Las legisladoras argentinas y su rol hacia una democracia plena

Por Mabel Müller

El corriente año está jalonado con dos hitos trascendentes para la historia hacia la igualdad real de trato que reclaman las mujeres argentinas como ciudadanas, a saber:
En el venidero septiembre se conmemorará el sexagésimo aniversario de la sanción de la ley 13.030, que habilitó a todas las mujeres adultas de nuestro país a elegir y a postularse para ser electas y ocupar funciones políticas y públicas en los poderes del Estado Nacional. En el próximo octubre, como culminación de un arduo pero ascendente camino recorrido desde entonces, al menos dos mujeres disputarán, a partir de haber obtenido por sus propios méritos amplios consensos públicos- y con serias posibilidades de alcanzar sus propósitos de triunfo-, la Presidencia de la República Argentina.

Todo comenzó en enero de 1947, cuando se constituyó el Partido Peronista y en él, su rama femenina a cargo de Eva Perón. En nueve meses de gestación y organizada movilización, la líder de ese pacífico pero revolucionario nuevo movimiento hacia la igualdad y la justicia social, conseguía del Congreso Nacional que, eludiendo todos los arcaicos subterfugios de quienes resistían el cambio, se consagrara el derecho irrenunciable de las mujeres argentinas a su definitiva independencia cívica y a formar parte decisiva de la soberanía política en nuestra democracia.

En aquella solemne ocasión del debate, el miembro informante del peronismo proclamó: “…La posición del bloque mayoritario en lo relativo a la incorporación femenina, es que exista la igualdad completa de derechos y obligaciones…lo que se infiere de posiciones igualitarias de hombre y mujer en el terreno del espíritu…y de esta igualdad derivaría en el campo jurídico la paridad de atribuciones y deberes.”

Al siguiente año, impulsada por la Argentina, se aprobó la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, donde se estableció que “el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo…”. Este mismo criterio fue asumido para todo el mundo en 1952 por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer. En ese mismo año, en nuestro país, por el libre voto popular se incorporaban en ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional las primeras 22 legisladoras.

Desde el restablecimiento en 1983 de la constitucionalidad democrática, corresponde señalar al Pacto de San José de Costa Rica, el que dispuso expresamente: “La igualdad y la no discriminación por razones de sexo” como derecho humano esencial en nuestro continente; y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, que en 1993 los especificó así: “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad Internacional”.

A partir del año 1989, el Gobierno Nacional recién electo, enfatiza su preocupación por el reconocimiento operativo de los derechos adquiridos por las mujeres políticas. En esos momentos, nace Semanario Parlamentario, que desde sus páginas apoya consecuentemente tal política de igualdad de género. Es así que, sucesivamente, y otra vez venciendo resistencias atávicas, se logra en 1991 la sanción de la Ley 24.012, que impone un piso infranqueable en la participación femenina para cada oferta electoral.
Años más tarde se consolida esta ley con la creación sucesiva del Consejo Nacional de la Mujer (D.1426/92) y en su seno, posteriormente (1995) el Consejo Federal de la Mujer, en el cual esta Diputada tuvo el honor de representar a la Cámara de Diputados de todas las legisladoras que la integraban entonces.

El último peldaño del ascenso hacia el pleno goce de tales derechos en la República Argentina, lo consagra para todo el porvenir el nuevo artículo 37 que se incorpora por la Reforma de 1994 a la Constitución Nacional, en el cual se prescribe que: “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.

El futuro que soñaba la compañera Evita y tantas otras precursoras de la igualdad de trato entre varones y mujeres para la conducción del Estado, ya es una realidad irrefutable. Ha llegado el momento de la voluntad política y el hacer verdad fáctica y permanente todo cuanto el Deber Ser de los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y las leyes de su aplicación jurídica demandan. Todo proceso que niegue o demore esa realidad sería moral y políticamente imposible. Mucho más, si el próximo 10 de diciembre el Sí, Juro lo pronuncia ante la Asamblea Legislativa una señora Presidenta.

* Mabel Müller es diputada nacional del Peronismo Federal. En 1989 era diputada provincial

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