Quedarían excluidos de los beneficios de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, otorgadas por el Decreto 866/05 del Poder Ejecutivo Nacional, quienes estuvieran procesados y/o se encontraran denunciados ante organismos pertinentes mediante prueba fehaciente de violaciones a los derechos humanos y crímenes de “lesa humanidad”, si el Congreso aprueba el proyecto de la Diputada Giudici.

El Decreto en cuestión abre la posibilidad de que perciban la denominada “Pensión Honorífica de Veterano de Guerra del Atlántico Sur” aquellos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que hayan tenido causas en trámite y/o se encontraran denunciados ante organismos pertinentes mediante prueba fehaciente de violaciones a los derechos humanos y crímenes de “lesa humanidad”; delitos, como tortura, tortura seguida de muerte, robos, homicidios y delitos conexos cometidos como miembros de una organización delictiva, en este caso dirigida por las Juntas militares que gobernaron durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, y que no hayan sido condenados.

En esta condición, se encuentran militares implicados en la desaparición de personas, y todo aquel militar que haya participado en hechos de violaciones a los derechos humanos no condenados o beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que hayan participado en la Guerra de las Malvinas.

“La República Argentina ha transitado por momentos dolorosos que atentaron contra los procesos de conformación de una identidad nacional, que rescatara los más caros principios democráticos como son la soberanía, la solidaridad social y la justicia. Esta identidad sólo es posible con memoria histórica y reconstrucción de cada aspecto y circunstancia que lesiona esos valores”, expresó la diputada Giudici. Y agregó: “esta construcción no es posible si los que fueron responsables de los procesos que fracturaron a nuestra sociedad e hirieron por décadas a sus instituciones mantengan beneficios amparados por la legislación vigente”.

Concluyó la presentación mostrando su adhesión al carácter de la pensión de guerra como un reconocimiento honorífico por los servicios prestados a la Patria, pero subrayó que “resulta inadmisible otorgar ese beneficio a los responsables de hechos de violaciones a los derechos humanos que fracturaron a la sociedad argentina, la condenaron a períodos de injusticia y discriminación y atentaron contra los valores democráticos”.