El Senado deberá analizar ahora el proyecto aprobado por los diputados, según el cual queda prohibido el uso de teléfonos celulares en todas las unidades penitenciarias del país.

Una amplia mayoría aprobó el proyecto de la diputada nacional Mirta Pérez que establece que si los reclusos utilizan teléfonos públicos o de línea pertenecientes a los establecimientos penitenciarios, sus llamadas deberán ser grabadas para su eventual control.

La norma establece que los teléfonos referidos “deberán emitir una grabación donde se advierta a los presidiarios de tal situación antes de establecer la comunicación”.

Este proyecto, presentado por Mirta Pérez el 1° de Marzo del corriente año, bajo número de Expte: 0141-D-07 establece además en su articulado, que “las llamadas que realicen los presidiarios cuando utilicen teléfonos públicos o de línea pertenecientes a las unidades penitenciarias, deberán ser grabadas para su eventual control”; como así también que las líneas referidas “deberán contar con un sistema que permita al receptor de la llamada la identificación de la procedencia de la misma”