El presidente del PS a nivel nacional suena fuerte como eventual candidato a vice de Elisa Carrió. Pero amén de ello, el legislador nacional expresó su preocupación por el juicio que tiene como imputada a la fundadora del ARI, a través de un proyecto presentado en el congreso.

Esa iniciativa califica a la doctora Carrió como “victima de una seguidilla de procesos judiciales en su contra caracterizados por una extrema celeridad que no se observa en las denuncias de corrupción y manejos espurios de fondos públicos que involucran a funcionarios nacionales, situación que termina por configurar una flagrante violación del principio constitucional de igualdad ante la ley”.

En efecto, el proyecto de declaración del senador Giustiniani señala que “mientras las causas por ‘calumnias e injurias’ contra Carrió avanzan con una inusitada celeridad, vemos que no sucede lo mismo en las causas que involucran a funcionarios nacionales responsables del manejo de los fondos públicos”.

“Estas causas se encuentran paralizadas o bien demoradas a costa de presiones a jueces y fiscales, quienes en algunos casos optan incluso por excusarse –agregó-. Ejemplos paradigmáticos de ello son la causa Skanska, los casos que involucran a la ex ministra Miceli y a la Secretaría de Medio Ambiente, y el más reciente hallazgo de una importante suma de dinero sin declarar entre el pasaje de un vuelo oficial contratado por el Estado argentino. Causas que la justicia argentina parece tramitar en plazos muy por debajo de los parámetros habituales de funcionamiento del Poder Judicial de la Nación”.

Giustiniani destacó que la causa concreta en razón de la cual Carrió es llevada a juicio oral y público se originó en una denuncia por supuestas calumnias e injurias promovida por el empresario pesquero Héctor Antonio –titular de la empresa pesquera Conarpesa- ante el juzgado correccional 11 a cargo del juez Luis Schlegel. La denuncia se basa exclusivamente en declaraciones periodísticas de Carrió en las que se sindicaba a los propietarios de Conarpesa como presuntos instigadores del crimen del también empresario pesquero Raúl Espinosa, quien había aportado información relevante sobre la vinculación de empresas pesqueras con el financiamiento ilegal de las campañas y pago de retornos a cambio de multimillonarios permisos pesqueros. Otras dos causas, promovidas por otro de los propietarios de Conarpesa y por el ministro de Planificación Federal Julio de Vido, podrían ser elevados a juicio próximamente.

“Lo cierto es que mientras el crimen denunciado aun sigue impune, su principal denunciante puede ir a prisión por el sólo hecho de ejercer su libertad de expresión en procura de justicia”, puntualizó el senador socialista, a quien por ello resulta “casi grotesco intentar comprender como esta denuncia pública –respalda por cierto en un muy fundamentado informe presentado por los diputados Adrián Pérez y Fabiana Ríos en el 2004-, que debiera haber sido investigada por la justicia con profundidad e independencia, termina tipificada como un delito de ‘calumnias e injurias’”.

Cabe señalar asimismo que en dichas denuncias, se sindicaba a Claudio Uberti como uno de los presuntos encargados de recaudar aportes no declarados para la campaña presidencial de 2003, a cambio de futuras concesiones de pesca. Vale recordar que Uberti debió renunciar hace pocos días a causa de su vinculación con el escándalo desatado a partir de la incautación de una valija con dólares en el vuelo privado que transportaba a una comitiva oficial desde Venezuela.

Para Giustiniani, “lo descripto parece confirmar entonces la situación de deterioro institucional por la que atraviesa nuestro país. Funcionarios y empresarios allegados al poder pretenden utilizar la justicia con fines políticos. Como consecuencia de estas conductas parecieran emerger dos justicias diferenciadas: una para los funcionarios oficialistas y otra para quienes denuncian manejos poco claros del Gobierno nacional”.

“De esta forma, se viola flagrantemente el principio constitucional de la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna y reconocido asimismo por los distintos tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22”, señaló Giustiniani, para quien “sin igualdad ante la ley, la justicia se torna un mero hecho declamativo alejado de la realidad. Y la corrupción, sin justicia independiente, termina inexorablemente con la impunidad”.

Giutiniani remarca que “es deber del Congreso de la Nación pronunciarse frente a estos actos de avasallamiento de la división de poderes, fundamento republicano de nuestra democracia, perpetrados con una clara motivación político-electoral que nada tiene que ver con la búsqueda de la justicia y la transparencia que debe primera en la función pública”.