Reacción de legisladores ante el anuncio del gobierno porteño de que habrá credenciales para patovicas.
La noticia de que el gobierno entregará credenciales a los empleados de seguridad privada fue seguida por la denuncia de dos legisladores porteños de incumplimiento de la ley 1913 de “Seguridad Privada”, sancionada a fines de 2005
Los diputados Mario Morando y Jorge Enríquez –autores de la norma- sostuvieron que, como en la época de mayor inseguridad en el área, reducir el control a la exigencia de credenciales sugiere que la ciudadanía se haga cargo de la descontrolada inseguridad de los locales bailables
La ley 1913 de Seguridad Privada sancionada el 6 de diciembre de 2005 fue impulsada por los legisladores de PRO Mario Morando y Jorge Enríquez. Si bien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía hacerla cumplir inmediatamente, según anunció, recién desde hoy, “y de ahora en más”, los empleados de seguridad de los boliches bailables deberán tener a la vista una credencial identificatoria. El anuncio fue presentado como una forma de transparentar la actividad, de cara al control social.
Además de las citadas credenciales identificatorias para personal de seguridad, la ley 1913 exige que los locales bailables habilitados cuenten con:
a) Dotación de personal de seguridad proporcional a la capacidad de asistentes
b) Un circuito cerrado de televisión con grabación de imágenes exclusivamente en lugares de ingreso y egreso, que deben conservarse por treinta días
c) Exhibición obligatoria de una cartelera en lugar visible, con la nómina del personal asignado a la seguridad y en su caso la prestadora contratada.
“Es indignante que ninguna de estas exigencias legales hayan sido reglamentadas. Y más grave aún que tampoco se cumplan. Evidentemente es mucho más barato para el empresario dueño de boliches bailables, una credencial, que un circuito cerrado de televisión. Y mucho menos transparente una credencial, que la exhibición pública en el frente de local, de todo el personal de seguridad contratado, con expresa indicación de la capacidad máxima autorizada”; agregó el legislador Jorge Enríquez.
“Con esta medida el Ejecutivo no hace mas que implementar unilateralmente sólo uno de los varios mecanismos de control que incluye la ley, desconociendo su obligación de implementar el sistema de control integral que define la norma. Al parecer tendremos que esperar la asunción del nuevo jefe de Gobierno para que esta ley se implemente correctamente”, concluyó el diputado Mario Morando.
