Si bien el soborno transnacional ya es delito en nuestro país desde el 2003, y es penado con reclusión de uno a seis años, ahora se busca complementar dicha norma imponiendo una multa para la persona jurídica que participe del ilícito, a través de un proyecto de ley que presentó recientemente la senadora nacional salteña Sonia Escudero.
En cumplimiento de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales -que la Argentina aprobó por ley (nº 25.319)-, nuestro país se obligó a tipificar como delito el cohecho internacional de funcionario público.
Fue así que a fines de 2003 se modificó el Código Penal en su artículo 258 bis, reprimiendo con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública a aquel que intente sobornar a un funcionario público de otro Estado, o de una organización pública internacional, con dinero o cualquier objeto de valor para que realice o deje de hacer determinado acto relacionado con su función.
“No obstante, hasta ahora las personas jurídicas, es decir aquellos entes tanto públicos como privados, carecen de responsabilidad efectiva y ello es lo que se pretende subsanar”, observó la autora del proyecto, la senadora salteña Sonia Escudero.
“La Convención señala que en caso de que la responsabilidad penal no sea aplicable según el ordenamiento jurídico vigente, deben darse garantías para que éstas sean sometidas a sanciones eficaces, coherentes y disuasorias de carácter no penal, incluidas sanciones monetarias por el cohecho de funcionarios públicos extranjeros”, agregó Escudero.
Es por ello que se propone la incorporación de una sanción administrativa a la persona jurídica, sin perjuicio de la acción penal que pudiera corresponder a sus representantes. Las multas van de 5 a 20 veces del valor de los bienes involucrados en el delito. Y se deja al Poder Ejecutivo para que determine la autoridad de aplicación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional, con sede en París, Francia, integrado por 30 Estados Parte, que tiene por objetivo suministrar a los gobiernos un ámbito donde discutir políticas sociales y económicas. En ese ámbito, Argentina suscribió la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada en el 2000. Si bien nuestro país tiene status de “observador”, es miembro pleno del Grupo de Trabajo sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales. Allí está representado por la Oficina Anticorrupción.
Entre el 24 y 29 de septiembre, una delegación de examinadores de Brasil y España, junto a representantes de la OCDE visitarán el país para entrevistarse con funcionarios de los tres poderes del Estado Argentino. Entre otros aspectos, quieren saber si se tiene conocimiento sobre casos de sobornos de empresas y empresarios argentinos.
