Tres salones de un edificio considerado representativo de la ciudad de Buenos Aires que será demolido, al no figurar como patrimonio histórico, fueron salvados mediante un amparo, debido a su alto valor cultural. La intervención de dos legisladores.
El edificio de la avenida Callao 924, en la zona de Barrio Norte, será demolido por disposición de sus nuevos propietarios, que lo adquirieron recientemente en un remate. Sin embargo, un amparo judicial presentado por la Asociación vecinal “Basta de Demoler” y los diputados porteños de la Coalición Cívica Teresa de Anchorena y Carlos de Filippo logró salvar tres salones de 300 metros cuadrados que contienen importantes elementos arquitectónicos y de decoración de principios del siglo 20.
“Llegamos a un acuerdo con los propietarios para que preserven el espacio, en el nuevo edificio que van a construir, para los tres salones en donde hay vitrales, chimeneas, maderas y pisos de la Francia de principios de siglo pasado”, dijo Teresa de Anchorena.
El edificio fue construido en 1922 en el solar donde nació Nicolás Rodríguez Peña en 1775 y forma parte de un entorno de alto valor urbanístico y ambiental, caracterizado por la Plaza Rodríguez Peña, el Palacio Pizzurno y las embajadas de Arabia Saudita y la República de Serbia y Montenegro.
De Anchorena explicó que “el gobierno porteño había puesto en su página web al edificio de la avenida Callao como representativo de la ciudad, dado su valor arquitectónico, pero el Ministerio de Gobierno autorizó su demolición”.
“Por este motivo, junto con los vecinos, presentamos un amparo judicial y, a través de un acuerdo que firmamos con los nuevos propietarios, se comprometen a preservar el espacio para los tres salones con toda la 'boisserie' que estaba en el antiguo inmueble”, reveló la legisladora.
Según la diputada, en la ciudad de Buenos Aires hay 2.706 edificios considerados representativos del patrimonio porteño, pero que al no entrar en un registro de inmuebles calificados como patrimonio histórico y cultural, corren peligro de ser demolidos.
En 2003 se dictó la ley 1227, por la cual se ordenaba realizar un listado de todos los bienes culturales que poseía la ciudad de Buenos Aires e incorporarlos en un registro como patrimonmio histórico.
La ley fue reglamentada parcialmente en febrero del año pasado, pero el punto de la norma que habla sobre la creación de un registro aún no fue reglamentado por el gobierno porteño.
La demolición del edificio había sido suspendida la semana pasada por orden de la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado 4 de la Ciudad de Buenos Aires.
