Al periodista Sergio Poma la justicia provincial lo condenó acusado de haber injuriado al gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero.

En el proyecto del diputado nacional y candidato a vicegobernador Andrés Zottos se expresa la preocupación por la situación de censura y se explica que “la decisión contradice la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que va en contra del compromiso asumido por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de despenalizar este tipo de acciones. Estos principios componen la denominada doctrina de la Real Malicia y tienen como premisa fundamental que el honor de los funcionarios públicos y personalidades públicas merecen una tutela diferente a la de las personas privadas. Los primeros se han puesto voluntariamente bajo la atención de la opinión pública, lo que hace razonable considerar que su derecho al honor merece una tutela menor”.

Por otra parte, el hecho de que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permiten contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor.

En consecuencia, la CIDH, tutora de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha enfatizado su condena al uso de los poderes del Estado para “reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla”.