Una iniciativa en la Cámara baja solicita al Gobierno que realice una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que interprete los artículos 1.1, 23 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para el caso de que se limite el acceso a cargos electivos a quien hubiese participado de la ruptura del orden constitucional o se hubiese probado su participación en la Comisión de delitos de lesa humanidad.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es “que la Corte IDH expida una opinión sobre cuales pueden ser las restricciones al ejercicio de los derechos políticos que garantiza la Convención”.

En este sentido, se hace alusión claramente a los casos de Luis Patti y Domingo Bussi. En el texto se detalla específicamente que “la Cámara de Diputados ha ejercido en dos oportunidades recientes la facultad que la Constitución Nacional le asigna en su artículo 64 para impedir que Domingo Bussi y Luis Patti accedieran a sus bancas al considerar que no eran hábiles moralmente por haber sido partícipes de crímenes aberrantes durante la última dictadura militar, hehcos que se probaron en sendos juicios políticos desarrollados en el ámbito de la Cámara, en procesos que respetaron cabalmente el derecho a la defensa de quienes aparecían como impugnados”.

El proyecto de resolución fue firmado por los diputados kirchneristas Diana Conti; Araceli Mendez de Ferreyra; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto; el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi; el timonel del Peronismo Federal, José María Díaz Bancalari; el presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse; el gobernador electo de Santa Fe, Hermes Binner; Miguel Bonasso; Claudio Lozano; y Raul Merino.