Diputado propone una comisión especial entre ambas cámaras sobre la problemática de la falta de gas, luz y agua.
El diputado nacional Miguel Angel Giubergia presentó un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis Energética.
La Comisión tendrá el objetivo de constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de resolver la crisis energética.
Para ello podrá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Gobierno. La comisión deberá, además, informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
El diputado manifestó que “la Argentina entró en una crisis energética de características inusitadas y estructurales. No hay provisión de gas natural y, como consecuencia, tampoco se puede generar la electricidad necesaria para abastecer el crecimiento de nuestra economía. Las empresas concesionarias no cumplieron con las inversiones comprometidas, cuestión que el Estado tampoco controló. Se redujeron las reservas de gas producto, entre otros motivos, de las exportaciones beneficiadas por el cambio monetario. Todo indica que no se apostó a la inversión y exploración de nuevas fuentes de recursos, desatendiendo el nivel de demanda del crecimiento económico”.
“La realidad argentina no varió desde el año 2004, momento en el cual presentamos la propuesta de declarar la emergencia energética. De hecho, la situación empeoró. Se han hecho muchos anuncios pero las obras importantes no se han concretado. Se privatizaron los servicios, se sancionaron leyes marcos que regulan las actividades. Se crearon los entes reguladores bajo la órbita estatal, encargados de regular las licenciatarias y concesionarias. Sin embargo, la situación es cada vez más insostenible”, explicó Giubergia quien, como miembro de la comisión de energía, sigue exhaustivamente el problema energético del país.
Según el proyecto de ley presentado por el diputado radical, y a los efectos de resolver la crisis energética, la comisión bicameral tendrá en cuenta los siguientes puntos: un plan de emergencia para 3 años, la planificación para el mediano y largo plazo, un nuevo marco regulatorio y un real control de los fondos de la inversión pública y privada en el sector. En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Bicameral tendrá amplias facultades para controlar e investigar de oficio y deberá implementar todos los mecanismos necesarios a los efectos de cumplir cabalmente con su objeto.
La Comisión Bicameral tendrá la facultad para solicitar al Poder Ejecutivo, al jefe de Gabinete de Ministros, a los organismos de regulación toda información respecto de estado patrimonial de los fondos fiduciarios, el flujo de fondos proyectado, la ejecución presupuestaria de los recursos y gastos, y el detalle de transferencias realizadas a los gobiernos provinciales, a empresas, a Sociedades del Estado y a cuentas en el exterior, entre otros puntos.
La comisión, que estaría integrada por 7 senadores y 7 diputados, también hará un seguimiento del plan de obras y las contrataciones de servicios, auditorias, consultorías, tareas de asesoramiento y otros tipos de contrataciones realizadas por quien o quienes tengan a su cargo la administración de los fondos fiduciarios. Según el Proyecto de Ley, el presidente de la Comisión Bicameral será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor representación parlamentaria en el Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral dictará su propio reglamento a los fines de su integración y funcionamiento
“No debemos olvidar que el acceso a la energía es discriminatorio. En el caso de la electricidad puede obedecer a que depende de la energía comercial, y por lo tanto está más emparentada con el sector privado que con el público. Pero todos sabemos que el sector privado, muy dependiente de los mercados, es incapaz él sólo de electrificar a los países en vías de desarrollo. Por eso que es fundamental la acción del Estado para establecer el equilibrio, usando como herramienta la planificación. La energía, y más aún la electricidad, se sitúa entre la actividad industrial y comercial y la satisfacción de las necesidades sociales. Por eso necesita un enfoque muy particular y su acceso debe ser integrado como un elemento esencial del desarrollo y no solamente como una cuestión caritativa o solidaria. Argentina posee un elevado porcentaje de electrificación (95%), pero una muy alta proporción de su población rural (30%) carece de servicio eléctrico”, explicó Giubergia.
En materia de energía, el corto plazo y la especulación son incompatibles con una gestión prudente de los recursos fósiles y con la seguridad de abastecimiento. Las reservas de gas natural no pueden sostener los compromisos internos y externos y menos aún el crecimiento de la demanda, y a esto se suma la caída de la producción y de las exportaciones de petróleo, que introducen un problema más a los enumerados. Las nuevas centrales eléctricas cuya construcción esta prevista, estarán en servicio recién a partir del año 2009.
“Por eso creemos que la intervención del Congreso en cuanto representante de los intereses de las provincias y del pueblo de la Nación es imprescindible para ayudar y controlar al Poder Ejecutivo en el manejo y resolución de esta crisis”, agregó el legislador jujeño.
