Luego de que una joven tuviera que ir desde la provincia de Entre Ríos a Mar del Plata para ser sometida a un aborto, la legisladora provincial Lucía Grimalt anunció que pedirá el juicio político contra las juezas que impidieron la interrupción del embarazo en esa jurisdicción.

La mujer había sido violada en Entre Ríos y debió concurrir a un hospital marplatense, luego de que médicos del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, se negaran a practicarle el aborto argumentando cuestiones de conciencia.

“Desde que conocimos el caso, con las organizaciones de mujeres y de derechos humanos analizamos la posibilidad de pedir un jury por mal desempeño a la defensora de Pobres y Menores, Marcela Piterson, y a la jueza de Familia, Claudia Salomón”, dijo la diputada provincial Lucía Grimalt.

La sala Civil del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había ratificado que no era necesaria una autorización judicial para esa operación, con lo cual dejó sin efecto la medida cautelar interpuesta por el padre de la joven para impedir la intervención y ratificó lo dispuesto por la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, que revocó el fallo en contrario de la jueza de Menores, Claudia Salomón.

“Al delito aberrante de la violación, se suma el hecho de que le exigían a la joven que continúe con el embarazo cuando tiene una discapacidad severa y no tiene conciencia de lo que le estaba pasando”, señaló Grimalt, para quien “hubo violaciones a los derechos humanos sobre esta joven y su familia”.

La diputada señaló además que “Piterson, para cumplir con la disposición de la jueza, decidió sacar a la chica de la custodia de su madre con el propósito de preservar a la persona por nacer, y no la vida de la víctima”.

A juicio de la diputada provincial, también le asiste responsabilidad al Estado provincial, por haber “incumplido con sus responsabilidades, al no garantizar otro equipo médico que realizara la práctica, luego de que los primeros profesionales consultados se negaran por objeción de conciencia”.