Los agentes del sistema nacional del seguro de salud y demás prestadores médicos públicos o privados alcanzados por el estado de emergencia sanitaria nacional que tengan deudas con la AFIP y estén en proceso judicial, podrán adoptar medidas para que los mismos regularicen sus obligaciones tributarias.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional en 2006 tuvo un apoyo de 123 votos afimativos, 28 negativos y 24 abstenciones. Cabe recordar que esta nueva ley tenía media sanción del Senado.

Al respecto, el diputado titular de la Comisión de Salud, Juan Sylvestre Begnis, explicó que el proyecto “permite en lugar de interrumpir los juicios que hizo la AFIP para transformarlos en planes de refinanciamiento de las deudas de las obras sociales que suman 400 millones de pesos y 120 millones de pesos en el sector privado”. Además, agregó el legislador que “no sólo regulariza la situación, sino que facilitaría a las empresas para recuperar la tecnología y dar más calidad asistencial, infraestructura e inversiones”.

En el mismo sentido, aclaró que “no podrán repartir ganancias que pudieran tener por ejercicio y quienes se acojan a este plan y no paguen tendrían a su vez la perdida del beneficio y se reanudará los juicios habituales en la AFIP”.

Cabe señalar que los planes de refinanciamiento serán hasta 15 años con un interés de 6% y un interés fijo del 6% anual por el capital adeudado en el período de emergencia sanitaria.

La oposición, encabezada por el ARI, no apoyó este proyecto porque afirmaron que “esta iniciativa es un financiamiento encubierto y una condonación de la deuda del sector privado”.

Desde el PRO, el diputado Esteban Bullrich disparó que “este proyecto es una amnistía a quienes cometieron delitos contra trabajadores argentinos a quienes se le robó la jubilación sin brindarle servicio alguno y encima nosotros votamos una ley a ciega”. Por eso, “el PRO vota encontra”, concluyó.

Por su parte, la diputada Graciela Camaño afirmó que “con este proyecto venimos a reafirmar que el país necesita una salud privada que interactúa con el sector de la Salud pública”. Y aclaró que se intente recuperar a las pequeñas empresas privadas prestadoras de servicios médicos y no de las grandes empresas”.

La ley

Artículo 1º – Serán beneficiarios de la presente ley los prestadores médico-asistenciales públicos o privados y las obras sociales del Sistema Nacional
del Seguro de Salud, siempre que hubieren sido alcanzados por el estado de emergencia sanitaria nacional, dispuesto por el decreto 486/02 y sus modificaciones.
Se encuentran alcanzados, asimismo, los establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.

Artículo 2: Quedan excluidos de las disposiciones de esta medida quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General Impositiva de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas – en las que, según corresponda,sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente con fundamento en las leyes
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones o por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros,a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. El acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo anterior, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa para la exclusión del mismo.

Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos Públicos, con arreglo a las normas del artículo 32 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
establecerá planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización tiene a su cargo, devengadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, correspondientes
a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley.
Dichos planes serán de hasta quince (15) años, tendrán una tasa de interés del seis por ciento (6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados a una tasa del seis por ciento (6 %) nominal anual hasta la fecha de acogimiento al régimen de esta ley.

Art. 4º – El importe de las primeras cuotas de los planes de facilidades de pago se imputará a la cancelación total de la deuda consolidada por aportes personales con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hasta su total extinción.

Art. 5º – Producido el vencimiento del plazo para el acogimiento del plan de facilidades de pago previsto en la presente ley, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ejecutar –sin restricción alguna– las obligaciones tributarias adeudadas que no hayan sido regularizadas.

Art. 6º – Los beneficiarios a los que alude el artículo 1º de la presente, no podrán distribuir dividendos societarios ni utilidades, en efectivo o en especie, hasta tanto no hayan cancelado la totalidad del plan de facilidades de pago.

Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos Públicos detraerá de la distribución diaria de los fondos que recauda en concepto de cotizaciones al Sistema
Nacional del Seguro de Salud, con destino a las obras sociales, la suma correspondiente a las cuotas de vencimiento mensual que corresponda en cada uno de los casos, con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago efectuado por los mencionados sujetos.

Art. 8º – Los sujetos que se acojan a los beneficios de la presente ley deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo que tenga por objeto reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización, cuya utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de esta medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las acciones y derechos invocados en los mismos y hacerse cargo del pago de las costas y gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma fehaciente.

Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto por la presente ley quedan exceptuados de la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes
11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones, 17.250, 22.161 y 24.769 y sus modificaciones, respecto de las infracciones y hechos cometidos a partir de la
fecha en que se inició el estado de emergencia sanitaria nacional y hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente, ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones devengadas en dicho período.
Las exenciones establecidas en el párrafo anterior no comprenden a las sanciones mencionadas en el mismo que resulten aplicables con motivo de los ajustes que hubiere practicado o practique en el futuro la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco será aplicable la exención dispuesta por el primer párrafo del presente artículo, cuando los beneficiarios de la presente medida incumplan los planes especiales de facilidades de pago.
Los juicios de ejecución fiscal iniciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por deudas incluidas en los planes especiales a que se refiere la presente, se considerarán desistidos, siendo las costas por su orden. En este supuesto, los intereses resarcitorios se calcularán hasta la fecha indicada en el artículo 3º.

Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos para el acogimiento al régimen de facilidades de pago previsto en la presente ley, quedando facultada a dictar las normas que estime necesarias
para complementar el régimen, incluidas aquellas relativas a la caducidad de los planes de pago y sus consecuencias; y en especial disponer la restricción para contratar en aquellos casos de incumplimiento del plan de facilidades de pago.

Art. 11. – Los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, incluido el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no
podrán contratar los servicios de los prestadores médicos que incumplan los planes de facilidades de pago a que alude la presente ley. A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos Públicos notificará, dentro de los treinta (30) días de verificado el incumplimiento, a la Superintendencía de Servicios de Salud, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, o, en su caso, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a los efectos de que lleven a cabo las acciones pertinentes tendientes al cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente.

Art. 12. – El acogimiento al presente régimen por parte de los empleadores implicará para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes previsionales. A ese fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los instrumentos y acciones necesarios.

Art. 13. – El Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicacion de la presente ley.

Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer, en sus respectivos regímenes fiscales, planes de facilidades de pago en condiciones similares a las dispuestas en la presente ley.