El ARI recordó que advirtió en 2006 las carencias que hoy recalca el Gobierno naconal.
Las serias carencias que advirtieron en el plan del Gobierno, los técnicos de la UBA, el Defensor del Pueblo, las ONGs y hasta las empresas involucradas, son los puntos que el ARI ya había exigido antes que se establecieran por ley.
El partido fundado por Elisa Carrió recordó que su proyecto de ley proponía una solución acorde a la complejidad que el problema requiere. Para ello proponía cinco puntos indispensables que hoy se advierten ausentes:
El proyecto del ARI declaraba la Emergencia Ambiental por el término de cinco años, teniendo en cuenta que la problemática no solo se trata de la navegabilidad del río o el control de las aguas -como dice la ley 25.688- sino que el saneamiento de la cuenca, involucra tanto a las fábricas y de las empresas radicadas en ese lugar como el saneamiento del agua, el suelo y el aire.
Para salvar los conflictos de competencias que históricamente han obstaculizado el saneamiento y la gestión sustentable de la cuenca, el ARI proponía la firma de un Tratado Interjurisdiccional, de acuerdo a lo normado por el art. 125 de la Constitución Nacional, y cuyo incumplimiento acarreaba la responsabilidad penal de los funcionarios
Esa construcción jurídica mediante Tratado de la Autoridad que tendría a cargo la gestión de la cuenca, es la que le daría solidez y efectividad a la misma y evitaría posteriores planteos de inconstitucionalidad ante la ejecución de las medidas que correspondan.
“El plan del Gobierno sólo crea por ley el Comité de Cuencas pudiendo, las jurisdicciones involucradas, argumentar en algún momento la incapacidad para cumplir con sus responsabilidades en el saneamiento”, destacó el partido a través de un comunicado.
Se creaba un Programa de Asistencia Médica Integral, que sería coordinado por los Ministros de Salud de cada una de las jurisdicciones intervinientes y determinaría, a través de estudios epidemiológicos, qué enfermedades se derivan de factores ambientales, el origen de las mismas y sus consecuencias, debiendo este programa garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que correspondan a dicha problemática. Asimismo se imponía el desarrollo de estrategias de promoción y prevención de la salud y la elaboración de un registro y una base de datos.
Con relación a la implementación de las líneas de acción que se planteaban, se fijaban plazos estrictos e improrrogables y de cuyo incumplimiento responderían penalmente los funcionarios involucrados.
El plan del gobierno crea una Comisión Consultiva integrada por “representantes de las organizaciones con intereses en el área”, mientras el proyecto de ley del ARI “integraba a la estructura del Comité la participación de la Sociedad Civil en la toma de decisiones” determinando por ley la participación activa de la ciudadanía en el diseño, ejecución y control de las políticas aplicadas de todo el plan.
El ARI recordó que el 11 de mayo de 2006 presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. No recibió tratamiento ni figuró en el temario de ninguna de las comisiones que se le asignaron para su tratamiento.
El 15 de noviembre el ARI participó del debate en el recinto y en contrapartida presentó su proyecto de ley como dictamen en minoría fundamentando la ausencia de ciertos puntos “imprescindibles para dar real solución a la problemática de la cuenca”.
