El diputado nacional Carlos Tinnirello impulsa una iniciativa para que se cree el Instituto Nacional para la Identidad de las Personas, como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto apunta, según explicó Tinnirello, a garantizar que toda persona que tengan dudas sobre su identidad cuente con el respaldo para llevar adelante todas las tareas necesarias para llegar a la verdad.

Según la iniciativa, le corresponde al Instituto coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional al ratificar instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, en lo atinente al derecho a la identidad; intervenir en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad; crear delegaciones en todo el territorio de la Nación; elevar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de gastos; proponer al Congreso de la Nación las modificaciones normativas necesarias para garantizar el goce del derecho a la identidad; solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estimen útil a los efectos de la fiscalización, dentro del término que se fije.

En los fundamentos, el diputado aclara que el proyecto que presentó no tiene como objetivo evitar la comisión de esos hechos aberrantes cometidos en la dictadura. Para ello, “sólo basta con que los funcionarios judiciales, policiales, de las fuerzas de seguridad, de los hospitales, de los Registros Civiles, y de Migraciones, dejen de tener intereses concretos en el tráfico de personas”.

“Es imposible suprimir la identidad de una persona sin un funcionario del Registro Civil que extienda el acta apócrifa; pero también es imposible sin un médico u obstétrica que se apropie del recién nacido para dárselo a sus apropiadores (y, en su caso, falseen la constatación de parto). Igualmente, sería imposible “blanquear” las apropiaciones sin jueces que las hagan figurar como adopciones; así como sería imposible hacerlo sin una policía (o gendarmería) que funciona como engranaje esencial de este perverso mecanismo”, aseguró el diputado de REDES.

Con respecto al tr{afico de personas, Tinnirello disparó: “no habría lugar para el tráfico internacional de personas sin funcionarios de Migraciones que, mínimamente, miran para otro lado cuando se saca a una persona del país. Claro que cuesta creer que, si miran para otro lado, lo hagan por negligencia. Pero, más que nada, las responsables de este crimen son las políticas económicas que llevan a amplios sectores de la población a la más absoluta pobreza, privando a esos sectores de toda posibilidad de garantizar salud y educación para sus hijos. Esta situación no sólo no conmueve a los partícipes del tráfico de personas, sino que la aprovechan para “canjear” un recién nacido por dinero, comida, u otros elementos”.

Además, el legislador acusó a la Iglesia católica y recordó que “recientemente, Julio Ruiz, de la Fundación Adoptar, ha denunciado que el Obispado de Añatuya (Provincia de Santiago del Estero) participaba en esta actividad, “pagando” cada recién nacido con la construcción de una pared, hasta terminar la casa. Las denuncias apuntan concretamente a quien estuviera al frente del Obispado, Antonio Baseotto”.

“La trata de personas ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del tráfico de drogas y el de armas, moviendo anualmente 32.000 millones de dólares”, concluyó Tinnirello.