Una nueva iniciativa se presentó con el objeto de implementar un mecanismo de ajuste de los haberes jubilatorios, para terminar de ese modo con la mecánica de otorgar aumentos por decreto.

La autora del proyecto es la senadora salteña Sonia Escudero, quien propone que los haberes se ajusten en forma anual en función del nivel general de salarios y a las posibilidades de financiamiento del sistema previsional y del Estado Nacional.

Actualmente, “la movilidad se da a través de decisiones ad hoc del Poder Ejecutivo, de forma irregular, imprevisible e incluso injusta, toda vez que se ha traducido en un descenso del nivel real de haberes”, explicó Escudero. “El Gobierno ha enfrentado esta situación con medidas de ajuste de los haberes hasta $1000, que sin duda han sido valiosas en el contexto de crisis que hemos padecido. Y ha dispuesto un ajuste de 13 % por primera vez para todos los haberes jubilatorios. Pero la movilidad debe estar garantizada con una regla estable”, sostuvo la legisladora en sus fundamentos.

Según el mecanismo propuesto por Escudero, los haberes jubilatorios crecerán en función de: la variación de salarios en actividad (que hasta enero de 2007 crecieron un 91 %, según datos del INDEC); el aumento de recursos de la seguridad social (que, según la metodología empleada, crecieron un 193 %, reflejando el gran momento de las cuentas previsionales), y el aumento de recursos fiscales sin asignación específica (que crecieron 217 %, generando el importante superávit fiscal que ya conocemos).

“De haberse aplicado este criterio desde enero de 2002, hubiese significado reconocer un ajuste del orden de 296 % entre diciembre de 2001 y enero de 2007, frente al 89 % acumulado en el haber jubilatorio medio por las medidas dispuestas en el mismo período. Pero incluso la mínima, que en ese período acumuló un 194,5% de aumento, hubiese visto una importante mejora llegando a $ 712 en lugar de los 530 $ actuales” –detalló la legisladora.

“Pero lo más importante de esto es que tal diferencia no hubiese sido producto de una demagogia irresponsable, de distribuir lo que no existe, como ha ocurrido en el pasado de nuestro país, sino que por el contrario estaría decidida en función de un criterio de justicia, y de las posibilidades reales del Estado argentino, según la evolución de su recaudación”, concluyó.