Mientras la falsificación de documentos se convierte en una pesadilla, una iniciativa en la Cámara de Diputados pretende darle una solución. Todavía no se ha tratado en comisión.
Al mejor estilo del cine de Hollywood cientos de ciudadanos deben convertirse en héroes para seguir sus vidas sin nombre y sin apellido, con un documento nacional y las cuentas bancarias “copiadas” o “clonadas”.
Ante la desprotección legal, en el Parlamento nacional existen varias propuestas para solucionar esta problemática.
Una de ellas pertenece a diputados del ARI, donde proponen la creación del Registro Público Nacional de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) extraviados o sustraídos.
La iniciativa de la diputada Delia Bisutti establece que el objeto de este registro será administrar en una base de datos los DNI que hayan sido denunciados por los ciudadanos como extraviados o sustraídos.
El artículo 3º dice que la base de datos podrá ser consultada por cualquier persona física o jurídica, será de acceso libre, gratuito y deberá estar actualizada y on line permanentemente, lo que podría ser muy peligroso, ya que si bien informa quién ha perdido el documento, deja al descubierto quiénes podrían ser objeto de un robo de identidad al no tener el DNI. Muchos hackeadores de identidad estarán al acecho en esta nueva base de datos que contará con la información del denunciante: apellido y nombre; número de identidad, aclarando si era original; y fecha, hora y lugar de la pérdida.
La metodología para denunciar la pérdida o el hurto se deberá hacer una denuncia preventiva ante el Registro, por Internet o telefónicamente, durante las 24 horas, a los efectos de ser incluido en el listado en forma inmediata a la denuncia. La misma deberá ser acreditada fehacientemente dentro de las 72 horas, presentando la denuncia realizada ante el organismo competente, caso contrario será excluido del Registro. Cabe destacar que la denuncia realizada ante la entidad tendrá validez judicial.
Sálvese quién pueda
La pérdida de un DNI provoca dolores de cabeza, ni qué hablar de las transferencias bancarias y operaciones comerciales que se realizan sin consentimiento previo. Muchos comercios y entidades financieras otorgan préstamos o venden diferentes artículos en cuotas, a sola firma y como único requisito la presentación del DNI. Este tipo de publicidades y ofertas son más que habituales en nuestros días.
Pero qué sucede cuando el documento presentado es de otra persona, a la que se lo han robado o simplemente lo ha perdido. Resulta evidente que el mayor perjudicado es aquella persona que sufrió el robo de identidad porque le tocará padecer su ingreso al Veraz y quedar inhabilitado para poder recibir un crédito, un préstamo o ser rechazado como inquilino o garante hasta tanto no se aclare su situación.
Los damnificados deberán erogar importantes sumas de dinero en juicios y trámites burocráticos que demuestren que fue él la verdadera víctima de la situación, incluso perder importantes oportunidades de empleo, ser rechazados para cualquier tipo de operación bancaria y, en el peor de los casos, ser detenidos por emitir cheques sin fondos que en realidad nunca libró. Más una serie de dificultades indeseables, incluso para la propia salud de los perjudicados.
A raíz de esto, el proyecto establece que todas las operaciones comerciales o trámites que se hayan realizado con un documento único posterior a la inscripción del mismo al Registro carecerán de validez legal.
En los fundamentos, los diputados que acompañan a Bisutti, Marta Maffei, Fabiana Ríos, Elsa Quiroz, Susana García, Eduardo Macaluse y Fernando Sánchez reconocen que en la actualidad es cada vez más frecuente el “robo de identidad”. “Todo esto podría ser evitado por una norma que prevea estos sucesos, y que como la presente sea de fácil y rápida ejecutividad”, explicaron los diputados. Y agregaron: “El Estado debe asumir la responsabilidad indelegable que tiene de contralor y el poder de policía dentro del marco de sus facultades, y al mismo tiempo tiene la obligación de desalentar e impedir la realización de maniobras fraudulentas que causan un considerable daño a sus ciudadanos”.
La situación se complica más aún cuando los controles fallan o no existen, y los marcos legales no están adecuados a las nuevas tecnologías y las modalidades del delito informático. Este proyecto fue presentado a principios de este año pero todavía no ha sido tratado en comisión.
