El Tribunal dictaminó en su favor en el juicio que se le siguió a la candidata presidencial por calumnias e injurias.
La candidata presidencial Elisa Carrió fue absuelta en el juicio oral que se le siguió por supuestas calumnias e injurias contra el empresario pesquero Héctor Antonio, donde el abogado Jorge Sandro pidió que fuera condenada a un año y medio de prisión por “calumnias reiteradas” en perjuicio del citado empresario.
El Tribunal Correccional N° 11 difundirá los fundamentos completos de la sentencia la próxima semana.
Durante la última jornada del juicio, la candidata presidencial pronunció un encendido alegato de defensa en el que sostuvo que no imputó delito, “pero señalé una línea de investigación. Estaba ahí, pero ahora tenemos la confesión del querellante. En relación al móvil sólo faltaba investigar”.
Sostuvo Carrió que “el querellante dijo en audiencia que no había comprado Confín (del asesinado Raúl Espinoza) pero cuando pedimos copia de la constancia judicial donde constaba que había comprado Confín, Héctor Antonio reconoció que había comprado Confín para Juan Alvarez (accionista mayoritario de Conarpesa)”.
De tal manera, Carrió volvió a ratificar sus dichos -por los cuales fue querellada- respecto de la necesidad de investigar a quienes se habrían beneficiado económicamente con la muerte de Espinoza, quien tenía parte de Pesquera San Isidro, una pequeña empresa con permisos para operar en un caladero de langostinos.
La candidata presidencial escuchó la sentencia con lágrimas en los ojos, pues se quebró durante el cuarto intermedio que sucedió tras su alegato. Afuera, decenas de militantes coreaban su nombre e inocencia.
Al formular su alegato, Sandro afirmó que Carrió le atribuyó al querellante los delitos de homicidio, contrabando de cocaína y lavado de dinero, sin tener pruebas aceptables y que mintió en el juicio cuando hizo su descargo. Además de la condena, el abogado solicitó que se publique la sentencia a costas de la dirigente.
Tras escuchar a la querella el magistrado dispuso un cuarto intermedio al término del cual la defensa de Carrió hizo uso de la palabra y en ese marco sus abogados sostuvieron “que siempre se ha dicho la verdad y cuando se dice la verdad no hay calumnias y mucho menos cuando se la dice en un tema de alto interés público”.
La defensa de la candidata estuvo a cargo de Mariana Stilman y Gerardo Conte Grand, quienes desarrollaron una defensa política y técnica para demostrar que las declaraciones de Carrió respecto del crimen de Rául Espinosa corresponden “al interés público y no al privado”.
La ex diputada había vinculado a Antonio y a su socio, Fernando Alvarez Castellano, con el crimen de Raúl Espinosa, también empresario pesquero, ocurrido en Chubut en el verano de 2003.
El querellante, hijo del empresario Jorge Antonio, promovió la acción penal contra Carrió porque, según se leyó en la primera audiencia, el 17 de agosto, le atribuyó haber instigado el asesinato de Espinosa y lo vinculó con la “Operación Langostino” -un contrabando de 500 kilogramos de cocaína- y con un presunto caso de lavado de dinero.
A la hora de hablar ante el Tribunal, Elisa Carrió dijo que el BCCI fue “investigado en el mundo” por lavado de dinero y señaló que “Estrella de Mar aparece allí”.
Agregó que “mientras exista impunidad tiene que haber información, porque mientras haya información hay memoria”.
Señaló además que ella no imputó delito de instigación a cometer homicidio contra Héctor Antonio sino que señaló “una línea de investigación”, que fue “confesada” por el empresario. “No imputé delito pero señalé una línea de investigación. Estaba ahí, pero ahora tenemos la confesión del querellante. En relación al móvil sólo faltaba investigar”, sostuvo Carrió durante su alegado.
“El querellante dijo en audiencia que no había comprado Confín (del asesinado Raúl Espinoza) pero cuando pedimos copia de la constancia judicial donde constaba que había comprado Confín, Héctor Antonio reconoció que había comprado Confín para Juan Alvarez (accionista mayoritario de Conarpesa)”.
Carrió afronta además otras dos demandas por injurias iniciadas por Alvarez Castellano y por el ministro de Planificación Julio De Vido.
