Finalmente este martes tendrá lugar el primer encuentro entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los diputados del PRO Federico Pinedo y Eugenio Burzaco, quienes fueron designados por Mauricio Macri para representar a su sector en las discusiones sobre la autonomía porteña.

El encuentro tendrá lugar luego de la polémica generada entre ambas partes porque el ministro del Interior se rehusó a recibir días pasados al diputado Burzaco, con el argumento de que nadie le había anunciado oficialmente que este diputado estaba a cargo de las negociaciones macristas.

Amén de ese desajuste, las negociaciones tienen que ver con el acuerdo establecido entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño electo, en la reunión que mantuvieron el pasado 27 de junio.

Los diputados del PRO llevarán al jefe de Gabinete inquietudes referidas al traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la Ciudad que, pretenden debe incluir fundamentalmente la transferencia de fondos por parte de la Nación.

También llevarán cuatro proyectos de ley que ya presentaron formalmente en la Cámara de Diputados y que amplían la iniciativa que presentó Macri mientras fue legislador. Esos proyectos -firmados por Cristian Ritondo, Pinedo y Burzaco- están referidos a la seguridad, la Justicia, el transporte y el puerto de Buenos Aires y buscan la modificación de la denominada ley Cafiero.

Además, según la propuesta de PRO, la seguridad porteña tendría su régimen único de oficiales, salarios equiparados con la Justicia, escuela de policía propia, libertad personal de traspaso, crecimiento del 9 al 20 por ciento del presupuesto en cuatro años y mejoras de la infraestructura y el equipamiento de los agentes.

Los diputados plantearán que la Nación debe traspasar también las partidas presupuestarias correspondientes, en una movida que presupone que la Ciudad terminará asumiendo el financiamiento de su seguridad cuando la administración central le aumente el porcentaje de coparticipación federal primaria. Ese es el punto más polémico de la cuestión, ya que bordea, según estimaciones legislativas, los dos mil millones de pesos anuales, lo que provoca resistencia entre algunos diputados y senadores del interior que no quieren ver afectados los recursos de sus provincias.