policía a la ciudad– le comentó Parlamentario a Juliana Marino.
– Entonces entraremos en un conflicto entre el interior y la ciudad.

Proyectos que vienen y que van

En el Senado hay varios proyectos sobre el tema, en su mayoría elaborados por legisladores del “interior profundo”. El más pícaro es el de Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. El mismo consta de cinco artículos: el primero deroga los artículos 7, 8 y 10 de la ley Cafiero (es decir, que transfiere policía y Justicia); los siguientes tres dicen que hasta tanto se haga efectiva la transferencia, la Nación se hará cargo; el último es “de forma”. No se habla en absoluto de transferencia presupuestaria.
Algo similar sucede con un proyecto de la senadora chubutense Silvia Giusti.

Vilma Ibarra también tiene presentada una propuesta que exige las partidas presupuestarias y los bienes serán transferidos libres de todo gravamen.

En Diputados también hay distintos proyectos. Uno de ellos fue presentado por Cristian Ritondo -junto a Mauricio Macri- que tampoco exige la transferencia presupuestaria. Esta propuesta fue presentada para su tratamiento sobre tablas el 6 de junio pasado y fue denegada. También hay otro proyecto de autoría del propio Macri que transfiere “las funciones, el patrimonio, la estructura, los recursos humanos y las partidas presupuestarias” a la vez que exige determinados parámetros de inversión por parte del municipio. Es decir, que Macri tiene dos proyectos de su autoría casi antagónicos…

Una tercera propuesta relevante fue presentada en abril del año pasado, consensuada por casi todos los representantes porteños en Diputados: desde Silvana Giudici, Rafael Bielsa, Federico Pinedo y Claudio Lozano, entre otros. Esta dicta la transferencia en 180 días y luego dice que la Nación y la Ciudad “suscribirán los convenios necesarios para la ejecución de esta norma”. Lo curioso es que cuando la firmante Giudici dejó su banca, quedó a cargo de la iniciativa a una radical santafesina (es decir, una mujer del interior) como Alicia Tate. Esta legisladora es una de las que estaría batallando por la autonomía porteña.

El ARI también tiene su proyecto, firmado por sus representantes porteños. Esa iniciativa es más amplia que la sola transferencia de la policía y Justicia y abarca toda la denominada “ley Cafiero”. Y aclara “La transferencia incluirá las correspondientes estructuras funcionales, medios materiales, inmuebles y personal afectado al cumplimiento de sus funciones. Las competencias transferidas serán acompañadas por los consiguientes recursos”.

Por último, Juliana Marino también tiene presentado su proyecto que no habla de temas presupuestarios, aunque el dictamen que ahora está intentando consensuar es más completo: especifica claramente cuáles serán las competencias de la Federal en la ciudad e incluye una cláusula transitoria que dice que “celebrarán los convenios de transferencia de competencias, unidades organizativas con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotación de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios correspondientes”.

Mientras tanto, legisladores del interior también presentan proyectos. Raúl Solanas, por ejemplo dice que la ciudad “deberá crear las partidas presupuestarias necesarias para absorber el gastos que dicho traspaso erogue”.

¿Y ahora qué?

Entre quienes no piden la transferencia de recursos existen diferencias de formas y de fondo. Hay algunos -como por ejemplo el macrista Eugenio Burzaco- que aseguran que no es necesario pedir los recursos, porque de otra manera la norma sería inconstitucional: la propia Carta Magna establece que no se pueden transferir servicios sin presupuesto. Por eso, los “minimalistas” en derecho dicen que no es necesario explicitar algo que ya consta en la ley madre, que es la Constitución.

Otros en cambio lo omiten con intencionalidad política. No quieren delegar esos mil o dos mil millones a una ciudad rica. “Sería una redistribución de ingresos al revés: les quitamos a los pobres para darles a los ricos”, dijo Snopek a Parlamentario. “Ellos son un distrito rico, con muy poco territorio y no puede ser que hasta los incendios de Buenos Aires los pague todo el país y los de Santiago del Estero sólo los santiagueños”, agregó en referencia a que incluso los bomberos hoy los paga la Nación.

Snopek fue categórico al decir “por acá no pasa”. Sin embargo otros legisladores del Interior no descartaron que por la presión política se vean obligados a aprobar una ley contra su voluntad.

Precisamente en la primera reunión de Kirchner con Macri acordaron que el 15 de agosto es la fecha tope que tienen los diputados para derogar parcialmente la ley Cafiero que limita la autonomía plena de la ciudad. Ello implica el traspaso de la Policía Federal, parte del transporte público y la administración del Puerto, entre otros.

Esta decisión del presidente Néstor Kirchner obligaría al bloque oficialista, especialmente a los del interior, a revertir las posiciones vertidas en esta crónica. ¿Habrá obediencia debida? Ya que la resistencia es fuerte… muy fuerte.