Ruanda es el país con la mayor cantidad de legisladoras mujeres en todo el mundo. Trece años después del genocidio que acabó con la vida de al menos medio millón de personas, y en coincidencia con el 10° aniversario del Foro de Mujeres Parlamentarias de Ruanda, hace algunas semanas se celebró en su capital, Kigali, la Conferencia “Género, Construcción Nacional y el Rol del Parlamento”, con la asistencia del actual Presidente de ese país, Paul Kagame, y de la primera mujer electa presidente en Africa, Ellen Johnson Sirleaf, de Liberia.

Ruanda es un país que me es caro en mi calidad de juez internacional para ese Estado. Después de la masacre de los 100 días, en 1994, el 70% de los sobrevivientes eran mujeres. Las mujeres de Ruanda se arremangaron y se pusieron a trabajar. Enterraron a sus muertos, buscaron alojamiento para casi quinientos mil huérfanos, tomaron a su cargo oficios no tradicionales como fabricación de ladrillos y la construcción. Hoy en día, las mujeres representan el 54% de la población y la mayoría de los adultos que trabajan. Tienen a su cargo un tercio de los hogares y la crianza de sus hijos, simultáneamente produciendo la mayor parte de los alimentos del país.

Además, las mujeres de Ruanda han logrado participar en la tarea de gobernar, con un número sin precedentes en los cargos públicos. Y en sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias, el país africano estuvo primero en el ranking de la Unión Interparlamentaria Mundial: las mujeres ocupan el 48,8% de la Asamblea Nacional, siendo el país que más cerca está de la paridad entre géneros en los parlamentos nacionales. Lo interesante es que el gobierno de Ruanda incorporó a las mujeres bajo la influencia de las mujeres mismas. Ellas participaron en la redacción de la Constitución.

La historia reciente de crisis y conflictos revela como todo proceso de reconstrucción requiere de la participación de mujeres. Por más devastador que sea el conflicto, su terminación ofrece una oportunidad histórica única para recrear modelos de gobierno debido a la desintegración de las estructuras sociales preexistentes. Las mujeres, en los períodos posteriores, tienen la oportunidad de colaborar en el diseño y subsiguiente implementación de su integración en todos los niveles de participación. Tal vez únicamente cuando modelos preexistentes han mostrado ser tan deficientes que el conflicto armado aparece, pueden nuevos modelos emerger con vigor.

Día a día, los titulares internacionales nos muestran que la tendencia es a un protagonismo cada vez mayor de las mujeres en los procesos de reconstrucción y liderazgo, con el gran potencial que ello representa para el cambio social. Un rumbo que podemos medir en años, más que en décadas.

En octubre de 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció la contribución de las mujeres en los procesos de reconstrucción y adoptó la resolución 1325 para que los Estados miembros incrementen la representación de mujeres en los niveles de decisión en el ámbito nacional, regional e internacional.

Como jueza de los Tribunales Internacionales he vivido este proceso. El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, resaltó la importancia de la representación de género en la selección de los jueces. En las elecciones que se celebraron en 2003 se quebró la práctica tradicional de excluir a las mujeres de posiciones en la Justicia Internacional, cuando se eligió una nueva constitución de ese tribunal, con siete mujeres y 11 hombres. En el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, sólo habemos cuatro mujeres como jueces permanentes, y en el de la ex Yugoslavia, sólo una. Otra argentina, la doctora Carmen Argibay, fue juez “ad litem” en este último.

Cuando pensamos en los esfuerzos de una nación por construir una democracia sostenible, la diversidad de género es vital para el funcionamiento efectivo de las instituciones clave. La afirmación de que las instituciones son más fuertes cuando se abren a la participación femenina está sustentada por evidencias empíricas. Variados estudios han demostrado que la presencia de la mujer en posiciones de toma de decisiones promueve la estabilidad política, la transparencia democrática, la cohesión social y la paz sustentable.

El ejemplo de Ruanda revela el inmenso potencial de liderazgo de las mujeres en cuanto a la recuperación, la integración y el buen gobierno. Hoy en día las mujeres no sólo están reconstruyendo hogares sino también educando, legislando y, cada vez más, diseñando nuevas políticas y gobernando países.

* Jurista argentina experta en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Desde 2003 es jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania). Ex jueza de la Cámara de Apelación del TPI para la ex Yugoslavia y Ruanda, con sede en La Haya.