“La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías -explícita o implícitamente- reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el hábeas corpus”.

El recurso de amparo es una posibilidad que los ciudadanos tienen para lograr que se hagan efectivos sus derechos. Lo paradójico del caso es que la norma fue dictada por el gobierno inconstitucional de Juan Carlos Onganía.

Sin embargo, dado que es una norma que ya cumplió más de 40 años, algunos legisladores del oficialismo y la oposición consideraron que era el momento para cambiar la ley y hacerla más acorde a los tiempos -democráticos- en que vivimos.

Por eso la Cámara de Diputados sancionó en mayo del año pasado un proyecto de ley que reglamenta nuevamente los recursos de amparo, analizando en forma más pormenorizada las posibles reacciones de los jueces y dando lugar a la figura de los amparos colectivos. Según el texto de media sanción, no sólo las personas a título individual podrán ejercer este derecho sino también las asociaciones civiles, el defensor del Pueblo y el Ministerio Público.

El proyecto aprobado, además, enfatiza en la necesidad de garantizar no sólo los derechos políticos sino también los denominados de tercera generación, es decir los sociales y ambientales, por ejemplo. “Estamos frente a la necesidad de saldar un vacío normativo, impostergable si tenemos en cuenta la obligación política que se nos impone, de derogar una ley de facto vigente en la materia. Se procura establecer un instrumento rápido, ágil y eficaz en la tutela de los derechos fundamentales”, expresaron los legisladores oficialistas Rosario Romero y Juan Manuel Urtubey al presentar la propuesta que fue aprobada por unanimidad por la Cámara baja.

La arista Marcela Rodríguez también se mostró satisfecha por el avance de la idea: “La reglamentación permite una mayor protección de los derechos vulnerados y evita una sobrecarga en el ámbito jurisdiccional porque tiende a terminar con la excesiva judicialización de temas individuales que podrían ser colectivizados y liberarían a los tribunales”, subrayó.

Desde el PRO, también Jorge Vanossi rescató el espíritu de la nueva norma. “Garantizará que se cumpla en forma rápida y eficaz con los derechos vulnerados”, aseguró.

El sueño de los justos

Sin embargo, al llegar al Senado la cosa se complicó. ¿Hay diferencias de opiniones en torno de este proyecto? No exactamente. El problema pasa por otro lado. Las comisiones que deben analizar esta propuesta son tres: la de Legislación General, presidida por Nicolás Fernández, la de Justicia y Asuntos Penales, a cargo de Vilma Ibarra, y -la que se encuentra como cabecera de este proyecto- la de Asuntos Constitucionales, presidida por Cristina Fernández de Kirchner.

¿Se está durmiendo el proyecto por falta de consenso? No. Desde que empezó el año la comisión encabezada por la primera dama y candidata sólo se reunió una vez (para tratar la expropiación del Hospital Francés en beneficio del PAMI). Tampoco el Senado tuvo suficientes sesiones este año para tratar este y otros temas importantes: sólo 13 sesiones, lo que da en promedio poco más de una por mes, ya que el cuerpo no volvería a reunirse hasta noviembre.

Consultadas por Parlamentario, altas fuentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales aseguraron que lo que resta del año seguirá igual: “Con la presidenta en campaña es difícil que la comisión se reúna y, si todo sale como está previsto, hasta el 10 de diciembre la Comisión continuará paralizada”.

Por lo visto, entonces, dado que no es un tema que amerite extraordinarias, esta propuesta no obtendrá la tan necesaria sanción: el proyecto aprobado en Diputados caducará al finalizar el presente año.