El ministro de Educación en declaraciones efectuadas por Radio Nacional dijo que el candidato presidencial de UNA se opuso a la Ley de Financiamiento Educativo • “Lo vetó porque le parecía mucho y sólo pudimos hacerlo cuando dejó el gobierno”, aseguró.

Al parecer, el candidato a senador oficialista por la Capital Daniel Filmus ha recibido orden de lanzar un ataque retrospectivo contra Roberto Lavagna, principal candidato opositor a Presidente de la Nación.

Su argumento es que, como ministro de Economía, Roberto Lavagna retaceaba el presupuesto educacional.

Filmus sabe que es palabra contra palabra, pero que Lavagna hizo más por la solvencia y el saneamiento del gasto estatal, con prioridad sobres sus finalidades sociales, que lo que él mismo pudo hacer para mejorar durante cuatro largos años las condiciones de enseñanza y aprendizaje para las comunidades escolares de todo el país.

Es Filmus el que debe explicar porqué la tan propagandizada Ley de Financiamiento Educativo, presentada por él y sus asesores económicos como la panacea del financiamiento educacional no ha dado los resultados esperados.

Desde la sanción de ese instrumento legal los desequilibrios en la retribución docente siguen marcando una brecha injusta entre las provincias; la conflictividad por lo tanto no ha cesado, llevando a los duros enfrentamientos conocidos en algunas provincias patagónicas, incluida la irreparable muerte de un maestro y militante
gremial.

Sobre las partidas coparticipables que la Ley de Financiamiento transferiría a las provincias con la promesa de que tendrían asignación específica para mejorar los sueldos docentes no hay información oficial, ni en las provincias ni en la Tesorería.

Ese notorio e injustificado misterio subraya el desorden de la
distribución federal que el gobierno ha impuesto, a través de la hegemonía de los fondos que administra por decreto el Poder Ejecutivo en detrimento de los que corresponden según la Constitución Nacional a las Provincias.

Tampoco ha informado el Ministro, aunque pesa sobre él una obligación legal de hacerlo una vez por año ante el Congreso de la Nación, cómo se encuentran los aprendizajes de los alumnos en escuelas públicas y privadas de todo el país.

Múltiples evidencias indirectas determinan que las inequidades sociales y regionales en materia de educación son lacerantes pero, en línea con el Presidente y su esposa, el Ministro y aspirante a senador, ignora la realidad, no expone diagnóstico alguno
y omite los deberes de informar con sinceridad en que punto estamos, más allá de la propaganda y el auto-bombo.

Los 180 días de clase anuales no se cumplen, las tasas de pre- adolescentes que no asisten a la escuela son explosivas y tanto el mercado laboral como el sentido común muestran que amplios sectores populares no logran los aprendizajes significativos indispensables para insertarse con igualdad en la vida moderna, a la que tienen
derecho tanto como las élites, a las que ha resuelto pertenecer el actual ministro, quienes envían sus hijos a escuelas selectas, muy diferentes e inalcanzables para el común de nuestras familias.