La discapacidad pareciera ser un fenómeno no tan visible, no tan frecuente. Sin embargo, las estadísticas indican que en Argentina el 20,6% de los hogares de las localidades de más de cinco mil habitantes alberga al menos una persona con alguna discapacidad. Es decir, aproximadamente uno de cada cinco hogares del país. Mientras que en Salta, la población con discapacidad alcanza el 6,7%, siendo 48.161 los hogares salteños –el 25%- donde habita, al menos, una persona discapacitada.

Estas reflexiones se desprenden de la disertación brindada por la senadora nacional por Salta Sonia Escudero (PJ), en el marco del seminario “La promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad” que organizó la Cancillería argentina.

El encuentro tuvo como eje la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que la Argentina firmó en marzo de este año, junto a otros 81 países. El instrumento aún no ha sido ratificado, aunque ya existen algunos proyectos de ley instando a su incorporación al derecho interno de nuestro país. En tal sentido, la representante salteña solicitó instó al Ejecutivo Nacional que remita el texto a la brevedad al Congreso Nacional.

Por otra parte, Escudero advirtió que “las leyes argentinas que consagran los derechos de los discapacitados existen desde 1981, pero en muchos casos quedan en el papel y no se respetan. Lo que sucede es que no existe un órgano independiente que se encargue de velar por su cumplimiento, y con capacidad para aplicar sanciones”. En tal sentido, sugirió la posibilidad de crear la figura del Defensor de los Discapacitados.

Asimismo, recomendó integrar y actualizar todas las normas existentes en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad en un único texto, y poner mayor énfasis en la difusión de estas leyes entre la población involucrada. “En especial, en zonas rurales y parajes alejados –de menos de 5 mil habitantes-, sobre los cuales no se conocen cifras sobre la cantidad de personas que presentan alguna discapacidad y que, por esa razón, no están alcanzados por la acción social del Estado”, agregó la legisladora.

Para tener una noción del estado real en que se encuentran las personas discapacitadas en la Argentina, bien vale analizar los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) entre 2002 y 2003.

 En el país, en las localidades de cinco mil habitantes o más, la población con discapacidad representa el 7,1%. Son en total más de dos millones de personas (2.176.123). Se sabe, por otra parte, que afecta en mayor medida a las personas mayores de 65 años: el 28,3% en todo el país, y el 29,7% en Salta.

 La gran mayoría de los niños discapacitados del país, de entre 3 y 14 años (el 81,2 %) asiste a la escuela, en tanto que uno de cada 10 no asistió nunca. Entre quienes reciben educación común, casi la mitad completa la primaria; no lo logra un 32,6%. Sólo un 7% alcanza el nivel terciario o universitario.

 En cuanto a la cobertura sanitaria, el 60% recibe o recibió estimulación temprana, tratamiento o rehabilitación. En cambio, un 14% de la población con discapacidades no recibe ni la recibió nunca.

 En cuanto a sus posibilidades de inserción laboral, se advierte que sólo un 25% de los discapacitados mayores de 14 años están ocupados. La gran mayoría (68%) están inactivos. Casi un 70% no realiza aportes jubilatorios.

 El 91,2 no posee pensión por discapacidad. Cabe aclarar que es un beneficio al que sólo pueden acceder quienes acrediten una discapacidad mínima del 76 %, que no reciban otro beneficio social, no posean trabajo, ingresos, bienes o recursos que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar.

Nuevos derechos

Ahora bien, cuando hablamos de protección de derechos de los discapacitados, cabe destacar que desde 1981 a esta parte, se han realizado más de 70 modificaciones y agregados al texto de la ley 22.431 que creó el Sistema de protección integral de los discapacitados. “De allí la necesidad de integrar y actualizar los conceptos de la legislación vigente, a los fines de adecuarla a los nuevos derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas, firmada recientemente por la Argentina”, sostuvo la senadora Escudero.

Entre los nuevos derechos contemplados, se puede mencionar: la protección a mujeres con discapacidad (víctimas de una doble discriminación: por ser mujer y por ser discapacitada); el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones; el derecho a poseer y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros e igualdad de acceso a préstamos bancarios, créditos e hipotecas; y el acceso a la justicia.

La Convención reconoce, también: la no privación ilegítima de la libertad; la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; protección contra la explotación, la violencia y el abuso; la libertad de expresión y de opinión y el acceso a la información a través de formatos adecuados y tecnologías accesibles, y el reconocimiento y promoción de la lengua de señas.

Y finalmente, el respeto a la privacidad; al hogar y la familia (igualdad de condiciones para relaciones sexuales, planificación familiar, educación y salud reproductiva e igualdad de derechos en tutela y adopción de niños); derecho a la participación en la vida política y pública (a ser candidato y a ocupar cargos públicos); y a la participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte.

“Resta, entonces, trabajar por el reconocimiento de estos nuevos derechos y por su incorporación en la legislación argentina, así como velar por su efectivo cumplimiento”, instó la senadora Escudero.