Los legisladores rionegrinos Patricia Ranea Pastorini y Daniel Sartor, del oficialismo rionegrino, expresaron al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación su preocupación por el proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica en la cuenca del Río Puelo, Chile, impulsado por la empresa Endesa y destacaron la necesidad de conocer en forma fidedigna toda la información oficial disponible al respecto.

Además, expresaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y demás organismos nacionales competentes el rechazo a la ejecución de emprendimientos hidroeléctricos en cuencas hídricas interjurisdiccionales que pongan o pudiesen alterar el equilibrio ambiental de la región o se encuentren en franca oposición y/o contravención a los principios contenidos en las normas ambientales existentes.

Particularizaron en el tratado sobre medio ambiente firmado entre la Argentina y Chile del “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos” y el “Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas” del 26 de junio de 1971.

Detallaron que el proyecto de construcción de un embalse de 5.000 hectáreas sobre la cuenca del río Puelo, en territorio de la República de Chile, constituye “un elemento de suma preocupación para la comunidad rionegrina, especialmente de El Bolsón y de las localidades comprendidas en la Comarca andina del paralelo 42º, tal el caso de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén”.

De hecho, la situación dio origen al pronunciamiento de los Concejos Deliberantes de El Bolsón y Lago Puelo, que manifestaron su preocupación en sendas declaraciones[1] y requirieron la intervención de los estamentos provinciales para “prevenir daños ambientales severos que repercutirían en la región de los bosques andino patagónicos”.

“De tal forma y pese a haber iniciado el proceso de recopilación de antecedentes e información técnica para conocer en mayor detalle las características de tal propósito, a través de la solicitud de intervención y participación activa de los organismos públicos rionegrinos especializados en la temática, mediante sendos pedidos de informe, resulta imperioso adelantarse a los posibles acontecimientos, evitando de este modo repetir la historia dada con la República del Uruguay”, señalaron

En ese sentido, Ranea Pastorini y Daniel Sartor señalaron que “pese a los acuerdos internacionales existentes entre la Argentina y el país vecino y la férrea oposición de toda la comunidad entrerriana; de las distintas organizaciones sociales y ambientales, y de los distintos estamentos públicos intervinientes, el conflicto por la papelera Botnia sigue sin solución y la obra lejos de ser relocalizada, se encuentra en su etapa final”.

Observaron que el proyecto de obra que llevaría adelante la empresa de capitales españoles “Endesa”, privatizada en 1989 por el gobierno chileno, se vería incluido también el río Manso, que tiene su naciente en territorio argentino, prosiguiendo su cauce en el espacio de Chile y constituyéndose en una de las principales ramificaciones que une su caudal con el río Puelo.

Agregaron que “el entorno natural de dichos cursos de agua se destacan por su riqueza floral y faunística principalmente por la abundante presencia de bosques húmedos templados con coníferas y poblaciones de huemul. En ese contexto, el impacto ambiental sería altamente negativo incluyendo marcados cambios en el sistema agro climático, que modificaría entre otros aspectos la fauna y la estructura boscosa, no sólo en el seguro cambio de su composición, sino también en la pérdida de grandes superficies de bosque que quedarían sumergidas”.

Estimaron que la modificación ambiental resultaría perjudicial también para la superficie agrícola explotada a ambos márgenes del río con las consecuentes pérdidas económicas que se incrementarían además a partir del impacto negativo en la actividad turística que beneficia sustancialmente tanto a la provincia de Chubut como a Río Negro.

Expresaron que “otro riesgo posible y por demás dramático y oculto sería la inestabilidad geológica que generaría en la zona de intervención, caracterizada por la influencia de la falla Liquiñe-Ofqui, una de las más importantes presentes en el sur de Chile y que tiene en la zona de Río Puelo, varias fallas que serían directamente impactadas por el embalse y la enorme presión ejercida por los 170 millones de toneladas cúbicas de agua previstas, ocasionando periódicos temblores y un probable aumento de la posibilidad de un terremoto de proporciones destacables”

La empresa y el Estado chileno habrían proyectado la obra aludiendo una crisis energética generada a partir de la reducción de importación de gas desde Argentina y el cese de las relaciones con Bolivia en este mismo sentido. La aprobación estatal estaría explicitada en la concesión formal que la Dirección General de Agua, órgano que regula y administra el agua para uso agrícola o energético, habría otorgado a la ex estatal Endesa y que inmediatamente habría iniciado el proceso legal tendiente a recibir la habilitación para dicha construcción.

Cumplido el plazo formal para la presentación de oposición a la obra por parte de la sociedad chilena, que habría vencido el 9 de mayo pasado, sin haberse registrado objeción formal alguna, la compañía española se encontraría habilitada para comenzar.