La Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados pampeana no logró sumar los votos necesarios para destituir al fiscal de investigaciones administrativas de la provincia, Enrique Manuel Romero Oneto, a quien se le había iniciado un juicio político por sospechas de haber cobrado coimas por 100 mil pesos.

Se necesitaban los dos tercios de los votos para echarlo del cargo, es decir al menos 14, pero finalmente 12 votaron por la destitución, frente a 8 que solicitaron que fuera absuelto.
Siete legisladores del PJ que responden al ex gobernador Rubén Marín y uno de la Corriente Peronista Federal fueron los que votaron para que el fiscal permaneciera en la función pública, pese a las sospechas de que habría cometido cohecho.

Cuatro legisladores radicales, uno del Frente para la Victoria, dos del ARI, uno de la Corriente Peronista Federal y hasta cuatro del PJ (entre los que se cuenta una marinista) votaron por la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, frente a las sospechas de que el fiscal participó de un delito.

Pero la mayoría del PJ argumentó que esas sospechas aún no fueron probadas ni en el juicio político en Diputados ni por la Justicia penal, por lo que correspondía que no fuera condenado.

La mayoría del PJ se amparó en una resolución judicial de un juez penal y de una Cámara en lo Criminal, quienes recientemente decretaron la falta de mérito, en la causa que se le sigue por presunto cobro de coimas o malversación de fondos públicos en la construcción del Acueducto del Río Colorado.

Romero Oneto era funcionario del Acueducto del Río Colorado y se investiga por qué cobró, entre 1998 y 2003, al menos 59 cheques por un total de 100 mil pesos de parte del entonces jefe de inspectores del acueducto, Carlos Oppezzo, a quien debía controlar.

El fiscal y Oppezzo argumentaron que los cheques fueron cobrados por asesoramiento profesional en emprendimientos agropecuarios, pero persisten las dudas.

El fiscal, pese a que fue absuelto en la Cámara de Diputados, tiene las horas contadas en el cargo porque, antes de iniciarse el juicio político en Diputados, había presentado la renuncia a su cargo para acogerse a la jubilación.

En ese momento, el gobernador Carlos Verna (PJ) no había aceptado la dimisión porque pretendía que se prosiguiera con el juicio político en Diputados, que fuera destituido, quedara inhabilitado para ejercer cargos públicos y no accediera a una jubilación.

Pero frente a la decisión de los diputados, se descuenta que Verna ahora aceptará la dimisión del cuestionado funcionario.
El proceso en Diputados se inició luego de que, hace dos meses, el juez penal Carlos Jorge citara a indagatoria al fiscal porque sospechaba que cuando debía inspeccionar la construcción del Acueducto del Río Colorado habría cobrado sobornos o malversado fondos públicos.

Para indagar al fiscal Romero Oneto, el juez Jorge tuvo que solicitar a la Cámara de Diputados de la provincia que le levanten los fueros.

De esa manera, en la Legislatura se conformó la Sala Acusadora, que decidió suspender al fiscal en su cargo, y posteriormente se constituyó la Sala Juzgadora para someterlo a un juicio político.

El Acueducto del Colorado es una de las obras del país en donde, según una grabación, el gerente de la constructora Skanska, Javier Azcárate, reconoció al auditor interno Claudio Corizzo que pagaron sobornos.

De todas maneras, en esta investigación de la Justicia pampeana no se vincula a Skanska con el eventual pago de coimas al suspendido fiscal de Investigaciones Administrativas.

El fiscal fue promovido al cargo con la venia del entonces gobernador Rubén Marín y asumió ya en la gestión de Carlos Verna, hace casi cuatro años.

Romero Oneto afrontó en total cuatro pedidos de juicios políticos y en todas las oportunidades fue salvado por legisladores del PJ, que en la mayoría responden al ex gobernador Marín.