La Cámara alta aprobó el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a fines de mayo para reordenar la actividad ferroviaria, creando la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, por lo que ahora es el turno de la Cámara baja.

El proyecto de ley fue sancionado por 32 votos afirmativos y 15 negativos.

El miembro informante del oficialismo fue el senador Celso Jaque, quien aseguró que se introdujeron algunos cambios al proyecto original, para que “las provincias sean parte de los organismos que garanticen el diseño de las estrategias y la planificación de la ejecución de un sistema ferroviario moderno y federal que la Argentina necesita”.

Jaque destacó que este proyecto de ley “tiene que ver con un sistema ferroviario adecuado a nuestro futuro, con la mirada puesta en nuestros consumidores garantizandoles la rentabilidad social y la rentabilidad economica a los prestadores del servicio”.

El miembro informante de la UCR, Alfredo Martínez, cuestionó que el Gobierno no remitiera los estatutos por los que se constituirán esos organismos, ni sus planes de funcionamiento. Además, criticó que el proyecto no asigna al Congreso un rol de fiscalización, y lo consideró “una mala copia” del órgano de control ferroviario que funciona en España, al que consideró un modelo a seguir.

Cabe destacar que el proyecto establece que uno de los dos entes que se crearán se encargará de administrar la infraestructura ferroviaria, su mantenimiento, y controlar las inversiones, en tanto que el otro fiscalizará la prestación de los servicios de pasajeros y cargas.

En el ejercicio de sus funciones, la Administración deberá “tener en cuenta la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario”.

Planificación Federal tendrá competencia en la estrategia ferroviaria, ordenación y regulación del sistema, la determinación de aportes del Estado para la financiación de las sociedades creadas por esta ley y la aplicación y el cumplimiento de los contratos de concesión, entre otros puntos.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “o el organismo que la reemplace en el futuro”, tendrá por funciones la de fiscalizar las actividades de las empresas concesionarias de los servicios ferroviarios.

Asimismo, se crea el Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario como ente descentralizado del Estado Nacional que tendrá competencia para resolver los eventuales conflictos entre la Administración de Infraestructuras o la Operadora Ferroviaria y las concesionarias del servicio de transporte ferroviario.

Por otra parte, es menester comprender que la iniciativa surgió luego de que el Gobierno le retirase la concesión de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur a la empresa Metropolitano por deficiente prestación de esos servicios, y tras los serios incidentes que protagonizaron usuarios en la estación Constitución el 14 de mayo pasado.

Al respecto, la senadora Sonia Escudero expresó su deseo de que “se logre así la tan postergada reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, fundamental para el desarrollo del norte argentino”. “Esperemos que en esta ocasión se pueda, finalmente, avanzar en la reactivación de una verdadera red ferroviaria que integre efectivamente al país, económica y socialmente, toda vez que se trata de un servicio estratégico e imprescindible para el desarrollo y la equidad interregional”, sostuvo la legisladora.

Por otra parte, resaltó Escudero dos aspectos incorporados al proyecto durante su tratamiento en comisión. “Por un lado, la creación de unidades administrativas por región, integradas por las provincias, que deberían tender a promover el interés general de los ciudadanos y las instituciones relevantes de cada región. Por otro, la creación de un tribunal arbitral descentralizado, para resolver los conflictos entre la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la operadora –dos nuevos organismos que se crearán con esta iniciativa-, y las concesionarias”.

La iniciativa contaba con dictamen favorable de los senadores kirchneristas, pero había sido firmado en disidencia parcial por los legisladores Pedro Salvatori, Guillermo Jenefes y Marcelo Guinle. En total desacuerdo se encontraba el radical Alfredo Martínez.