Analizan en la Legislatura porteña plan de facilidades para pagar deudas y 583 millones de pesos.
El miércoles de la próxima semana, los diputados porteños comenzarán a analizar en comisión los proyectos enviados por el Ejecutivo de la ciudad que contemplan una ampliación de fondos de 583 millones en el presupuesto del corriente año y la puesta en marcha de un plan de facilidades de pago de deudas por ABL, patentes, ingresos brutos y otros gravámenes.
Este miércoles los proyectos en cuestión ingresaron a la Comisión de Presupuesto, Hacienda. Administración y Política Tributaria, que conduce el diputado kirchnerista Juan Manuel Olmos.
Fuentes legislativas detallaron que el próximo lunes se reunirán los asesores a fin de preparar el debate que los diputados darán al respecto en la reunión del miércoles 7 de agosto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Al fundamentar el pedido de mayores fondos, fuentes del gobierno dijeron que 450 millones de pesos están destinados a cubrir el aumento salarial del 16 por ciento otorgado a los trabajadores; 60 millones de pesos en subsidios a la educación privada y 70 millones para compensar desfasajes de costos en contratos con proveedores.
Como contraparte, las autoridades porteñas aseguran que podrán en marcha recortes en los gastos por 290 millones de pesos, con la baja de contratos de personal de distintas áreas y la postergación del inicio de obras proyectadas en el presupuesto que no fueron aún licitadas. La cifra restante ingresaría a través del plan de facilidades de pago -según las proyecciones ingresarían alrededor de 250 millones de pesos por este concepto- y una sensible mejora en los fondos que recibe el gobierno autónomo en concepto de coparticipación.
El plan de facilidades para el pago de deudas por ABL, Patentes, Ingresos Brutos y otros gravámenes, beneficiará a unos 250 mil contribuyentes, con deudas por 600 millones de pesos.
El proyecto de ley contempla que las facilidades abarcarán a las deudas anteriores al 1 de enero del corriente año, salvo aquellas que tengan “sanciones firmes que tuvieran tal carácter a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen”.
