El Gobierno buscará agilizar causas con un nuevo Código Penal.
El Ministerio de Justicia oficializará este lunes un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación que prevé ajustes para agilizar el trámite de las causas penales, dar mayor poder investigativo a los fiscales y controlar el dictado de medidas privativas de libertad de los sospechosos.
El anuncio será formalizado por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, quien dará a conocer los detalles del anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal que busca armonizar diversas modificaciones que se hicieron a esa norma durante los últimos años.
El Código Procesal es la norma que especifica los alcances y limitaciones de las actuaciones de los jueces penales, la función acusadora del fiscal, la regulación de las apelaciones y tramitación de los juicios orales, entre otras cosas.
Se trata del resultado del trabajo de una comisión asesora integrada por especialistas de diversas áreas que desde febrero pasado viene trabajando en la elaboración del anteproyecto de reforma. La comisión fue coordinada por Carlos Beraldi, y trabajaron también los senadores Vilma Ibarra, Miguel Angel Pichetto y Ernesto Sanz, los diputados Alberto Juan Beccani, Luis Cigogna y Rosario Romero y los jueces Luis García y Angela Ledesma.
La comisión analizó las reformas provinciales vigentes y recopiló la tarea que vienen desarrollando en materia de reforma procesal penal las organizaciones nacionales y extranjeras, informaron desde el Ministerio de Justicia, donde destacaron que el objetivo es “corregir las imperfecciones del sistema mediante el establecimiento de un mejor equilibro entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de las garantías de los ciudadanos”.
El anteproyecto se compone de 400 artículos y la implementación del nuevo Código (una vez que este sea aprobado por el Congreso) deberá realizarse con un criterio gradual y se aplicará a los procedimientos que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia”.
Entre las reformas sugeridas por los especialistas se propone que el Ministerio Público Fiscal se ponga “a la cabeza de las tareas de investigación” y esté a cargo de “la recolección de los elementos de prueba”.
De esta manera se busca eliminar la figura del “juez de instrucción” y que se separen las tareas de investigación y decisión”.
“El juez de la Investigación Preparatoria es quien resuelve sobre los pedidos del fiscal cuando representan injerencias sobre derechos constitucionalmente tutelados, dispone las medidas de coerción o cautelares que se le solicitan, ordena la producción anticipada de prueba y resuelve en audiencias orales y públicas sobre la aplicación de criterios de disponibilidad de la acción, la elevación directa de casos a juicio”, destaca la iniciativa.
Con el propósito de evitar la tramitación de procesos prolongados “se prevé un plazo máximo de duración” para las investigaciones, fijándose un tope de “dos años para los casos comunes”.
Una vez vencido ese plazo indicado y “si la prolongación del proceso determina una lesión al derecho de ser juzgado en un plazo razonable debe disponerse el sobreseimiento del imputado e indemnizarse a la víctima”.
La intención del nuevo Código Procesal es privilegiar “los principios de celeridad, oralidad, contradicción, concentración y publicidad” y con ese fin se permitirá que “los actos del proceso podrán registrarse por escrito, imágenes, sonido u otro soporte equivalente”.
La agilidad en el trámite se pretende lograr eliminando “los incidentes de nulidad que han generado un innecesario desgaste jurisdiccional” y sólo se podrá solicitar la invalidez de un acto “si ha sido valorado para fundar una resolución judicial o utilizado como presupuesto de ella, siempre que se genere un gravamen para el interesado.
Para el caso de los menores, el proyecto sugiere abreviar los plazos de juzgamiento y establece que las medidas cautelares, tales como la internación en institutos, “tienen carácter excepcional” y “la prisión preventiva se regula de manera más estricta en lo que hace a condiciones de su imposición y plazo máximo de cumplimiento”.
